Pese a la escasa información sobre la suerte de los ciudadanos griegos, un goteo de noticias pone de manifiesto el fuerte deterioro social que se vive en el país.

Recientemente, cuatrocientos setenta y un estudiantes de la Universidad de Tesalónica firmaron una denuncia a propósito de la criminalidad, los robos, el tráfico de drogas, la prostitución, la presencia de un gran número de toxicómanos y la muerte de varias personas en el campus de la institución. Sin mayor profundización, hay quienes achacan esta situación a la prohibición de la entrada policial en los campus universitarios sin autorización de los rectores.

La crisis y la reducción de salarios y pensiones han sido terreno abonado para el incremento de la corrupción. En el 2012, un informe de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía señalaba que setecientos diez policías estuvieron involucrados en asuntos de corrupción, que además en algunos casos, de una manera u otra, implicaban a sectores políticos. A poner de manifiesto esta situación contribuyó el incremento de las denuncias presentadas por una ciudadanía hastiada de la extorsión. Ya en el 2010, un informe impulsado por la Comisión Europea concluía que los agentes de la policía están tan fuertemente vinculados a la protección de los grupos criminales que cabía preguntarse dónde se situaba el límite entre fuerzas policiales y crimen organizado: “La corrupción policial en Grecia llega a ser sistémica”.

El barrio ateniense de la Exarchia es bastión del movimiento anarquista griego. La policía concentró progresivamente a los traficantes de drogas en ese sector de la ciudad. La zona no es patrullada pero está controlada desde su periferia por fuerzas antidisturbios, con las que se producen periódicos enfrentamientos. Según datos del Servicio Estadístico griego, las drogas generan un volumen anual de negocio de doscientos treinta y cuatro millones de euros, y la parte del pastel que se reparte en la Exarchia no es pequeña.

Los activistas se vieron compartiendo espacio con las organizaciones criminales, y llegaron a la conclusión de que el Estado introducía intencionadamente las drogas para acabar con toda resistencia. En el 2014, dos traficantes fueron secuestrados por personas armadas en la plaza de la Exarchia, en una acción que fue reivindicada: “No queremos que el barrio sea víctima de las mafias”. Poco después, un grupo delictivo tiroteó el centro social ocupado K-Vox en la propia plaza.

En febrero del 2016, tres integrantes del Centro Social intentaron expulsar a varios traficantes de la plaza; uno de los activistas fue apuñalado y otros sufrieron serias lesiones. Esa misma noche, una manifestación solidaria recorrió las calles y se organizó un grupo de doscientos voluntarios para expulsar a los narcos.

En marzo, cinco mil activistas se manifestaron contra la mafia, y algunos grupos mostraron armas de fuego destinadas a proteger la manifestación. Durante meses, grupos de encapuchados provistos de palos recorrieron la zona tratando de expulsar a los delincuentes, y uno de los miembros que había protagonizado la agresión contra los anarquistas fue asesinado de seis disparos. En la reivindicación de la acción se advertía que de no producirse una intervención del Estado se haría justicia, la justicia por propia mano. Poco después, la policía detenía a una decena de traficantes.

Cuentan que el grupo narco más importante de la zona ofreció una recompensa de dos mil euros a quien asesinara a un popular militante anarquista…