Desde el inicio de su gestión, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha mostrado su intención de eliminar la industria del cannabis. Primero presentó un proyecto de ley sobre seguridad en el que se volvía ilegal al CBD y, luego, emitió un decreto en el que incluía este cannabinoide en la lista de estupefacientes prohibidos en el país. Sin embargo, la iniciativa parlamentaria aún no pudo ser tratada y la normativa ejecutiva fue frenada por la Justicia. Pero esto no ha detenido a una de las referentes de la internacional de la derecha. Recientemente, se emitió un nuevo decreto que clasifica la flor de cáñamo como narcótico, independientemente de los porcentajes de su composición de compuestos activos. De esta manera, será un delito penal el cultivo, venta, procesamiento y posesión de cualquier derivado de la planta. 

Esta prohibición al cáñamo forma parte de un paquete de 34 artículos dentro del Proyecto de Ley de Seguridad. Precisamente, es la iniciativa que se presentó el verano pasado y que no logró la aprobación del Parlamento italiano debido a una serie de disputas partidarias que impidieron su promulgación. No obstante, Meloni invocó el artículo 77 de la Constitución italiana, que permite emitir decretos en casos de necesidad y urgencia. Entonces, la normativa no regresó para ser tratada por los diputados y entró en vigencia por un período de 60 días, hasta que los legisladores conviertan al decreto en ley definitivamente o la rechacen. Por ahora, el presidente, Sergio Mattarella, puede promulgarla o vetarla, aunque se espera que respalde la decisión de la Primera Ministra.

"No podíamos esperar más. Hemos decidido transformar el paquete de seguridad en decreto ley para hacerlo operativo de inmediato", declaró Meloni durante una conferencia de prensa. "La Cámara lo había aprobado en septiembre pasado, pero el texto se había estancado en el Senado. También hemos recogido propuestas de mejora, como el endurecimiento de las penas por delitos en estaciones y metros, y la represión del cannabis ligero en las llamadas 'tiendas de cannabis'", añadió.

Entre otros de los puntos más importantes del decreto de seguridad, el Estado cubrirá los costos penales de los policías y militares involucrados en procesos penales relacionados con su actividad; se habilitarán los desalojos sin orden judicial y se endurecerán las penas para las personas que participen en protestas sociales.