Un grupo de académicos, funcionarios judiciales, exagentes de las fuerzas de seguridad y activistas se encontraron para tener una conversación urgente sobre la relación entre la policía y las drogas. Fue a finales del pasado enero, en el Ateneo de Madrid, donde, además de coincidir en la necesidad de avanzar en la regulación de las sustancias hoy ilegales, se debatió en diferentes mesas sobre los daños que genera la prohibición en todo el mundo.

El evento fue organizado por Law Enforcement Action Partnershoip (LEAP), una asociación internacional de policías que están a favor de la regulación de las drogas. Es la segunda vez que se organiza en España, después de su edición el año anterior en Barcelona. La apertura estuvo a cargo de Neil Woods, presidente del mencionado grupo en Europa y exagente secreto en el Reino Unido. Durante una ponencia que superó la hora de duración, Woods habló sobre el impacto negativo que tiene la guerra contra las drogas en el medioambiente y cómo los psicodélicos pueden ayudar al tratamiento del trastorno por estrés postraumático en las mismas fuerzas de seguridad que hoy los persiguen. 

“Si se legalizan las drogas, no solo vamos a diezmar el crimen desorganizándolo, sino que además vamos a desfinanciar otras actividades que dañan el medio ambiente”, dijo Woods. El presidente de LEAP Europa se refirió a la producción de cocaína en países sudamericanos, donde los cárteles del narcotráfico destrozan la selva del Amazonas para instalar laboratorios clandestinos: “Podríamos producir toda la cocaína que se consume en el mundo en un terreno muy pequeño, pero la criminalización dispersa los cultivos, impide su control y multiplica los daños al medio ambiente”. También se refirió Wood a la contaminación que se produce en las cloacas de los Países Bajos por los desechos de residuos tóxicos generados en la elaboración del MDMA, o el impacto de los cultivos ilegales de efedrina en Afganistán. La agresión al medio ambiente que se está llevando a cabo en estos escenarios están descritos en el informe público Revelando el eslabón perdido de la justicia climática: la política de drogas, elaborado por la Coalición Internacional sobre la Reforma de las Políticas de Drogas y Justicia Ambiental. Para Woods, la estrategia bélica de combatir los grupos del crimen organizado solo agrava el problema. “Lo que pasa con estas operaciones es que cambian la estructura del mercado, pero no su tamaño. Todos los recursos empleados no sirven para nada. El éxito policial lo que hace es cambiar la estructura criminal, que se adapta, no se reduce. Si la policía descubre a un grupo de traficantes, deja el camino libre para que otro grupo se haga con el dominio del mercado. De manera que la acción policial lo que hace es refinar el crimen organizado. A veces son los mismos criminales los que usan a la Policía para que les despeje el camino de competidores. Así es como la Policía permite y colabora en la creación de grandes monopolios criminales capaces de corromper Estados enteros. A estos grandes grupos criminales les sale barato y rentable corromper a las autoridades, y de ahí surgen los narcoestados como Guinea Bissau en África, el país con mayor deforestación del mundo. O, en Latinoamérica, países como Honduras, Ecuador o Venezuela, en los que se demuestra que la corrupción del crimen organizado del narcotráfico es la principal amenaza a la democracia”, aseguró Woods, quien durante años trabajó como infiltrado para la Policía en bandas de narcotraficantes de Londres.

Woods contó que la política de la prohibición también genera daños en la salud mental de los policías que deben cumplirla. “Yo no estoy aquí para señalar los malos comportamientos de la policía. Solo quiero señalar el posible origen de las enfermedades mentales que sufren. Ser agente de policía es muy estresante. En Estados Unidos, por ejemplo, existe una crisis en la Policía, debido al racismo, a la violencia desmedida de algunas de sus intervenciones, a la desconfianza que genera en la población estos comportamientos violentos… Todo esto produce un montón de traumas y el veinticinco por ciento de policías sufre algún tipo de estrés postraumático”, aseguró, para, a continuación, destacar la contradicción de que “los mejores tratamientos para el estrés postraumático son las drogas ilegales, como los psicodélicos y el MDMA”. Neil Woods apostó por cambiar entre todos la “narrativa” sobre los psicodélicos, para que se regulen y puedan ayudar a aquellos que los necesiten, incluidos muchos agentes de policía: “Queremos tener una sociedad más justa. La primera misión de la policía es la protección de la vida, y estos fármacos psicodélicos son una ayuda para la vida”.

Ley Mordaza y drogotest

Después de la presentación de Woods, la primera de las mesas de debate se tituló “Herramientas de criminalización” y en ella se repasaron los mecanismos de recaudación de dinero por la prohibición de drogas, los test de sustancias en los conductores viales y la utilización de perros policía para detectar sustancias. En este panel, moderado por la integrante de LEAP y especialista en reducción de daños, Núria Calzada, participaron Javier García Raboso, de la organización No Somos Delito; Juan José Perea, criminólogo y autor del libro Drogotest, y Amber Marks, abogada del Centro de Justicia Penal de la Universidad Queen Mary (léase su intervención completa en las páginas que siguen). 

El primero en intervenir fue Raboso, quien contó que la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como “ley mordaza”, creada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy después de las protestas iniciadas en la crisis del 2008, “fue la respuesta a las demandas de derechos y libertades por parte de la sociedad: una mayor restricción del pacto democrático”. Raboso se centró en las sanciones que la normativa aplica a los usuarios de sustancias prohibidas. “Esto no significa que sea más o menos grave que la restricción de derechos fundamentales, como la criminalización de la pobreza, migración y otros asuntos”, aclaró. 

