Actualidad Editorial de la revista Cáñamo de octubre #226

General 26-09-2016

Hacia la paz en Colombia - El editorial de octubre

Por Cáñamo

Cañamo

Hacia la paz en Colombia (Editorial del número #226)

Un aspecto crucial de las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) fue el problema del narcotráfico y sus soluciones, una situación con actores y entornos complejos: crimen organizado, campesinos pobres, sustitución de cultivos ilícitos, consumidores y cooperación internacional.

Las actuaciones serán prioritarias en las regiones y comunidades más pobres y marginalizadas por la guerra, en las que existen las mayores densidades de cultivos ilícitos. Las políticas que se desarrollen deberán tener un enfoque de género y de salud pública, y deberán proteger a consumidores y cultivadores.

Los acuerdos imponen la intensificación de la lucha contra los grupos criminales dedicados al narcotráfico y que, posiblemente, ya intentan ocupar las zonas que anteriormente controlaban las FARC-EP. Las FARC-EP se comprometen a romper sus vínculos con el narcotráfico, al tiempo que el Gobierno fortalece la presencia del Estado en las regiones que requieran proteger a las comunidades de cualquier tipo de amenaza, e iniciará el desminado y limpieza de las zonas en las que la guerrilla protegía los cultivos ilícitos.

De otra parte, se implementarán políticas que den un tratamiento especial a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, es decir, a cultivadores y a consumidores. Se intensificarán, además, los controles sobre la producción, importación y comercialización de precursores y materiales químicos necesarios para la producción de drogas. La sustitución de cultivos deberá ser respetuosa con los usos tradicionales de la hoja de coca. Algunos de los cultivos ilícitos podrán ser reconvertidos en cultivos para fines médicos y científicos.

Existe el acuerdo de crear planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo, y que deberán ser desarrollados con la participación de las comunidades, tomando en cuenta la diversidad de situaciones económicas y las distintas características territoriales. La participación de las comunidades se realizará a través de asambleas que elegirán a sus representantes y elaborarán propuestas basadas en un análisis colectivo que defina sus necesidades reales. La sustitución de cultivos deberá ser consensuada y aplicada de forma voluntaria por las comunidades. Un proceso que forma parte de una reforma agraria integral prevista en el punto uno de los acuerdos de paz.

El Gobierno deberá implementar leyes que impidan los procesos penales o las expropiaciones de tierras a los pequeños campesinos que estén o hayan estado relacionados con los cultivos ilícitos y que de manera formal renuncien al mantenimiento de los mismos. Las familias de los cultivadores y recolectores recibirán ayudas económicas, entre ellas, ayuda alimentaria por el plazo de un año. Uno de los objetivos de los planes de sustitución es promocionar el asociacionismo y la incorporación de las mujeres como actoras del proceso.

Se establece un enfoque diferencial y de género, que intentará responder a las necesidades de los consumidores. La atención a los mismos se enmarcará en un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas. Entre los principales objetivos se encuentra el de minimizar el impacto en las personas consumidoras y sus familias, priorizando a los sectores más vulnerables, como los sintecho, las mujeres y los presos.

Los acuerdos exhortan al Gobierno a la promoción de una conferencia internacional en el marco de la ONU, para reflexionar y evaluar objetivamente la política de lucha contra las drogas. En cualquier caso son los primeros pasos por un sendero lleno de aristas.


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