El gobierno federal de Brasil ha creado un grupo de trabajo para analizar el potencial económico de la reciente decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que autoriza la importación de semillas de cáñamo y el cultivo industrial de la planta, aunque exclusivamente para uso medicinal.

Este grupo operará dentro del Consejo de Desarrollo Económico, Social y Sostenible de Brasil y fue oficializado tras la firma del ministro de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, quien ayer asumió el liderazgo del Ministerio de Salud. La coordinación estará a cargo de la abogada Patrícia Villela Marino, presidenta del Instituto Humanitas360 y miembro del Consejo.

Villela Marino destacó que la creación del grupo subraya la importancia de regular el cáñamo como un sector estratégico para la economía nacional, impulsando “un capitalismo responsable basado en la producción inclusiva, la competitividad global y la innovación tecnológica brasileña”.

Esta iniciativa del gobierno presidido por Luiz Inácio Lula da Silva ha tenido buena repercusión en el activismo cannábico. “Además de los medicamentos, es fundamental incluir la producción de fibras y alimentos derivados del cáñamo, sectores con enorme potencial para el agronegocio”, opinó Bruno Pegoraro, presidente del Instituto Ficus, una organización que trabaja por la regulación integral del cannabis y otros psicodélicos. Por otro lado, Rafael Arcuri, presidente de la Asociación Nacional del Cáñamo Industrial, destacó que la decisión del STJ establece una tesis importante: el cáñamo industrial no debe ser tratado como una sustancia prohibida, ya que no tiene efectos psicotrópicos. “Esto crea la necesidad de regulación para otros usos industriales de la planta, ya que, legalmente, lo que no está prohibido está permitido”, concluyó.