La singularidad de las asociaciones cannábicas que llevan 20 años funcionando en España se hizo patente durante la visita de este grupo internacional a Barcelona. Fue el pasado marzo, del lunes 6 al viernes 10, los días previos a la feria Spannabis, y resultaba curioso ver la reacción de esta treintena de políticos, altos funcionarios y representantes públicos extranjeros al entrar en un CSC. El lector de estas páginas probablemente ya esté familiarizado con la realidad de un espacio social autorganizado, sin ánimo de lucro, que asocia a usuarios y cultivadores de cannabis, pero es una realidad bastante insólita vista desde fuera. Tanto es así, que se habla de la vía de acceso al cannabis a través de CSC como un modelo propio surgido en España, un modelo que suscita el interés de otros países que están en la senda de la regulación.
“El modelo CSC nació en Cataluña hace más de veinte años. Fundado sobre los principios básicos que rigen una ONG, este modelo fue impulsado inicialmente por organizaciones de la sociedad civil que denunciaban las injusticias de los regímenes prohibicionistas. A pesar de la tibia acogida legal en España, el creciente interés por el modelo CSC está ganando legitimidad en otros ámbitos”, resumía Òscar Parés, Director Adjunto de la fundación ICEERS, organizadores, con el patrocinio de la Open Society, del Barcelona Cannabis Social Club Tour.
Además del recorrido por clubs de cannabis como La Sagrada María, NPK o La Maca, el tour incluyó el Museo del Cáñamo, organizaciones como Energy Control o Metzineres, dedicadas a promover políticas de drogas distintas a la prohibición, y hasta instituciones públicas como el Departamento de Salud de la Generalitat, donde Joan Colom, Subdirector General de Adicciones, ejerció de maestro de ceremonias.
Con el objetivo de mostrar distintos ejemplos y la variedad de propuestas asociativas fueron cinco los clubs visitados. En cada uno de ellos se escuchó a los responsables explicar su particular realidad, así como su particular encaje en las leyes vigentes. Porque, dada la falta de respaldo estatal, los CSC pueden estudiarse aquí como una estrategia que aprovecha con astucia los resquicios legales para desarrollarse o como un movimiento de desobediencia civil contra las leyes que prohíben el acceso al cannabis. Fueron cinco días para pensar sobre la validez de exportar el modelo a países que ya están regulando y no escasearon las preguntas de los visitantes, entre los que se encontraban responsables en puestos claves de instituciones reguladoras de distintos estados de EE UU, Suiza o Malta, así como activistas, expertos en adicciones o en derechos humanos de México, Colombia, Sudáfrica, Barbados, Reino Unido, Portugal o Hungría. El interés iba desde la relación con los vecinos o con la policía, el número de miembros del club, la edad media de los asociados, los impuestos, el código de buenas prácticas, los socios medicinales, las cuestiones legales o la aplicación de políticas de reducción de riesgos y daños.
¿Un modelo exportable?
El estadounidense Matt Wilson, subdirector del Programa Global de Política de Drogas de la fundación Open Society, se lamentaba por la tragedia que supone “que no se haya regulado ni reconocido aún en España la innovación pionera de los clubes de cannabis”, un punto de vista compartido por la mayoría de visitantes. Pero, ¿qué opinaban sobre la posibilidad de reproducir fuera de España, en sus países de origen, el modelo asociativo del CSC? Aquí el entusiasmo era más matizado.
En principio, como comentó certeramente y algo lacónico Dinis Ramos, diputado del Partido Social Demócrata (PSD) portugués, el modelo de asociaciones cannábicas “se podría aplicar con voluntad política”. Pero, por los comentarios del resto de miembros del tour, no parece tan sencillo.
En Malta, donde los clubes se están implantando como eje de su regulación, Andrew Bonello, presidente de ReLeaf Malta y partidario de que “los derechos humanos, la justicia y la equidad social deben mantenerse para que nadie se quede atrás”, pensaba que es “el modelo perfecto para presentar a los políticos, ya que cumple muchos requisitos”, aunque se quejaba de las dificultades para “competir con actores con ánimo de lucro”. Karen Mamo, experta maltesa en reducción de daños, señalaba otras dificultades, alertando de que en Malta “el modelo social está amenazado por el exceso de regulación, las elevadas tasas y la falta de consumo comunitario”.
