Ya pronto es 20 de abril, el 420 en el que festejamos una vez más a nuestra amada planta, que este año celebra una pequeña victoria. Estos últimos tiempos han sido un poco complicados para Norteamérica y el mundo gracias al fascista y racista anaranjado que aterroriza al planeta desde la Casa Blanca con bombas y tarifas, bloqueos y embargos.
Dentro de lo “positivo” de estas últimas fechas, está la orden de reasignar la clasificación del cannabis de la Lista I a la Lista III de sustancias controladas. Aunque es un pequeño avance, la gran mayoría de los activistas, pacientes y usuarios están de acuerdo en que se debería de desclasificar por completo y ser utilizada como la medicina que es. Resulta ridículo que se le haya considerado a la par con la heroína, el fentanilo y una larga lista de drogas duras de la lista I. Para que una sustancia esté en la categoría I se supone que tiene que contar con un alto potencial de abuso, sin un uso médico aceptado en Estados Unidos y sin la aceptación de la seguridad del uso de la droga u otra sustancia bajo supervisión médica. La Lista III, por otro lado, incluye sustancias con riesgo moderado/bajo de dependencia física y uso médico aceptado, como el LSD.
Lo bueno es que por fin se reconoce el valor medicinal del cannabis. La esperada orden ejecutiva del presidente promete un alivio para las empresas de cannabis, que podrán ahora operar más libremente. Hay que recordar que las empresas cannábicas no pueden tener cuentas de banco ni créditos y pagan impuestos exorbitantes, tal vez con esta reclasificación esto cambiará. Y aunque reclasificarla como una droga de menor riesgo en teoría abre las puertas para una nueva era en la investigación del cannabis, los expertos afirman que no es tan sencillo. La orden del trumpas tiene que pasar por el Departamento de Justicia y la DEA, y eso va a llevar tiempo. Mientras tanto el cannabis sigue siendo ilegal a nivel federal por lo que los cambios no serán de la noche a la mañana y, conociendo la burocracia y la ineptitud del Departamento de Justicia, podría tomar meses o incluso años.
Un comunicado de la Casa Blanca para justificar el cambio dice: “Los estadounidenses merecen acceso a los mejores tratamientos médicos e infraestructura de investigación del mundo. En 2023, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) completó una revisión del panorama del uso médico de la marihuana y encontró respaldo científico para su uso en el tratamiento de la anorexia relacionada con una afección médica, náuseas y vómitos, y dolor. El dolor crónico afecta a 1 de cada 4 adultos y a más de 1 de cada 3 adultos mayores en Estados Unidos, y 6 de cada 10 personas que usan marihuana medicinal informan que lo hacen para controlar el dolor. Cuarenta estados y DC cuentan con programas de marihuana medicinal regulados y sancionados a nivel estatal o local. Sin embargo, décadas de políticas federales de control de drogas han descuidado los usos médicos de la marihuana. Este descuido ha limitado la capacidad de científicos y fabricantes para completar la investigación necesaria sobre seguridad y eficacia para informar a médicos y pacientes”.
Ya sabemos que al agente naranja que comanda los USA le gusta colgarse medallas y esta no será la excepción, porque, en realidad, tanto Biden como la DEA ya habían sugerido hacer el cambio, pero, como ahora, el cambio se encontraba empantanado en las aguas turbias de la incompetencia gubernamental. En octubre de 2022, Joe Biden solicitó al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE UU y a la Administración para el Control de Drogas que revisaran la clasificación de la marihuana en la Ley de Sustancias Controladas. En agosto de 2023, el Departamento de Salud recomendó a la DEA que la marihuana se trasladara a la Lista III, basándose en su evaluación científica y médica. En mayo de 2024, la DEA propuso una norma que, de aprobarse, transferiría la marihuana a la Lista III. Ahora con la orden ejecutiva se puede mover más rápido hacia esa dirección, aunque el Departamento de Justicia está con las manos ocupadas en las deportaciones masivas de sus aparatos paramilitares del ICE.
Los siguientes pasos comprenderán audiencias públicas donde los ciudadanos, políticos y científicos puedan comentar el cambio propuesto. Estas retroalimentaciones serán tomadas en cuenta por la DEA para tomar la decisión final. La orden de diciembre de 2025 instruyó al Departamento de Justicia y a la DEA a completar el proceso lo antes posible.
Muchos medios han dado la noticia como un hecho, pero hasta que no concluya el debido proceso, todo seguirá igual en el país de la “libertad” y los oligarcas, quienes, al final, junto con la DEA, tendrán la última palabra.
