“Hoy se votará el proyecto que va a legalizar el cannabis”, título una mañana el periódico Correio Capital, editado en la ciudad brasileña de São Paulo. Aquella noche, una multitud festejaría la abrumadora decisión del Congreso de autorizar la producción y venta de la maconha en el país más grande de Latinoamérica. Cuando la algarabía popular todavía estaba en su estado de ebullición, Biriba obtendría la bendición de su primo para dejar de ser un camello y crear su propio dispensario. Sarim, uno de los más grandes traficantes de marihuana de las favelas, siempre había observado la pasión que su familiar tenía con la planta. Desde adolescentes, cuando compartían sus primeros porros en las azoteas de su barrio, Biriba le explicaba las propiedades organolépticas y del colocón de los cogollos que estaban por comerciar. Así que Sarim decide apoyar el nuevo emprendimiento, aunque no sin antes una última gran venta. Con el dinero de las ganancias, el joven que no había llegado a terminar la escuela secundaria podrá instalar su propia tienda. 

Esto bien podría ser la realidad –sin olvidar que el nuevo negocio de Biriba chocará de frente con el poder empresarial y las bandas del crimen organizado–, pero tan solo es una ficción. Estos hechos suceden en los primeros episodios de la serie televisiva Pico de Neblina, producida por HBO y con dos temporadas, y en la que se reflejan las tensiones que viviría la otrora capital del Reino de Portugal con respecto a una posible regulación del cannabis. Siendo ficción, sin embargo, esta situación está más cerca que nunca de volverse realidad.

Semanas atrás, el Supremo Tribunal Federal despenalizó la tenencia de cannabis para consumo personal. Además, se espera que este año se cierre con un mercado de productos medicinales por encima del billón de reales (322 millones de euros). Y la sociedad civil también es parte del entramado productivo ya que existen más de 200 asociaciones que elaboran los derivados de la planta para asistir con flores, aceites y cremas a miles de pacientes que necesitan de la marihuana para mejorar su calidad de vida. ¿Qué está sucediendo en Brasil? Cáñamo viajó hasta la tierra más alegre del mundo para averiguarlo.

¿Qué es legal en Brasil?

Para entender qué está sucediendo en Brasil, Cáñamo se encontró con una de las personas que más sabe sobre el acceso legal y el alcance del mercado. Ella es María Eugenia Riscala, fundadora de Kaya Mind, una compañía consultora especialista en el cannabis. “Esto empieza en 2015”, dice Riscala para explicar los complejos recursos lícitos que se han conseguido para crear una industria alrededor de la planta. “Nosotros tenemos algo que se llama ‘excepción’, que es menor a una legislación. Esto quiere decir que si yo voy a un médico y este me dice que necesito tal producto de cannabis, se le puede notificar a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) para que me permita comprarlo”, explica. Luego, Riscala agrega que “hasta 2019 esta era la única forma de acceder al cannabis y para fines medicinales. Pero en ese año, Anvisa hizo una propuesta de legislación para que los productos puedan ser vendidos en las farmacias y con esto las grandes empresas farmacéuticas entran al mercado. Esto pasó porque ellos tienen los representantes y el dinero. Con ellos el cannabis llega más lejos y también hay que entender que Brasil es uno de los países con más farmacias por personas. Aquí las farmacias son grandes centros comerciales donde se venden productos de belleza, cosméticos, golosinas y lo que se les ocurra”. 

Riscala, quien ha realizado varios estudios de mercado, cuenta que en la actualidad el 80% de los productos importados son aceites de cannabis para uso medicinal, principalmente provenientes de Colombia y EE UU. Aunque también hay otros derivados como chocolates con CBD. La fundadora de la consultora dice que, en paralelo, existe otra vía de acceso. Se tratan de las asociaciones civiles. Se estima que hay más de 200 en todo el país que elaboran flores, aceites y cremas de cannabis para sus pacientes asociados. Sin embargo, tan solo unas quince fueron autorizadas vía judicial para que su actividad no sea tomada como un delito con una pena que puede superar los veinte años de prisión. “Todas las vías juntas han movido unos 700 millones de reales (112 millones de euros) el año pasado para unos 430 mil pacientes. Hacia 2019, la cifra era de 5 millones de reales (805 mil euros). Para finales del 2024 se espera alcanzar el billón de reales (160 millones de euros)”, asegura Riscala, quien sostiene que, si bien hay un crecimiento de la industria exponencial, los beneficios de la planta no le llegan a toda la población.

