La futura Estrategia Nacional sobre Adicciones aún no tiene documento público, pero ya tiene una lista de asuntos que el Ministerio de Sanidad quiere llevar a su elaboración. Durante el encuentro Ágora de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del 30 de junio, Xisca Sureda, delegada del Gobierno, adelantó que el trabajo deberá atender el estigma, las brechas territoriales, la financiación, las nuevas sustancias psicoactivas y el chemsex.

El diagnóstico conecta problemas distintos al señalar que la respuesta recibida por una persona cuando necesita apoyo todavía puede depender del lugar en que vive. En febrero, la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones debatió crear un catálogo avanzado de servicios para conocer los recursos disponibles y facilitar el acceso en todo el territorio. Aquella iniciativa da contexto a las brechas señaladas ahora, pero no constituye una estrategia nueva ni define por sí sola prestaciones mínimas.

También queda por saber qué significará, en la práctica, la financiación estable anunciada como prioridad. El Ministerio mantiene publicada la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017–2024, que situaba la reducción de daños, la coordinación y la participación entre sus ejes. En ese vacío, los avisos recientes sobre óxido nitroso y nuevas sustancias sometidas a control sanitario recuerdan que la actualización no llega en un terreno inmóvil. Haber dejado atrás ese horizonte temporal sin presentar aún su relevo abre un intervalo político en el que todavía no hay objetivos cuantificables, responsabilidades asignadas ni una memoria económica que permita evaluar la respuesta.

La presencia de las nuevas sustancias psicoactivas y del chemsex evita que el anuncio se limite a los consumos tradicionales. Sobre este último fenómeno, el Congreso aprobó en 2024 una proposición no de ley que reclamaba coordinación con las políticas de VIH e ITS, formación sanitaria y una atención sin estigmas. Esa discusión ofrece un antecedente, aunque tampoco permite anticipar qué medidas adoptará la futura estrategia. Experiencias de reducción de riesgos en contextos de consumo muestran por qué la búsqueda de ayuda no debería convertirse en otra puerta de juicio o exclusión.

Por ahora, el anuncio funciona como una brújula y no como un plan. Para que las desigualdades territoriales dejen de ser una formulación compartida, el texto pendiente tendrá que precisar servicios, indicadores, plazos y recursos. Hasta entonces, la estrategia se parece a un mapa con las zonas marcadas, pero sin rutas trazadas para llegar a ellas.