El socio de un club social de cannabis que no ocupe cargos directivos ni sea trabajador de la entidad, ya sea como voluntario o con un sueldo, no debe temer ninguna consecuencia penal. En absoluto. Eso sí, puede ser multado por tenencia ilícita si se le interviene la sustancia en la calle.

En general, la intervención policial puede ser de dos maneras distintas. La primera, haciendo vigilancias en los alrededores de la asociación para retener a socios cuando salen del local. Y la segunda, con una entrada y registro de la sede de la asociación con autorización judicial. En el primer caso registrarán al socio para ver si le encuentran alguna de las sustancias ilícitas. Si es así, le sancionará con una multa de 601 € como mínimo, por tenencia ilícita (arts. 36.6 y 39.1.b de la LO 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana), y lo dejarán marchar. Por ello, es interesante no sacar nada del local, o bien llevarlo muy escondido. Y si la policía pregunta, tenemos el derecho a guardar silencio y a no declarar, y también a no firmar nada si no queremos. Por otra parte, en el caso de una entrada y registro en la asociación, la comisión judicial identificará a todas las personas que estén en el local e intervendrá las sustancias que puedan encontrar. Las personas que al ser preguntadas manifiesten que son responsables del club, o trabajadores, o sean identificados realizando estas labores o manipulando la marihuana, serán probablemente imputados si se abre una causa penal contra la asociación. A los demás socios se les tomarán los datos y se les decomisará la sustancia, pero nada más. Eso sí, es posible que el Ministerio Fiscal les cite a declarar como testigos en el juicio contra la asociación y los responsables del club.