El hombre que no quería reinar pero que se siente muy macho haciéndolo, esto es Donald Trump, acaba de tumbar una ley de la era Obama que impedía al gobierno central entrar en materias de política estatal relacionadas con el cannabis.

Con esta decisión Trump y su equipo de gobierno, poco amigo de la maría, podrá intervenir en las decisiones estatales sobre legalización y despenalización. En sí ya es una mala noticia, pero el problema no es tanto que Trump intervenga sino que lo pueda utilizar como amenaza contra los estados que sean legales.

Los impuestos que se sacan del cannabis son tan elevados que la presencia de Trump es una espada de Damocles sobre las cabezas de los que dirigen los estados.

“Es la misión del Departamento hacer cumplir las leyes, mientras las directrices previas minaban este cumplimiento y la capacidad de nuestros compañeros locales y estatales de ejecutar su misión de hacer cumplir la ley”, afirmó Jeff Sessions en un comunicado. Sessions es el fiscal general de los EE.UU. Un tipo que detesta el cannabis y que en su día dijo: “la gente buena no fuma marihuana”. Pese a las controversias con su jefe, Sessions continúa manteniendo su confianza y parece que se está saliendo con la suya en estas políticas anti-droga.

No es la primera vez que Sessions amenaza a los estados. La sombra de un posible “crackdown” (intervención federal en los estados) como revitalización de la “guerra contra las drogas” de los ochenta ha estado en boca del fiscal general en múltiples ocasiones. Curiosamente, las políticas contra la epidemia de opiáceos que tanto parecen preocuparles no son tan agresivas ni amenazantes.

Sessions continúa:  “simplemente se pide a todos los fiscales utilizar los principios de la fiscalía previos que les proveen de todas las herramientas necesarias para acabar con las organizaciones criminales, la creciente crisis de drogas y el crimen violento en el país”. Esto podría suponer algo tremendo: que las leyes de un estado queden sobreescritas por las federales siempre y cuando el fiscal del lugar le de por aplicarlas. No hay nada peor para un ciudadano que no saber a qué atenerse con las leyes si están al arbitrio de los legisladores y ejecutores.

Esta nuevo rumbo, además, contradice las promesas de Trump en las elecciones, que dijo que iba a respetar las leyes de cada estado en este asunto.