La nueva ficha de la U.S. Sentencing Commission registró 383 personas sentenciadas por delitos federales de tráfico de cannabis durante el año fiscal 2025. En 2012, el organismo había contabilizado 6.792 condenas de este tipo. La comparación muestra un descenso aproximado del 94,4 % en trece años y sitúa al cannabis en apenas el 2 % de todas las sentencias federales por tráfico de drogas.

El retroceso comenzó antes de que los mercados regulados estuvieran plenamente asentados, pero avanzó en paralelo con ellos. En noviembre de 2012, Colorado y Washington aprobaron las primeras leyes estatales de uso adulto, mientras otras jurisdicciones siguieron el mismo camino durante la década siguiente. NORML interpreta que esta expansión redujo el espacio de las redes internacionales de suministro y permitió concentrar recursos federales en otros delitos. La secuencia es coherente con esa hipótesis, aunque los datos no demuestran por sí solos una relación causal.

También pudieron intervenir cambios en las prioridades de fiscales y agencias, acuerdos judiciales, recursos disponibles y transformaciones del mercado ilícito. La estadística describe cuántas personas llegaron a la etapa de sentencia, pero no explica por qué dejaron de llegar. Por eso, la caída federal debe leerse junto a un mapa en que el cannabis todavía encabeza los arrestos por drogas en estados prohibicionistas y donde la exposición al sistema penal continúa dependiendo del lugar de residencia.

Que haya menos casos tampoco significa que las consecuencias sean menores para quienes siguen siendo procesados. En 2025, el 85 % de las personas sentenciadas recibió prisión y la pena media alcanzó los 44 meses. Además, el 64 % tenía pocos o ningún antecedente penal, según la Comisión. Estas cifras conviven con una opinión pública menos alineada con la prohibición ya que una mayoría apoya la legalización del cannabis, aunque la legislación federal continúa castigando su tráfico.

Los datos otorgados muestran una maquinaria penal que se ha reducido sin desaparecer. Mientras los mercados estatales regulados ganan terreno, el peso de la persecución federal sobre el cannabis se vuelve residual dentro de las estadísticas de drogas. Sin embargo, para las personas que aún entran en ese circuito, la condena puede traducirse en varios años de cárcel.