El trabajo, publicado en el International Journal of Drug Policy, fue desarrollado por el investigador Sam Shirley-Beavan en el barrio Santafé. Su punto de partida fue qué daños resultan prioritarios para quienes consumen sustancias no opioides y no inyectables en condiciones de alta vulnerabilidad.

En los relatos recogidos, la violencia física apareció como una preocupación central. El artículo distingue cuatro grupos de agresores: actores criminales que controlan los mercados, otras personas de la comunidad consumidora, agentes policiales o vigilantes civiles y grupos armados vinculados al desplazamiento forzado.

Las llamadas ollas (espacios de consumo y venta de drogas) ilustran esa superposición de riesgos. Para algunas personas son el único espacio privado disponible y una alternativa frente a calles sometidas a vigilancia. Al mismo tiempo, están controladas por organizaciones que imponen sus reglas mediante amenazas, castigos y agresiones. La falta de vivienda y de redes de apoyo reduce todavía más las posibilidades de salir de esos entornos.

Una reducción de daños integral, sostiene Shirley-Beavan, debería ofrecer lugares seguros para consumir o simplemente permanecer, servicios de bajo umbral, acceso a vivienda e inclusión social. También exige reducir la violencia institucional y limitar el poder de los grupos criminales sobre la distribución de drogas.

El planteamiento coincide con la política de drogas basada en el cuidado que Colombia ha intentado desarrollar. La Resolución 2100, adoptada en octubre de 2025, incorporó la reducción de riesgos y daños dentro de la respuesta nacional y definió los Centros de Atención Móvil para Drogodependientes, CAMAD, como dispositivos orientados por la salud pública y los derechos humanos.

La norma contempla la prevención de violencias y acciones dirigidas a personas que consumen basuco en situaciones de mayor vulnerabilidad. También reconoce que la atención debe articular servicios sanitarios, dispositivos comunitarios, protección social y medidas contra el estigma y la exclusión.

El artículo no evalúa los CAMAD ni demuestra qué intervención concreta reduciría las agresiones en Bogotá. Sí plantea un criterio para medir cualquier política: entregar información o materiales para un consumo más seguro será insuficiente mientras las personas permanezcan expuestas a la calle, la expulsión, el abuso policial y los mercados gobernados por la fuerza.