Que algo está cambiando con el cannabis es una realidad innegable. Por un lado, cada vez hay más gobiernos que optan por estrategias nuevas –como la descriminalización de la posesión para consumo propio, el uso médico, el no enjuiciamiento de los delitos leves relacionados e, incluso, la regulación del mercado–; por otro, también organismos oficiales como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reconocen el fracaso que supone la política de control de drogas que se ha venido haciendo hasta ahora, entre otros motivos, por causar violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Es la primera vez que una entidad de la ONU plantea la regulación responsable de las drogas. Que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reconozca que es insostenible la histórica insistencia en el castigo y la criminalización podemos considerarlo el fin de la “tolerancia cero”. El Alto Comisionado ha roto la tendencia prohibicionista dentro del sistema de control de drogas de la ONU, lo que puede generar presión para cambiar los términos del debate sobre las políticas que se han seguido hasta ahora.
A su vez, también resulta alentador ver como la Junta de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe del 2022 ve una flexibilidad en los tratados internacionales. La Junta ha explicado que, dentro de esos límites, las medidas destinadas a descriminalizar o despenalizar el consumo personal y la posesión para consumo personal de pequeñas cantidades de drogas son compatibles con las disposiciones de los tratados, una opción legítima para los gobiernos. Una posición por parte de la JIFE que la aleja de su política habitual basada en la represión y el castigo como única solución para acabar con el consumo. Eso sí, aún insisten en que los tratados firmados son incompatibles con el mercado regulado del cannabis para uso adulto: “La legalización del suministro y el consumo de cannabis con fines que no sean ni médicos ni científicos contraviene lo dispuesto en los tratados”.
La JIFE ahora pondera que en los tratados se ofrezcan respuestas “adecuadas” y proporcionadas que diferencien entre los delitos relacionados con el narcotráfico y los relacionados con la posesión de drogas para consumo personal. Aunque pueda resultar insuficiente –y sin duda lo es, dada la injusticia que supone la prohibición y la guerra contra las drogas a la que continúan respaldando–, viniendo del todopoderoso organismo internacional del que depende la fiscalización mundial de estupefacientes, es un paso en la buena dirección.
En su informe de 2022, la JIFE llega a concluir que el sistema basado en los tratados ofrece a los estados un amplio margen de flexibilidad para proteger a la juventud, mejorar la salud pública, evitar encarcelaciones innecesarias y hacer frente a los mercados ilícitos. Un elemento fundamental de este enfoque es el valor de establecer mejores programas de educación, prevención y tratamiento mediante una labor eficaz de prevención social y aplicación de la ley. Los mismos argumentos y las mismas conclusiones que han defendido los gobiernos que han regulado el mercado del cannabis.
