La iniciativa está surge por la necesidad de una creciente demanda de capacitación específica que requiere de herramientas con sustento científico, comunitario y jurídico para acompañar un desarrollo ético de una industria aún en construcción.
El programa promete un abordaje de los aspectos técnicos y agronómicos de la planta y de los sistemas de cultivo orientados a usos terapéuticos y sociales. Además, incluye nociones para la producción, el cultivo y la elaboración de preparados con el marco normativo vigente y propone como horizonte la articulación entre sector público y privado para impulsar políticas productivas inclusivas.
En paralelo, desde la Agrupación Cannabicultora del Sur (ACS) remarcan que el esquema no nace de cero. “El proceso arrancó en 2016 en la Secretaría, donde planteamos el acceso al cannabis como Derecho Humano en distintos seminarios y capacitaciones”, sostuvo Nicolás Aiello, integrante de la organización, al repasar la trama de articulaciones locales que derivó en la consolidación de un espacio de gestión, investigación y desarrollo pensado para la demanda del sector en los próximos años.
Para el investigador Germán Pereira, especializado en cáñamo industrial, el valor diferencial de la diplomatura está en su alcance y en la actualización de contenidos. “Es una capacitación exhaustiva sobre el cannabis, en toda su amplitud”. En esa línea, señala que el esquema contempla dos recorridos –uno más orientado a la rama industrial y otro a derechos humanos– y que para 2026 la propuesta incorporó más temarios vinculados al estudio del cáñamo.
En un área donde la evidencia y las labores que se desarrollan en el área todavía conviven con el prejuicio, la formación técnica con perspectiva de derechos puede funcionar como un puente que mejora las prácticas, reduciendo los márgenes de informalidad que suelen abrirse cuando la regulación avanza más lento que el interés social y productivo.
