La audiencia administrativa sobre la propuesta de reclasificación amplia del cannabis terminó después de más de dos semanas de sesiones en Arlington. Al día siguiente, el juez administrativo jefe de la DEA, Derek Julius, autorizó a las partes designadas a presentar un escrito posterior de hasta cincuenta páginas con sus alegaciones de cierre y otros asuntos señalados durante el procedimiento.

La presentación es voluntaria. Julius estableció que ninguna parte será sancionada si decide no entregar el documento y fijó el 17 de agosto como fecha límite. Ese mismo día vencerá el plazo para proponer correcciones a las transcripciones diarias. Los cambios deberán limitarse a errores de registro y no podrán utilizarse para modificar testimonios. Después de comparar las propuestas con su propia revisión, el tribunal emitirá una lista definitiva y publicará una copia corregida en el sitio de la DEA.

El calendario representa un avance del expediente, no un cambio inmediato en la política federal. La audiencia examina una reclasificación más amplia de la marihuana, que todavía permanece en la Lista I. Es distinta de la reclasificación parcial aprobada en abril, que trasladó a la Lista III los productos aprobados por la FDA y los productos de marihuana amparados por una licencia médica estatal que reúna las condiciones previstas por la orden federal.

La nueva etapa llega después de que la administración Trump reactivara el expediente y sustituyera el procedimiento anterior. Durante la audiencia, funcionarios federales defendieron la propuesta, mientras que las partes externas seleccionadas mantuvieron posiciones contrarias al cambio. La selección fue cuestionada por organizaciones favorables a la reclasificación, que quedaron fuera de la discusión formal.

Tras recibir los escritos, Julius deberá elaborar una recomendación basada en el expediente. Esta no será vinculante: las partes dispondrán de veinte días para presentar objeciones formales a sus conclusiones antes de que el caso llegue al administrador de la DEA, responsable de la decisión final de la agencia. Ni el juez ni la DEA han anunciado un plazo para completar esos pasos.

Una eventual reclasificación amplia tampoco equivaldría a legalizar el cannabis. La marihuana seguiría sometida a controles federales y la medida no resolvería por sí sola la distancia entre la prohibición nacional y los mercados regulados por los estados. El 17 de agosto traerá más documentos al expediente; la decisión seguirá fuera del calendario.