“El tratamiento con cannabis es caro y no es accesible para la gran mayoría de las personas”, sostiene Riscala. Ella cuenta que “un aceite de cannabis cuesta 300 reales, cuando el salario mínimo es de 1.200. Esto quiere decir un 25% de los ingresos”. Otro problema que suelen tener los pacientes es conseguir un médico que les recete los fármacos derivados de la planta. “En Brasil tenemos 600 mil médicos, pero tan solo unos veinte mil prescribieron cannabis alguna vez. Unos cinco mil son los que lo hacen regularmente. Estamos muy lejos todavía de llegar a todo el país porque es caro e importado”, dice la graduada en relaciones internacionales en la Fundación Armando Álvares Penteado.

El papel de las asociaciones

Uno de los mecanismos más interesantes para acceder al cannabis en Brasil es mediante las asociaciones civiles. De la misma forma que sucede con los Clubes Sociales de Cannabis en España, parte de la sociedad ha conseguido unirse para crear organizaciones que se encarguen del cultivo de la planta de cannabis y la posterior elaboración de los derivados, ya sean flores o productos terapéuticos como aceites, cremas o extractos. Se estima que existen 200 asociaciones. Sin embargo, tan solo unas quince han obtenido diferentes tipos de autorizaciones judiciales, municipales o estatales, que les permiten la actividad sin el riesgo de sufrir una intervención policial en sus establecimientos. Uno de estos grupos que ha obtenido un aval de la Justicia es la Asociación de Apoyo a la Investigación y Apoyo a Pacientes de Cannabis Medicinal (Apepi). “Hoy tenemos autorización para ayudar con cannabis a más de nueve mil personas”, asegura su presidenta, Margarete Santos de Brito, en diálogo con Cáñamo.

"Se estima que existen doscientas asociaciones de cannabis en Brasil, pero solo unas quince han obtenido diferentes tipos de autorizaciones que les permiten la actividad sin el riesgo de sufrir una intervención policial"

El inicio de la historia de Apepi podría situarse en el año 2014, cuando fue fundada. Pero en verdad comenzó mucho antes. “Junto a otros activistas comenzamos a movilizarnos por la urgente necesidad de acceso al tratamiento con cannabis medicinal para sus propios familiares. En mi caso, la motivación surgió del diagnóstico de mi hija Sofía, quien padece una forma grave de epilepsia. Los tratamientos convencionales no estaban siendo eficaces y la planta surgió como una alternativa prometedora”, cuenta Brito. Para lograr el permiso judicial, la presidenta de Apepi dice que “se obtuvo mediante una serie de acciones legales y mucha movilización. La lucha comenzó con casos individuales, donde las familias con el apoyo de Apepi accedieron a los tribunales para presentar sus casos y conseguir la autorización para sembrar, manipular, investigar y abastecerse de cannabis”. 

Brito cuenta que hoy Apepi tiene un cultivo de cannabis a escala industrial que se encuentra en condiciones controladas en invernaderos al aire libre, como así también en indoor, “dependiendo de las necesidades específicas de la planta y el objetivo terapéutico”. “Para 2024, la previsión de cosecha es de dos toneladas de flores secas para proveer cinco mil frascos de aceite medicinal por mes”, precisa Brito. Además, ella cuenta que utilizan diferentes tipos de variedades para obtener tricomas con alto contenido de CBD o CBG. “Tenemos un equipo de trabajo formado por 80 personas”, agrega Brito.

