Hace cosa de diez días la Guardia Civil comunicó que se había incautado de 478 kilos de cocaína procedentes de Bolivia que habían llegado a España mediante un envío aéreo que aterrizó en Barajas. Este caso ha generado un pequeño escándalo en Bolivia y algunas acusaciones entre las autoridades de dicho país y el cuerpo de la Guardia Civil. El envío y el decomiso de la droga ocurrieron el pasado febrero, pero no se supo nada de ello públicamente hasta el pasado 30 de mayo, cuando la Agencia Tributaria española publicó una nota de prensa con los detalles del decomiso.

“La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Madrid, perteneciente a la Agencia Tributaria, ha llevado a cabo la intervención en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de 478 kilos de cocaína que se encontraba en la bodega de un vuelo procedente del aeropuerto internacional de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.”, escribió la Agencia Tributaria.

Un par de días después de que se diera a conocer la incautación, las autoridades bolivianas arrestaron a dos trabajadores de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA), a quienes acusan de haber introducido la cocaína en el avión. El ministro del Interior, Eduardo del Castillo, dio una rueda de prensa en la que presentó a los detenidos y enseñó un vídeo de las cámaras de seguridad en el que aparecían los acusados rompiendo un precinto de un contenedor de carga. Estos fueron los únicos vídeos publicados, ya que la mayoría de registros de las cámaras de seguridad de dicho día fueron borrados con antelación. El ministro dijo que el avión fue “alquilado desde España para prestar servicios” en el país sudamericano y que la destinataria del envío era una menor de edad de nacionalidad española, sobrina y nieta de dos empleadas de la empresa boliviana que realizó el envío.

El caso no se conoció públicamente en Bolivia hasta que se anunció la incautación en España hace poco más de una semana pero, según la agencia de noticias Associated Press, el jefe de la fuerza policial antidrogas, el coronel José Illanes, más tarde dijo que conocía el caso de narcotráfico desde febrero. Esas declaraciones fueron luego desmentidas por el ministro del Interior. Las contradicciones entre la versión del coronel y el ministro han provocado que dos expresidentes del país, Evo Morales y Carlos Mesa, hayan acusado al actual presidente Luis Arce y a su Gobierno de permitir y proteger a narcotraficantes.

Además de los dos funcionarios de la línea de aviación, han sido detenidos al menos otros tres cargos funcionariales: el jefe de inteligencia policial del aeropuerto de Santa Cruz y dos empleados de un servicio de envíos. También han sido destituidos el jefe regional de BoA y un funcionario del servicio aeroportuario, y varios agentes antidrogas han sido relevados.

La última información sobre el caso ha sido una intervención del ministro del Interior de Bolivia, quien ha criticado la actuación de la Guardia Civil en España, señalando que fue la Administración de Aduanas quien descubrió la carga de cocaína, en lugar de los agentes. El ministro Del Castillo también ha dicho que en España se manejan cifras “diferentes” sobre las cantidades de droga incautada en las operaciones, pero no ha aportado datos que sirvan para comparar.