La medida nació como SB 270, impulsada por la senadora Katrina Jackson-Andrews, y se incorporará como una nueva sección de la legislación sanitaria estatal. El Senado la aprobó por 33 votos contra 2, mientras que la Cámara de Representantes la avaló por un margen mucho más estrecho, con 53 votos a favor y 45 en contra. Ese recorrido muestra un consenso inicial amplio, pero también una resistencia política significativa cuando la propuesta llegó a la cámara baja.

El texto, propone algo similar de lo que hizo Washington, aplicándose a pacientes con una condición terminal e irreversible que mantengan una recomendación vigente para cannabis medicinal. También define qué centros quedan incluidos y excluye expresamente las unidades hospitalarias de salud conductual, los servicios de urgencia y los departamentos ambulatorios. La norma no obliga a los establecimientos a recomendar cannabis ni a incorporarlo en un plan de alta.

En la práctica, la responsabilidad quedará en manos del paciente o de su persona cuidadora. La ley exige que el uso conste en la historia clínica, que el producto se guarde en un contenedor cerrado y que el paciente o su cuidador se ocupen de adquirirlo, administrarlo, almacenarlo y retirarlo del centro al momento del alta. Médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros trabajadores sanitarios no podrán administrarlo, guardarlo ni asistir directamente en su uso.

El movimiento se inscribe en una discusión más amplia en EE UU sobre cannabis medicinal para pacientes terminales. California ya había aprobado la llamada Ryan’s Law, que exige a determinados centros sanitarios permitir el uso de cannabis medicinal por pacientes terminales bajo restricciones similares, incluida la prohibición de fumar o vapear.

El avance, sin embargo, convive con señales punitivas en la política estatal de drogas. El 22 de mayo, el gobernador Jeff Landry firmó la HB 568, convertida en Act 305, que endurece sanciones asociadas a infracciones sobre sustancias fiscalizadas en zonas libres de drogas alrededor de centros educativos.

La ley aprobada por Luisiana no resuelve las tensiones entre regulación estatal y prohibición federal, pero reconoce una dimensión básica del acceso a una herramienta terapéutica legal y que no debería depender de la política interna de cada institución.