La votación fue amplia —89 a favor y 6 en contra— y se apoyó en la idea de que el cuidado paliativo debe priorizar confort y autonomía por encima de sumar procedimientos. En ese marco, el proyecto ordena que las instalaciones “permitan” su uso si el paciente cuenta con autorización válida.

El texto, en su versión sustitutiva, fija un equilibrio entre derechos del paciente y operación clínica. Prohíbe fumar o vapear dentro de los centros, aún si esa fuera la forma habitual de consumo. Exige que el uso quede asentado en la historia clínica. 

Con respecto a la logística a la hora de conseguir, administrar, retirar y custodiar el cannabis quedará bajo la responsabilidad del paciente o de un proveedor designado, no de médicos, enfermeras ni trabajadores del establecimiento. También impide compartir cannabis entre pacientes o visitantes y excluye explícitamente a los servicios de urgencias y a quienes reciben atención de emergencia.

La propuesta contempla que un centro pueda suspender la implementación si se inicia una acción de cumplimiento por parte de agencias federales o si aparece una notificación que prohíba expresamente el cannabis en instalaciones sanitarias. A la vez, el informe legislativo subraya que el estatus federal del cannabis no debería funcionar, por sí solo, como excusa para bloquear un uso medicinal ya autorizado por el estado.

La iniciativa se inscribe en la llamada “Ryan’s Law” —nombre tomado del caso de Ryan Bartell, un paciente terminal en California—, que inspira normas para permitir cannabis medicinal en centros de cuidado. En el pleno, su patrocinadora, la representante Shelley Kloba, defendió la necesidad de reglas uniformes. Si el Senado acompaña, la entrada en vigor prevista sería el 1 de enero de 2027.

En el fondo, la propuesta apunta a resolver una disputa práctica y repetida en el sistema sanitario. Si se convierte en ley, obligará a los centros a habilitar el uso de cannabis medicinal para pacientes terminales bajo reglas claras y con registro clínico. El resultado sería un estándar estatal que reduce arbitrariedades institucionales y reconoce el alivio y la autonomía como componentes del cuidado al final de la vida.