La investigación, publicada en Preventive Medicine Reports, analizó registros sanitarios de 107,5 millones de personas adultas de 18 a 64 años con seguro médico patrocinado por el empleador. La muestra cubrió los 50 estados de EE UU y Washington D. C. entre 2011 y 2021, un periodo en el que distintas jurisdicciones aprobaron dispensarios medicinales, autocultivo médico o leyes de uso adulto.

El estudio trabajó con registros de la base Merative MarketScan Commercial Claims  y comparó la evolución de las intoxicaciones no mortales por opioides en estados antes y después de implementar ciertas políticas de cannabis, frente a estados sin legalización durante el periodo analizado.

Según el resumen del estudio la apertura de dispensarios de cannabis medicinal se asoció con una reducción del 15,47 % en la tasa de diagnósticos de intoxicación no mortal por opioides por cada 100.000 personas afiliadas por trimestre. Las leyes de uso adulto, por su parte, se vincularon con una caída del 11,92 % bajo la misma unidad de análisis.

La categoría incluía intoxicaciones o intoxicaciones accidentales por opio, heroína, metadona y otros opiáceos o narcóticos relacionados que recibieron atención hospitalaria. De acuerdo con la información disponible, los resultados asociados a dispensarios medicinales fueron especialmente visibles en algunos subgrupos, como personas de 18 a 34 años, hombres y mujeres, personas sin recetas de opioides ni diagnóstico previo de trastorno por uso de cannabis y usuarios de servicios ambulatorios.

Cabe señalar que se trata de un estudio observacional sobre políticas públicas y registros de atención médica. Además, al centrarse en población con seguro laboral, no representa a todas las personas expuestas a la crisis de opioides ni a quienes tienen más barreras para acceder al sistema sanitario.

Aun con esos límites, los resultados dialogan con investigaciones previas sobre cannabis y opioides. Cáñamo ya informó sobre un estudio que relacionó cannabis legal y menos opioides entre personas que se inyectan drogas, también sobre trabajos que exploran si el cannabis podría reducir el uso de opioides en dolor crónico y que, en conjunto, apuntan a una posible sustitución en ciertos contextos, no a una solución única.

Los investigadores subrayan que estos resultados no sustituyen las intervenciones ya validadas frente a la crisis de opioides. Más bien apuntan a que las políticas de cannabis podrían integrarse dentro de un enfoque amplio de salud pública que incluya tratamiento especializado, acceso a naloxona y programas de reducción de daños. De hecho, otras investigaciones también han encontrado que la apertura de dispensarios se asocia a menos muertes por opioides, aunque este tipo de estudios observacionales no permite establecer relaciones causales directas.

En plena crisis de opioides, estas investigaciones permiten abrir una discusión más honesta sobre  cómo la regulación del cannabis si bien no resuelve por sí solo una emergencia sanitaria, puede formar parte de políticas menos dañinas que la prohibición y más cercanas a la salud pública.