Esta pregunta aborda el tema tratado este mes: la irracionalidad legislativa, jurisprudencial y política contra la marihuana y el deseo de libertad, de que nos dejen tranquilos a los que fumamos marihuana. En este caso, la irracionalidad parte de la lógica propia del sistema judicial. Está claro que para muchos actores del sistema penal perseguir la marihuana y las asociaciones cannábicas no es una prioridad. Tampoco para muchos actores políticos responsables de definir los objetivos policiales. Hay una cierta tolerancia desde el punto de vista penal: la conducta es considerada delictiva, pero no hay un interés relevante en perseguirla. Y si no se persigue, pues prolifera y se extiende. Y cuando ello ocurre, entonces se debe actuar, dado que la tolerancia solo puede funcionar dentro de los límites de la invisibilidad. Por eso, en momentos en que un fenómeno se vuelve mediático, este se convierte en un problema. Es lo que ocurrió a partir del referéndum de Rasquera en el año 2012. Pero lo que es grave es que esa tolerancia no se basa en el desprecio hacia la víctima del delito, como ocurría con la violencia contra las mujeres o los delitos de agresión sexual, o los delitos de tipo racista, económico o medioambiental, en los que al poder no le importaba la víctima, y por eso no se perseguían. En este caso la tolerancia se basa en la gran aceptación social del cannabis en nuestra sociedad, por lo que esta tolerancia de facto debe convertirse ya en una tolerancia legal, en una regulación. Coincido contigo en que es una locura que unas personas puedan ser enviadas más de siete años a la cárcel por una conducta aceptada socialmente y que se desarrolla todos los días a plena luz del día. A ver si pronto la racionalidad científica, médica y política llega al ámbito de las leyes sobre drogas, y evitamos injusticias y sufrimiento a tantos millones de personas en todo el mundo.