El mes pasado, 150 agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra participaron en una operación contra el cultivo de cannabis en la que incautaron 40.000 plantas, con un peso total de seis toneladas, en lo que justificaron como una acción contra una organización criminal. Pero el dueño de la plantación es un empresario dedicado a la producción de cáñamo, que ahora ha denunciado a través del diario Público que la operación policial fue innecesaria y desproporcionada, porque su negocio era legal, y que le ha arruinado la empresa.

El empresario había invertido más de seis millones de euros para comprar maquinaria para el cultivo, el almacenamiento y la conservación de las plantas, y daba trabajo a 22 personas. Empezó produciendo unos pocos centenares de plantas para luego ampliar progresivamente su volumen de negocio hasta tener seis naves dedicadas al cultivo. Según explicó a Público, la policía destruyó durante la operación buena parte de la maquinaría de la empresa, a pesar de que no era necesario para verificar la legalidad de su actividad. 

El grueso de la plantación se vendía a una empresa luxemburguesa de producción de CBD, a la que se enviaban las plantas enteras sin tratamiento para la extracción del cannabinoide. El dueño defiende que su actividad cumplía con todos los mecanismos y requisitos legales, que era conocida por las autoridades españolas y que cada envío pagaba sus portes aduaneros correspondientes por comercio internacional. Las plantas no superaban el 0,2% de THC permitido en España, y en la ocasión en que lo superaron este las mandó destruir bajo notario.

El empresario, que tuvo que pasar dos días detenido en el calabozo, está convencido de que su causa será archivada, y asegura que una vez ocurra presentará una demanda por mala actuación policial y pedirá una indemnización de 20 millones por los daños causados y por el tiempo sin actividad de la empresa.