Si el Presidente del Gobierno interpone recurso de inconstitucionalidad, como ha ocurrido con la ley catalana y ocurrió con la Ley Foral 24/2014, de 2 de diciembre, reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra y con la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias en el País Vasco, se producirá la suspensión de la vigencia y aplicación de la ley impugnada desde la fecha de interposición del recurso. El recurso de inconstitucionalidad está regulado en Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Están legitimados para interponerlo el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados o cincuenta Senadores. Con carácter general el plazo para formularlo es de tres meses a partir de la publicación de la ley. Por su parte el artículo 161.2 de la Constitución española señala que impugnación de disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.