El mes pasado, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil autorizó la importación de semillas de cáñamo, su procesamiento y comercialización para fines medicinales. En su fallo, la máxima corte del país estableció un plazo de seis meses para que los organismos estatales desarrollen las regulaciones necesarias para expedir las licencias productivas. Sin embargo, días atrás la Procuraduría General de la República (AGU) apeló la medida para solicitar una ampliación para elaborar las reglas de la nueva industria.

Según el planteo de la AGU, los organismos que intervendrán en las regulaciones de la industria del cáñamo, como la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), necesitan más tiempo para elaborar las medidas necesarias para cumplir el mandato del Supremo Tribunal y crear los procedimientos requeridos para preservar la seguridad en la cadena productiva y comercial de la planta. “Este es un proceso complejo que requiere articulación y alineación político-administrativa entre diversos órganos de gobierno, cada uno con sus competencias específicas y perspectivas únicas sobre el tema. Por lo tanto, la colaboración interinstitucional requiere naturalmente un período más largo para garantizar un enfoque coherente, integral y técnicamente sólido del tema”, sostiene la apelación presentada por la AGU.

Por último, la AGU aclara que el recurso de amparo presentado no pretende posponer ni hacer inviable la plena ejecución de la decisión del STJ, sino brindar la seguridad técnica y jurídica necesaria durante todo el proceso. Sólo con tiempo suficiente será posible desarrollar regulaciones efectivas, seguras y alineadas con las capacidades y realidades nacionales, además de las mejores prácticas internacionales, garantizando así la protección de la salud pública y el desarrollo responsable de este nuevo sector en Brasil”, asegura la procuraduría.