Una coalición de organizaciones italianas del sector del cannabis ha presentado una estrategia conjunta para impugnar la reciente prohibición del Gobierno sobre las flores de cáñamo, medida que consideran inconstitucional, perjudicial para la economía y contraria a la normativa de la Unión Europea.
Esta reacción responde a la aprobación del llamado Decreto de Seguridad, impulsado por el Ejecutivo de Giorgia Meloni, que reclasifica las flores de cáñamo —independientemente de su contenido de THC— como sustancias narcóticas. Esto implica la prohibición de su cultivo, venta y posesión, afectando directamente a productos no psicoactivos como el CBD, el CBG y el CBN.
Según los defensores del sector, la medida amenaza unos 30.000 empleos y pone en jaque a más de 3.000 empresas en un mercado que genera alrededor de 2.000 millones de euros al año. Organizaciones como Canapa Sativa Italia, Resilienza Italia Onlus y Canapa Italia han anunciado una ofensiva legal y política contra el decreto, al que califican como “una amenaza grave e inminente”.
Entre las medidas adoptadas, se incluyen recursos ante los Tribunales Administrativos Regionales (TAR), el Tribunal Constitucional y quejas formales ante la Comisión Europea para revisar la compatibilidad del decreto con el derecho comunitario. Asimismo, se están preparando demandas civiles por las pérdidas económicas y la posible interrupción de actividades comerciales.
El decreto, aprobado el 8 de abril sin debate parlamentario, equipara el cáñamo industrial a la marihuana con alto contenido de THC, desafiando normativas europeas que permiten el comercio de productos con un contenido inferior al 0,3 % de THC. Su aplicación inmediata podría verse frenada por diversas impugnaciones legales.
