El presidente, el secretario y el tesorero de la Asociación Balear para el Estudio e Investigación del Cannabis (ABEIC) se han librado de una condena de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca porque estaban convencidos de que actuaban según la legalidad.

Los responsables de la asociación fueron llevados a juicio el pasado mes de marzo por un delito contra la salud pública y otro de asociación ilícita. A pesar de que el tribunal ha determinado que la actividad de la asociación incurrió en actos delictivos, ha decidido absolver a los encausados al apreciar un error invencible, esto es, que en todo momento los responsables de la asociación pensaron que actuaban amparados por la legalidad vigente y con el beneplácito de las autoridades. Y así ocurrió en esta asociación del pueblo de Llubí, de la que se comprobó que tanto el teniente de alcalde y concejal de Interior del ayuntamiento de Llubí como la Guardia Civil tenían conocimiento de la actividad del club.

En la sentencia, la Audiencia Provincial ha rechazado la defensa presentada en base a la doctrina del consumo compartido, y se ha basado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 2015 en la que descarta la aplicación de esa doctrina y asienta el carácter delictivo de la actividad de las asociaciones de cannabis. No obstante, dado que el teniente de alcalde era socio del club (y hasta les había alquilado un solar para cultivar), y que el club mantuvo en todo momento comunicación con la Guardia Civil sobre su actividad, la sentencia ha sido finalmente absolutoria.