La psicóloga Barbara Burri Sharani, directora de Züri Can (Cannabis con responsabilidad) –un estudio científico que investiga qué modelos de venta regulada de cannabis pueden implantarse en Suiza–, junto a Urs Rohr, al mando del Centro de Prevención de Adicciones de Zúrich, anunciaron durante el tour que en agosto empezarán con diez CSC adaptados al contexto jurídico de la ciudad suiza. “Aunque con muchas limitaciones, por ejemplo, en cuanto al número de participantes, los productos que pueden vender o las ubicaciones”, añadió Nadine Heckel, estudiante cuya tesis doctoral estudia el proyecto Züri Can.
Para Ester Kincova, directora de Asuntos Públicos y Políticas de la Transform Drug Policy Foundation, “todo es posible en el futuro”. Kincova cree que “los CSC son una parte fundamental de una reforma equitativa del cannabis”, pero lamenta que “en el Reino Unido no se está produciendo ninguna reforma respecto al cannabis y la planta sigue estando controlada y criminalizada por las leyes británicas de drogas”. Jenny Cann, directora de la Comisión de Drogas de Londres, también se queja de que en Reino Unido “el cannabis sigue estando totalmente prohibido, salvo para usos médicos muy limitados”, y piensa que si cambiara la situación “el modelo podría ofrecer una solución a la prohibición del consumo público”, aunque señala algunos inconvenientes concretos: “habría que pensar detenidamente en cómo gestionar el consumo paralelo de tabaco si se prohíbe fumar en espacios cerrados y, por supuesto, en la cuestión de la ventilación”.
Algunos de los presentes hablan con experiencia del asunto. Por ejemplo, Myrtle Clarke, la gran defensora de la legalización del cannabis y del activismo en Sudáfrica, que ya había estado en Barcelona en 2015 junto a Julian, su difunto compañero de vida y de lucha, conociendo y estudiando los CSC, una experiencia que les sirvió para trasladar el modelo a su país, desafiando las leyes hasta conseguir un reconocimiento legal: “Después de nuestra sentencia de la Corte Constitucional, en 2018, comenzaron a surgir clubes en Sudáfrica. El modelo se puede replicar de muchas formas, nos gustaría avanzar haciendo que el concepto sea menos exclusivo y más fácilmente accesible para las personas de nuestros municipios y asentamientos informales. Siempre decimos que un club debería poder funcionar en una choza de hojalata con un cuaderno para tomar apuntes. Nos parece que todo el papeleo es muy arduo. En estos momentos, muchos clubes compiten para ver quién tiene más papeleo, por si viene la policía. Aunque en Sudáfrica tenemos la posibilidad de desarrollar los clubes en un ámbito privado, el comercio sigue siendo en gran medida ilegal”.
La colombiana Diana Paola Valenzuela, de INDEPAZ, una organización sin ánimo de lucro que se centra en el cultivo ilícito de amapola, coca y cannabis, señaló la posibilidad de desarrollar los CSC en Colombia “en combinación con la realidad legal de nuestro derecho al autocultivo, en modelos de economía solidaria”. Para Isabel Pereira, que ha dirigido el equipo de políticas de drogas de Dejusticia durante los últimos cinco años, definitivamente se puede replicar el modelo: “El caso colombiano ya cuenta con cierto grado de redes informales de solidaridad, potenciadas por el hecho de que desde 1986 se permite el cultivo casero de hasta 20 plantas. Mis preguntas son hasta qué punto la ‘formalización’ se convierte en un riesgo para la captura corporativa y elimina el aspecto de compartir de las redes existentes”.
Zara Snapp, la conocida activista mexicana por la reforma de las políticas de drogas, no tiene dudas acerca de la conveniencia de los CSC y de su potencial desarrollo en Latinoamérica: “El modelo CSC es tanto una posibilidad en América Latina como una realidad. Los CSC ya están apareciendo porque está claro que, aunque haya una falta de regulación, encontraremos formas de autorregularnos, sobre todo cuando hay lagunas legales que estamos dispuestos a estirar para encontrar formas cooperativas y no comerciales de acceder al cannabis. Espero que veamos muchos más CSC en los próximos cinco años en México y América Latina y espero que podamos ayudar a que sea un proceso sostenible e impulsado por la comunidad. Creo que representa una herramienta económica muy poderosa para generar empleos legales en un mercado ilegal, al tiempo que incorpora ciertos mecanismos de justicia social que pueden tener profundos impactos positivos”.
