Un delito es aquello que está castigado en el Código penal, y una infracción es lo que se castiga con una sanción administrativa. Ambos castigos son expresión del poder que el Estado tiene para obligar a la ciudadanía a no realizar determinadas conductas. El derecho penal se ocupa de las supuestamente más graves, y sus castigos pueden conllevar la pérdida de la libertad por ingreso en prisión. Las sanciones casi siempre son económicas y nunca, ni siquiera en caso de impago de las multas, pueden implicar prisión. 

En el ámbito de la conducción, el derecho sancionador administrativo castiga la simple presencia de drogas en el organismo, y el derecho penal, cuando ese consumo afecta a la conducción, de manera que el peligro abstracto de haber consumido se convierte en un peligro más concreto de una conducción sin las capacidades plenamente conservadas. Es decir, con el derecho administrativo sancionador se castiga la situación objetiva del consumo, y en el derecho penal, un comportamiento que se considera peligroso. 

Esta regla se rompió en el 2010, cuando el Código penal español definió como delito la mera situación objetiva de conducir con una tasa superior en aire espirado de alcohol de 0,60 mg por litro, y ello a pesar de que la persona no tenga ningún síntoma. 

Sin embargo, se considera que con esas tasas de alcohol es imposible tener conservadas las capacidades psicofísicas para conducir. Es decir, entre 0,25 y 0,59 es una sanción administrativa, y a partir de 0,60, un delito. Con respecto a las otras drogas, la situación grave e injusta se da al sancionar con multa y retirada de carnet cualquier presencia de drogas en el organismo, sin establecer ningún corte de sustancia mínima, como lo es en el alcohol la de 0,25 mg por litro de aire espirado.