Si se han producido avances este año ha sido a partir de la acción de los tribunales y el activismo. Primero la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la prohibición del uso y producción de cáñamo industrial (hasta el 1% de THC) para fines distintos a los medicinales o científicos. Pero meses más tarde dio un revés a los usuarios de cannabis con un fallo en el que reconoció la posesión de cannabis como un delito susceptible de ser perseguido por la policía y castigado por los jueces. 

Con el último fallo, la corte sentó un precedente que va en contra de sus anteriores sentencias, pues penalizar la posesión entra en contradicción con el derecho a usar cannabis que había reconocido en más de una ocasión. El fallo ampara los registros y detenciones policiales a usuarios de cannabis y deja en manos de los jueces atenerse a una u otra sentencia de la Suprema Corte. 

Por otro lado, grupos de activistas, campesinos y representantes de pueblos indígenas se unieron en el país para pedir que la regulación de la producción de cannabis priorice a los pueblos originarios y a los sectores más vulnerables. Para visibilizar su reivindicación los activistas sembraron plantas de cannabis frente al Palacio de Gobierno de Hermosillo, en el estado de Sonora, y anunciaron que iniciarían cultivos de cannabis en la región sur del estado. La protesta y los cultivos forman parte del Plan Tetecaca, un movimiento civil por el derecho al libre cultivo de la planta que fue iniciado a finales del año pasado. 

Por su parte, el gobierno del municipio de Oaxaca de Juárez emitió en abril una declaración institucional por la que reconoce explícitamente los derechos de los consumidores de cannabis en el territorio del municipio y establece su protección frente a detenciones y registros arbitrarios por parte de la policía.