El informe final del Comité Conjunto sobre Uso de Drogas del Oireachtas reúne 161 recomendaciones y propone derogar la sección 3 de la Misuse of Drugs Act de 1977, que penaliza la posesión de sustancias controladas. La modificación permitiría que la tenencia destinada al uso personal dejara de tratarse como delito y no generara condenas ni antecedentes penales.

El comité pide que la despenalización abarque todas las sustancias y evita confundir este cambio con una legalización de los mercados. El tráfico, el suministro comercial, la participación de organizaciones criminales y la utilización de menores seguirían bajo sanciones penales. El informe también solicita que la reforma preserve las facultades policiales para investigar esas conductas.

El modelo propuesto busca sustituir el castigo por una respuesta sanitaria, pero sin imponer el tratamiento como una nueva obligación. Las derivaciones y programas de apoyo deberían ser voluntarios, con información clara y acceso efectivo a distintas intervenciones. Rechazar esas alternativas, añade el documento, no podría terminar en prisión ni en otra sanción penal.

Esa diferencia distancia la propuesta de mecanismos que mantienen el delito y dependen de la discrecionalidad policial para apartar a algunas personas de los tribunales. En Cáñamo dimos cuenta sobre un informe que recomendó despenalizar la tenencia de cannabis para uso personal en Londres, aunque el planteamiento irlandés va más lejos al incluir todas las sustancias fiscalizadas.

Entre otras medidas, el comité recomienda autorizar servicios de análisis de sustancias sin riesgo de detención, permitir la naloxona sin receta y ampliar los tratamientos de bajo umbral y las terapias de sustitución de opioides. También reclama inversión estable en vivienda, salud mental, servicios comunitarios y atención a las familias.

El documento responde a las 36 recomendaciones de la Asamblea Ciudadana sobre Uso de Drogas, presentada en 2024, y llega en un contexto donde Irlanda registra una demanda creciente de atención, teniendo en cuenta que este país ha alcanzado un récord de tratamientos relacionados con la cocaína, un antecedente que refuerza la necesidad de acompañar cualquier cambio legal con servicios accesibles y suficientemente financiados.

La propuesta irlandesa no elimina por decreto los daños asociados al consumo ni regula el suministro. Su alcance busca separar a las personas usuarias de las redes comerciales y dejar de utilizar los antecedentes penales como respuesta automática ante la posesión personal. El próximo paso dependerá de que el Gobierno y el Parlamento conviertan estas recomendaciones en legislación y presupuesto.