Brito es una de las personalidades más reconocidas del activismo cannábico en Brasil. Sin embargo, cuenta que se enfrentó en varias ocasiones al “abuso de las fuerzas de la seguridad, ya que la policía invadió las plantaciones y varias personas fueron llevadas a la comisaría. Es difícil avanzar en esta agenda y esto es un reflejo de las dificultades a las que se enfrentan quienes luchan por el cambio en estos contextos legales restrictivos”. Por eso, ella celebra la despenalización de la tenencia de cannabis para consumo personal. 

“La reciente decisión judicial del Tribunal Supremo Federal que despenaliza el consumo personal de cannabis en Brasil es un hito importante en la evolución de las políticas de drogas en el país. Esta decisión refleja un reconocimiento de que criminalizar el uso personal de sustancias como el cannabis puede tener consecuencias sociales y legales desproporcionadas, afectando particularmente a las poblaciones más vulnerables”, asegura Brito. 

Racismo estructural

“La despenalización trata de terminar con los prejuicios racistas que existen en la policía cuando va a realizar una aprehensión. Si eres una persona blanca, estás en un barrio noble de la ciudad, puedes fumar macoña en la calle y difícilmente un policía te va a parar. Pero si tú eres negro y pobre, vas a ir preso, tengas siete gramos o una tonelada. Eres traficante porque eres de color”, cuenta Riscala, la fundadora de la consultora Kaya Mind. Su testimonio refleja un panorama escalofriante, que resulta aún más horroroso cuando se corroboran las cifras del sistema carcelario de Brasil.

Según los datos del Departamento Penitenciario Nacional, recogidos en el Anuario Brasileño de Seguridad Pública del año 2024, la población carcelaria está compuesta principalmente por hombres afrodescendientes, jóvenes y con bajos niveles educativos y económicos. Los afrodescendientes representan el 66,7% de los presos, mientras que los no afrodescendientes constituyen el 33,3%. Además, la disparidad racial se ha incrementado con el transcurso de los años. El encarcelamiento de las personas afrodescendientes aumentó un 377,7% entre los años 2005 y 2019.

Por otro lado, una encuesta realizada por la Iniciativa Negra para una Nueva Política sobre Drogas, identificó a través de un análisis del perfil de las personas encarceladas en São Paulo por delitos relacionados a las drogas que el 54% de los detenidos son afrodesciendentes, cuando tan solo representan al 31% de la población del Estado, según datos difundidos por la Encuesta Nacional por Muestra de Hogares del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

“El encarcelamiento de pobres y negros es un reflejo del racismo estructural de Brasil. Estamos hablando de una historia de violencia perpetrada desde la supuesta liberación de los esclavos, cuya pobreza, violencia y discriminación afectan a los negros en nuestro país. Son un reflejo directo de una nación que normalizó los prejuicios contra este grupo de personas y las dejó al margen de las políticas sociales. Esta desigualdad racial –con respecto a las estadísticas de la población carcelaria– es evidente no solo en las cifras, sino también en la severidad del trato dado a los negros, quienes enfrentan castigos más rigurosos y son objetivos preferentes de las políticas penales”, asegura Cecilia Galicio, abogada especialista en Derecho Internacional Público y asesora principal del Consejo Estatal de Política sobre Drogas de Brasil.

Cecilia es una de las personas que más sabe sobre política de drogas en Brasil. Ella no solo trabaja como asesora en diferentes organismos del Estado, tanto nacional, como municipal. Además, es coordinadora adjunta del Centro de Alcohol, Otras Drogas y Salud Mental de la Comisión de Derechos Humanos y es miembro de la Red Jurídica para la Reforma de las Políticas de Drogas. Por eso, es una voz más que calificada para acercar un entendimiento sobre el proceso de despenalización del cannabis en el país que, en su opinión, ha planteado un escenario incierto para el futuro de los derechos de los usuarios. En primer lugar, “se encuentra una Propuesta de Enmienda a la Constitución en trámite en la Cámara de Diputados que propone penalizar el uso de drogas en la propia Carta Magna. Esto sería dar un paso atrás y cambiando los criterios del Supremo Tribunal Federal”, asegura la abogada. 

