Colombia vive una transformación profunda en su política de drogas, al adoptar un modelo que rompe con la lógica punitiva heredada de la “guerra contra las drogas”. Aunque está en fase de construcción, esta nueva estrategia posiciona al país como referente regional en la búsqueda de un enfoque más integral.

El modelo ha sido impulsado desde el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y la Dirección de Política de Drogas. A través de una hoja de ruta se busca privilegiar el cuidado por sobre el castigo. Esta estrategia reconoce un hecho esencial: el consumo de sustancias psicoactivas existe y persistirá, con o sin prohibición.

Uno de los cambios más significativos es el abandono progresivo de la erradicación forzada, una práctica históricamente violenta y costosa que ha afectado a comunidades rurales sin resolver los problemas estructurales ligados al cultivo de coca. En lugar de criminalizar a quienes siembran, la nueva estrategia promueve alternativas económicas, desarrollo rural integral y participación comunitaria en la toma de decisiones.

Esta visión también ha tenido eco en foros internacionales. En escenarios como la Comisión de Estupefacientes de la ONU y la CELAC, Colombia ha abogado por una nueva narrativa global sobre las drogas, subrayando la necesidad de revisar los tratados internacionales y, si bien la propuesta ha sido recibida con interés, aún enfrenta resistencias tanto internas como externas.

La piedra angular del nuevo modelo es el enfoque de reducción de daños. Programas de distribución de kits de uso seguro, educación para el consumo informado y atención a consumidores vulnerables son algunas de las iniciativas que ya se han puesto en marcha en ciudades como Bogotá y Medellín.

El gobierno también ha anunciado su interés en regular el mercado de cannabis con fines adultos, así como abrir el debate sobre otras sustancias. No se trata de una legalización acelerada, sino de un proceso gradual, basado en evidencia, que prioriza la salud pública, con la participación activa de la sociedad civil y organizaciones expertas como actores clave en este rediseño institucional.