¿CSC en EE UU?
Más complejas resultaron las valoraciones de la comitiva estadounidense, por un lado, por provenir de distintos estados con diferentes regulaciones y, por otro, por tener estas una orientación más capitalista, donde el elemento comunitario de las asociaciones resulta algo exótico. Molly Duplechian, la que fuera subdirectora de la Oficina de Política de Marihuana de Colorado –cuando se desarrolló en 2014 el primer mercado de cannabis regulado del mundo–, no despreciaba la posibilidad de implementar en Denver clubes privados de consumo, pero subrayaba que el cannabis se ve en Colorado “como una oportunidad comercial, para sacar beneficio, por lo que sería difícil aplicar el modelo sin ánimo de lucro en este momento”. En el mismo sentido Ean Seeb, que fue presidente del Consejo de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis durante dos mandatos y que en los últimos años se ha centrado en la política para normalizar el cannabis, recordó que, tras más de una década de regulación, solo contaban con tres instalaciones de hostelería cannábica en todo el estado, y que pensar en CSC requería “un cambio cultural entre los consumidores de cannabis, ya que ahora mismo los consumidores de Colorado no buscan en los dispensarios ni en los locales de hostelería nada más allá de la venta y el consumo”.
Pese a la necesidad de este cambio cultural –tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista del usuario–, Shannon Donnelly, que desde 2019 viene desarrollando el Proceso de Cannabis para la Ciudad y el Condado de Denver, esperaba poner en marcha pronto el modelo de CSC: “Estoy trabajando en un documento de investigación después de este tour. El objetivo es completarlo alrededor de mayo con tres tipos diferentes de modelos para los CSC en Denver, especificando cómo podrían ser regulados”.
Si hay alguien capaz de hacer posibles clubes de cannabis en Nueva York ese es Axel Bernabe. Específico y pragmático, el Jefe de Gabinete y Director Principal de Políticas, responsable de supervisar todos los aspectos de la Oficina de Gestión del Cannabis en Nueva York, cree que los CSC pueden replicarse en su estado, pero pone el acento en cuestiones concretas: “Sí, podrían adaptarse con algunas modificaciones. Dado que el cannabis es legal en Nueva York, tendría que ser un negocio con licencia en toda la cadena de suministro. Tendría que haber una licencia para los cultivadores que vendieran a los CSC. Podría existir el modelo de afiliación, así como un requisito sin ánimo de lucro si se desea. La calidad del aire requeriría algunos gastos adicionales para limpiar el espacio. El CSC probablemente necesitaría una licencia de dispensario. ¡Hay mucho que hacer para que estos negocios sean legales!”.
Cat Packer también había estudiado a conciencia las posibilidades de la adaptación del modelo de asociaciones cannábicas a la realidad estadounidense. La que fuera primera directora ejecutiva del Departamento de Regulación del Cannabis de la ciudad de Los Ángeles, hoy directora de Mercados de Drogas y Regulación Legal de la Drug Policy Alliance y vicepresidenta de la Coalición de Reguladores de Cannabis de Color, analizó las dificultades de partida para la implantación de los CSC en los estados que han regulado, donde hay una falta generalizada de espacios legales para consumir cannabis, siendo Nueva York el único estado que no penaliza el consumo público. “Aunque no creo que Estados Unidos pueda copiar y pegar el modelo CSC, estoy ahora más convencida de que existe la necesidad y la oportunidad de múltiples modelos. Creo que es necesario un modelo diferente que aborde los espacios de consumo basados en la comunidad, estableciendo una conexión con las políticas ya existentes que ofrecen a los consumidores una alternativa a la participación en los mercados de cannabis con ánimo de lucro, como son las leyes de cultivo doméstico o personal. Estos modelos pueden apoyar a los cultivadores locales y comunitarios, al tiempo que permiten a los consumidores disponer de una alternativa al modelo lucrativo que seguiría evolucionando simultáneamente”.
Fueron cinco días intensos que cumplieron sobradamente con su objetivo de mostrar a un selecto grupo de personalidades de medio mundo la realidad de los clubes sociales de cannabis de Barcelona, con la oportunidad que supuso también para los implicados locales poder vernos reflejados en la mirada de los otros y darnos cuenta del gran privilegio de contar con todos esos espacios comunitarios donde poder acceder al cannabis entre amigos y compañeros.