Si bien para Cecilia la despenalización ha significado un avance en los derechos de los usuarios, ella critica que “la sentencia terminó consolidando la idea que diferencia usuarios y narcotraficantes en el caso de la marihuana. Esto significa, en la práctica, una discriminación hacia los consumidores de otras sustancias, la continuación de una selección criminal nociva en la que el etiquetado social lo determinaría la sustancia”. 

En cuanto al rol de las fuerzas de seguridad en la aplicación de la Ley de Drogas, Cecilia dice que “es común que la policía encuentre la excusa para cometer abusos y reforzar un sistema racista y clasista, en el que los pobres de la periferia son tratados como narcotraficantes. Mientras que las personas blancas y que viven en los barrios más exclusivos serán tratados como usuarios”. 

En Brasil existen poderosas bandas del crimen organizado, como los cárteles Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), quienes controlan diferentes rutas de transporte de varias sustancias ilícitas, desde el Amazonas hasta los puertos que parten rumbo a Europa. Estos grupos son sumamente violentos y controlan extensos territorios en los cuales los estados no tienen ningún tipo de acceso, como la conocida Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. En ese territorio de densa vegetación, caminos sinuosos y una enorme masa campesina que solo tiene para ofrecer su fuerza de trabajo, la producción de la marihuana prensada es uno de los principales negocios. Este tipo de cannabis consiste en flores de pésima calidad que se apelmazan con hojas, semillas, tierra, hongos que brotan de la humedad de un mal secado y otros dudosos materiales entre los que se cita el arsénico. Se trata de la macoña de bajo precio que para el narcotráfico es uno de los mercados más consolidados. Para empeorar la situación, en el último tiempo ha escalado un fenómeno atípico en la región: la presencia de cannabinoides sintéticos. “Los traficantes están mixturando una droga sintética, que la llamamos K9. Es como el fentanilo, pero con efectos similares al THC. La persona piensa que consume marihuana porque tiene el mismo aspecto que el prensado”, cuenta Riscala. 

Por esta situación de gran violencia generada por las bandas del crimen organizado y la guerra contra las drogas, para Riscala parece difícil que en el futuro cercano Brasil pueda tener una regulación integral del cannabis con un acceso generalizado para la población. “Acabamos de salir de un gobierno de ultraderecha”, dice Riscala sobre la anterior gestión de Jair Bolsonaro. Después, cuenta que “no solo tenemos mucha gente que piensa como el anterior gobierno. Aunque ahora tengamos un presidente más alineado a la izquierda, la mayoría de la Cámara de Diputados es bolsonarista. Es la bancada religiosa, de los evangélicos y la bancada de la bala. Son las personas que quieren tener las armas y con una policía más fuerte”. 

Además, Riscala destaca que semanas después de la despenalización se realizó una encuesta a la población en la que el 70% contestó que está en contra del fallo del Supremo Tribunal Federal. “Los jueces votaron considerando la filosofía, sociología y la libertad del individuo. Pero la gente no entiende esto, cree que la droga genera la violencia en Brasil y el macoñero es violento. No hemos visto un gran cambio y opino que va a pasar mucho tiempo para que nuestra sociedad lo entienda”, sostiene la fundadora de la consultora Kaya Mind. 

Tal como describen las tres fuentes consultadas, el futuro en Brasil es incierto con respecto a la política del cannabis y su camino final hacia la legalización de todos los usos de la planta. Alerta spoiler: en la serie Pico de Neblina, Biriba consigue sobreponerse a las vicisitudes adversas que le presentan los grandes empresarios tabacaleros que pretenden adueñarse de la industria del cannabis y las bandas del crimen organizado para cumplir su sueño de vender la macoña que con tanta dedicación se dedica a cultivar. Por el momento, la realidad parece más cercana a las películas Tropa de élite o Ciudad de Dios: un escenario en el que las fuerzas policiales acumulan poder a fuerza de corrupción y en el que las poblaciones más vulnerables continúan pagando el precio de la guerra contra las drogas. En las calles y cárceles, los pobres ponen la sangre y el cuerpo; del otro lado del mostrador, el farmacéutico cuenta billetes. “Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”, cantaba Atahualpa Yupanqui.