“Si la policía descubre a un grupo de traficantes, deja el camino libre para que otro se haga con el dominio del mercado. De manera que la acción policial lo que hace es refinar el crimen organizado”, dijo Woods.

En concreto, Raboso contó que, gracias a la “ley mordaza”, el estado recaudó más de ciento siete millones de euros por el cobro de unas 146.456 multas a personas que fueron sorprendidas consumiendo cannabis, cocaína u otras sustancias prohibidas durante el 2022, según datos del Ministerio de Interior. “De forma objetiva, quien más ha sufrido las sanciones por parte de esta norma son las personas que consumen drogas”, aseguró sobre la cifra que representa el mayor ingreso de dinero para las arcas públicas por la “ley mordaza”. 

Otro participante de este panel fue Juan José Perea, criminólogo, doctor en Ciencias Sociales, exjefe de la Guardia Civil y autor del libro Drogotest, que trata sobre los controles de drogas a conductores viales. “La gente sabe que no hay controles de drogas en el tráfico. Lo que se lleva es la alcoholemia. Y no son palabras mías: así lo dijo Bartolomé Vargas, fiscal de Seguridad Vial, en el acto de presentación de un proyecto de investigación donde se evaluó el consumo de sustancias por parte de los conductores europeos”, presentó Perea en su ponencia. “Los resultados para España fueron demoledores”, aseguró.

En cuanto a los datos, el exjefe de la Guardia Civil contó: “El 51,9% de los conductores fallecidos en accidentes de circulación vial daban positivo a alguna sustancia psicoactiva, ya sea alcohol, drogas o psicofármacos. Del total, 67,2% daban positivo por consumo de alcohol y muchos de ellos con elevados niveles de alcoholemia”. Entonces, Perea sentenció: “El alcohol es la droga más peligrosa para la conducción de vehículos”, muy por encima de otras como el cannabis o la cocaína. En este sentido, el criminólogo repasó también datos de la Organización Mundial de la Salud. “Según un informe de 2015, en todo el mundo murieron 1,2 millones de personas en accidentes de tráfico. Del total de fallecidos, 188.000 estaban relacionados con el alcohol. Solamente 39.625 estaban relacionados con drogas, que se reparten así: el 51%, en anfetaminas; el 22%, en cannabis; el 14%, en cocaína, y el 13%, en opioides”, detalló. 

Los padres de la moral

El cierre del evento se realizó con la mesa de debate “Cuestionando el sistema penal”, donde Jon Sistiaga, periodista especializado en zonas de conflicto, fue moderando una conversación que analizó los mecanismos legales con respecto a los estupefacientes desde sus orígenes, se detuvo en el caso de persecución a una asociación de cannabis en Cataluña y contó con la opinión de un juez acerca de la prohibición y los problemas que supone para la democracia. 

El comienzo fue una pregunta fundamental que realizó Sistiaga: “¿Qué supuso la adhesión de España a la Convención Única de Estupefacientes de 1961 de la Organización de las Naciones Unidas?”. El encargado de responder fue Xabier Arana, doctor en Derecho y máster en Criminología. “Es curioso seguir esta cuestión, que nos plantea una realidad en blanco y negro –dijo Arana sobre la doble moral que tiene Naciones Unidas en relación con el uso de drogas–. Dice que está permitido el uso terapéutico, pero que la drogadicción es un mal para las personas o colectivos. Lo que ocurre es que puede haber consumos problemáticos o no. La mayoría de las personas saben hacer un consumo responsable de las sustancias. A mí me gusta mucho el café, pero ayer no tomé. La convención, además, no habla de drogas, sino que habla de estupefacientes, y arma una lista de los que están prohibidos”, contó Arana.

“Parece que el Estado nos trata a todos como una suerte de menores de edad, que con su moralidad determinada nos dice lo que se puede y lo que no se puede hacer. Incluso cuando nuestros actos no causan ningún perjuicio”, intervino después el juez José María Asencio, quien se ha manifestado varias veces a favor de la regulación de las drogas. Dijo: “Afortunadamente, vivimos en un estado democrático. Y la característica principal es la garantía y el reconocimiento del derecho fundamental: la libertad. Que yo consuma marihuana, cocaína o heroína no causa un daño al que está en frente”. Entonces, sentenció: “No se garantiza el derecho a la libertad en este ámbito y, por consiguiente, tenemos un problema muy grave de democracia”. 

Si bien Asencio reconoció que está a favor de la regulación de todas las drogas, él tiene que aplicar la ley porque es juez: “He condenado a personas por tráfico de drogas. No estoy de acuerdo en muchas ocasiones, pero muchas veces tengo que hacerlo –dijo–. Tenemos que aplicar una ley que no hacemos nosotros, sino los políticos. Los que tienen que reformar el sistema penal no somos nosotros, sino los políticos que aprueban las leyes: el Parlamento”. 

Por último, la tercera participante de la mesa fue Patty Amiguet, vocera de la Confederación de Federación de Asociaciones Cannábicas (ConFAC). Ella repasó la causa judicial que tuvo que enfrentar desde el 2013, cuando la policía intervino el club que llevaba adelante con otros compañeros del activismo en un pueblo ubicado al norte de Cataluña. El caso se resolvió en 2018, cuando la Justicia dictó su absolución.

Tras esta última mesa de debate llegó la hora de despedirse. Sin duda es urgente que la conversación continúe y, más urgente aun, que se tomen medidas para que la prohibición termine y la policía y los jueces puedan dedicarse a otras labores más importantes y provechosas.