La Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) anunció el proyecto Psychedelics for System-Impacted People (PSIP) y publicó Relocating the Root, una revisión exploratoria de literatura. El documento reúne antecedentes sobre salud mental, encarcelamiento, trauma y posibles modelos de atención psicodélica para personas afectadas por el sistema de justicia penal.

El foco está en las personas que están actualmente encarceladas, en libertad condicional o bajo otras formas de supervisión estatal. En el campo de las terapias asistidas con psicodélicos, esa precisión importa porque la guerra contra las drogas dejó daños sociales muy concretos, pero no todas las reformas llegan primero a las comunidades que cargaron con esos altos costos sociales.

La revisión repasa necesidades frecuentes en esta población, como el trauma, la depresión, el suicidio, uso problemático de sustancias y barreras de acceso a servicios. Ese contexto dialoga con advertencias de salud pública más amplias como la realizada por la OMS Europa donde señala que las personas en prisión presentan tasas de psicosis y depresión superiores a las de la población general, además de mayores riesgos de suicidio. Hablar de riesgo psicodélico en este terreno exige mirar no solo la sustancia, sino también el entorno, el acompañamiento y las relaciones de poder.

Según el anuncio, la siguiente fase será un estudio cualitativo con grupos focales de personas de color que fueron encarceladas  y se realizará en colaboración con el Center for Collective Healing. La meta es preguntar primero qué condiciones de seguridad, confianza, confidencialidad y cuidado cultural serían necesarias antes de pensar en estudios de intervención. En una población atravesada por vigilancia estatal, precariedad y estigma, una terapia con psicodélicos sin red de apoyo puede convertirse en un riesgo.

Esta revisión de MAPS abre el debate con respecto a quién participa, quién decide y quién accede a este tipo de terapias. Por eso y para que la posible regulación a los psicodélicos no repita exclusiones conocidas, las comunidades afectadas por la criminalización no pueden quedar reducidas solamente a beneficiarias pasivas.