El estado de Sinaloa, en la costa del Pacífico mexicano, está envuelta desde hace dos años en una batalla entre los antiguos socios del cártel de Sinaloa. Por un lado está la Chapiza, comandada por los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán (que cumple una condena en Estados Unidos desde el 2016), y por el otro, la Mayiza, herederos del otro líder histórico del cártel: Ismael “el Mayo” Zambada, que fue traicionado por el Chapo y espera su sentencia en Estados Unidos. La guerra ha dejado al menos dos mil quinientos muertos y tres mil desaparecidos desde septiembre del 2024. El pasado 29 de abril, la Fiscalía estadounidense presentó una acusación contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (del partido Morena, de la presidenta Claudia Sheinbaum), y otros nueve funcionarios, entre los que encontramos a varios integrantes de su gabinete, el alcalde de Culiacán, fiscales y policías.
El detonante fue una traición. Uno de los hijos del Chapo, Joaquín, convocó a Zambada a una reunión en un rancho en la sierra de Sinaloa donde estaba el gobernador Rocha. En una carta enviada a los medios, el Mayo relató que llegó muy confiado: “Lo conozco desde que es un niño (es padrino del hijo del Chapo) y me indicó que le siguiera. Confiado en la naturaleza de la reunión y de la gente involucrada, lo seguí sin dudarlo. Fui dirigido a otra habitación que estaba oscura. Tan pronto como puse un pie fui emboscado. Un grupo de hombres me asaltaron, me tiraron al suelo y me colocaron una capucha oscura sobre la cabeza”. Lo montaron a una avioneta, con la que lo llevaron a Estados Unidos para ser arrestado. El hijo de Guzmán también se entregó y se convirtió en informante de la Fiscalía.
Durante el mes de agosto del 2024 reinó una tensa calma en Sinaloa. Todo cambió el 9 de septiembre, primera declaración del Mayo ante el juez de Nueva York. Ese día empezaron los ajustes de cuentas y homicidios, sobre todo en Culiacán, la capital del Estado, con una población de ochocientos mil habitantes. Durante una semana, el gobierno suspendió las clases en colegios y universidades, y pidió a la población que no saliera de sus casas. Las dos facciones tenían repartida la ciudad: la Chapiza controlaba el norte y la Mayiza, el sur. “Eso significa que ambos grupos conocen los puntos operativos clave del rival, lo que les permite atacar con mayor precisión y frecuencia”, según Insight Crime, un portal especializado en delincuencia organizada. En el último trimestre del 2024, los homicidios crecieron en el Estado en un 222 % en relación con el año anterior.
Narconómina
"El botín lo compartía con los Chapitos. También les abrió las puertas de la policía, literalmente: los sicarios podían entrar al cuartel a su antojo, utilizar las patrullas de policía para secuestrar rivales y consultar los archivos de inteligencia para estar al tanto de las operaciones en su contra"
La acusación contra Rocha Moya se sustenta en los testimonios de dos de los hijos del Chapo: Ovidio (extraditado a Estados Unidos en el 2023) y Joaquín (quien secuestró al Mayo para entregarlo a Estados Unidos). Según su relato, Rocha consiguió el apoyo de los hijos del Chapo para ser elegido gobernador en el 2021. El día de la votación, la Chapiza robó las papeletas con votos de los oponentes y secuestraron e intimidaron a los candidatos opositores para que se retiraran de la elección. Ovidio aseguró que estuvo en una reunión en la que Rocha les entregó una lista con los nombres y direcciones de sus rivales para que los fueran a acosar. Una vez electo, las reuniones entre los Chapitos y el gobernador eran frecuentes. Parte del acuerdo era proteger su negocio permitiéndoles nombrar a funcionarios corruptos con la complicidad de dos miembros de su gabinete (uno de ellos es Senador desde el 2024).
Otro de los acusados, Dámaso Castro, es el segundo de la Fiscalía de Sinaloa desde el 2021, aunque lleva vinculado a la institución, en diversos cargos, desde 1998. Recibía sobornos mensuales de diez mil dólares para proteger de detenciones a los Chapitos. También les informaba de las operaciones policiales en su contra o contra los laboratorios donde fabrican fentanilo y otros productos de exportación. El auto asegura que el jefe de plaza de la Chapiza en Culiacán recibía todos los meses una caja repleta de dólares para sobornos, con listas escritas a mano en las que aparecían los destinatarios (con nombres clave). Aunque el auto no lo aclara, es factible asumir que las listas fueron proporcionadas por los hijos del Chapo.
Los Chapitos también nombraron a dos jefes de la Policía de Investigación para poder “trabajar” libremente en el Estado. Los agentes tenían la orden de permitir a la Chapiza vender drogas y portar armas sin molestarles. También protegían los cargamentos y arrestaban a sus rivales. En ocasiones hacían mucho más. El auto detalla un suceso del 2023, cuando el jefe de la Policía de Investigación, Juan Millán, detuvo a un antiguo miembro del cártel que creían que era informante de la DEA. Se lo entregó a los Chapitos. La cosa no paró ahí, sino que también les entregó a algunos de sus familiares (incluido un niño de trece años) para presionar al informante a que confesara. Todos fueron torturados y asesinados.
La colaboración del cártel de Sinaloa con el gobierno de este estado no empezó en el 2021, con la elección de Rocha. Desde al menos 2017, uno de los jefes de policía tenía una radio –proporcionada por los hijos del Chapo– con la que estaba en contacto constante con ellos. Una de sus actividades era sobornar a los laboratorios de droga de cárteles rivales (e incluso a los del Mayo, a pesar de que entonces reinaba la paz entre las dos facciones). El botín lo compartía con los Chapitos. También les abrió las puertas de la policía, literalmente: los sicarios podían entrar al cuartel a su antojo, utilizar las patrullas de policía para secuestrar rivales y consultar los archivos de inteligencia para estar al tanto de las operaciones en su contra.
Las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa no son algo nuevo, sino que vienen desde la detención del Mayo Zambada en el 2024. El entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, defendió su honorabilidad y recordó que en los gobiernos anteriores había más corrupción. Solía citar el caso de Genaro García Luna, el zar antidrogas entre el 2006 y el 2012, que pugna una condena en Estados Unidos por trabajar para el cártel de Sinaloa. Su sucesora, Claudia Shienbaum, ha seguido la misma tendencia. De momento parece poco probable que se le extradite a Estados Unidos como exige el gobierno de Trump. En un acto celebrado el pasado 31 de mayo, la presidenta defendió la soberanía del país e insinuó que las acusaciones contra Rocha son un intento de Estados Unidos de interferir en las elecciones legislativas que celebrará México en el 2027.
El gobernador pidió licencia de su cargo durante sesenta días (que terminan el 2 de julio), en los que la Fiscalía mexicana investigará las acusaciones en su contra y decidirá si lo detiene o no. En caso de hacerlo, la siguiente decisión que tendrá que tomar es si lo extradita a Estados Unidos “urgentemente” como demanda la administración Trump, que clasifica a las diversas facciones del cártel de Sinaloa como organizaciones terroristas. Y aunque Sheinbaum diga que “México no es piñata de nadie”, hay elecciones legislativas en Estados Unidos en noviembre próximo y es posible que Trump presione para poder presumir de sus logros en la lucha contra los traficantes de fentanilo. Independientemente del desenlace, hay algo indudable: algo está podrido en el estado de Sinaloa.
