Como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno de España mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se suspendió la apertura al público de todos los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio.

Si bien los estancos pudieron permanecer abiertos para el suministro de tabaco, los aproximadamente mil seiscientos clubes de usuarios existentes en España tuvieron que cerrar sus puertas. Durante los primeros días del estado de alarma se intensificó la vigilancia policial de determinados locales y hubo incluso algunas intervenciones.

La situación fue especialmente grave para los muchos usuarios terapéuticos, tal y como denunció la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis y el Círculo Cannábico de Podemos, que incluso hizo llegar al grupo parlamentario de esta formación en el Congreso una propuesta para que se pudieran abrir las asociaciones y clubes de cannabis medicinal durante el estado de alarma.

En otros países de nuestro entorno afectados también seriamente por la pandemia de la COVID-19 se adoptaron medidas para garantizar que el cannabis pudiera llegar a aquellas personas que lo toman con fines medicinales.