La primera jornada de la audiencia celebrada en Arlington comenzó con la definición jurídica que realizó James J. Schwartz, abogado de la DEA, quien sostuvo que el procedimiento trata sobre regulación, no sobre legalización y recordó que el Gobierno actúa como promotor de la propuesta y, en este contexto, no presentó el cannabis como inocuo, sino que defendió evaluar sus riesgos junto con sus beneficios médicos.

El primer testigo gubernamental fue Dominic Chiapperino, director del equipo de sustancias controladas del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA. Según la reconstrucción de Marijuana Moment, elaborada a partir de personas presentes en la sala, el funcionario explicó el análisis que llevó a las autoridades sanitarias a recomendar la Lista III. La FDA comparó el cannabis con alcohol, opioides y otras sustancias y concluyó que sus daños cotidianos eran, en general, inferiores.

Chiapperino también señaló que el cannabis presenta un potencial de muerte por sobredosis mucho menor que otras sustancias de la Lista I y que los opioides de la Lista II. Sobre la abstinencia, la comparó con síntomas asociados al tabaco, mientras que la retirada del alcohol puede provocar cuadros más graves. 

Representantes de algunas partes contrarias a la reclasificación comenzaron el contrainterrogatorio del funcionario de la FDA. Smart Approaches to Marijuana (SAM) cuestionó públicamente las comparaciones y el nuevo método utilizado para reconocer un uso médico aceptado. La confrontación era previsible y ya lo había mencionado que, en la presentación de los 7 participantes previstos,  ninguna organización favorable al cambio fue admitida como parte interesada y la defensa de la reforma quedó concentrada en los representantes gubernamentales.

La audiencia continúa con nuevos interrogatorios a Chiapperino y con la comparecencia de Corey Burchman, médico especializado en tratamiento del dolor. Según el escrito previo del Gobierno, Burchman abordará su experiencia al sustituir opioides por cannabis en algunos pacientes y las diferencias entre ambas sustancias en riesgo de sobredosis y dependencia.

Durante medio siglo, la DEA sostuvo la prohibición más severa mientras la experiencia médica y las regulaciones estatales avanzaban por otro camino. Ahora debe defender ante sus críticos una clasificación menos restrictiva, sin que las organizaciones reformistas puedan intervenir como partes.