Desde que en el año 2017 Argentina sancionó la Ley de Cannabis Medicinal, el avance del acceso regulado de la planta y sus derivados parecen no tener un freno en el país del fin del mundo. En la tierra de Messi, el asado, el cuarteto y donde el Fernet se bebe con cola, el cannabis gana cada vez más terreno.

Ya existen miles de personas habilitadas por el Estado argentino para cultivar cannabis y consumirlo libremente; se registran genéticas y se distribuyen esquejes desde el sur de la Tierra del Fuego, hasta el norte de la Puna que limita con Bolivia; se comercializan semillas creadas por activistas históricos y las góndolas de las farmacias también ofrecen cremas o aceites medicinales elaborados por los laboratorios más importantes. Pero ahora, el gran envión tomará impulso desde la flamante Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), conformada a fines de enero pasado. La primera medida de este organismo nacional la anunció su Presidente, Francisco Echarren, en diálogo con Cáñamo.

“Los próximos días, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmará la reglamentación de la Ley Industrial del Cáñamo y el Cannabis Medicinal”, asegura Echarren, al cierre de esta edición. Se trata un paso clave para que la Agencia comience a funcionar y a entregar las licencias de producción.

“A fines de mayo se van a empezar a entregar las primeras licencias”, adelanta la noticia el Presidente de la ARICCAME. Además, Echarren asegura que los beneficiarios serán los 49 proyectos de investigación que ya están funcionando a lo largo y ancho del país. Se tratan de iniciativas públicas y en algunos casos con participación mixta con actores privados que fueron aprobados por el Ministerio de Salud desde el año 2017, en el marco de la mencionada Ley de Cannabis Medicinal.

“Argentina se va a posicionar como líder regional en el cáñamo y el cannabis medicinal”, sostiene Echarren. Su pronóstico se explica por las “variables geográficas, climáticas, el valor del recurso humano y por los costos del tipo de cambio con respecto a las monedas extranjeras que hacen que hoy sea barato producir en el país”. En este sentido, el Presidente de la ARICCAME dice que “cualquier empresario nacional o extranjero, cooperativo u organización civil va a poder solicitar una licencia”.

“Vamos a existir licencias móviles para que sea fácil de acceder para los productores. Primero se entregarán para el cultivo y luego se agregarán otras para que puedan irse acumulando. No van a tener que hacer el trámite nuevamente”, dice.

Sin embargo, esta realidad auspiciosa para la libertad del cannabis convive con los daños vigentes de la Guerra Contra Las Drogas. En Argentina, mientras por un lado el Gobierno proyecta 50 millones de dólares de exportaciones alrededor del cannabis para los próximos dos años, por el otro aún hay personas que se encuentran en las cárceles del país por cultivar o hacer uso del cannabis. Ellos y ellas también se cuentan a miles.

¿Cómo comprender Argentina?

Para entender lo que sucede en la actualidad argentina –en cualquiera de sus más diversos ámbitos culturales o políticos– siempre hay que comprender primero los hechos sucedidos en el pasado, aún más que en cualquier clase de historia. Hacerlo es como destapar una Mamushka de acontecimientos desencadenantes entre sí. Por eso, contactamos con la abogada Victoria Baca Paunero para descubrir cada una de las muñecas rusas que cuentan qué está pasando en Argentina con respecto al cannabis. Ella es la Directora del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA) y una de las personas que más sabe de las normativas en el país.

“Argentina abarca al cannabis en tres leyes”, comienza Baca Paunero. Ella explica que la más antigua es la ley penal de estupefacientes: “Desde el año 1989, se ubica al cannabis, sus semillas y todas sus partes dentro del concepto de estupefaciente donde su tenencia abarca distintas penas” que pueden costar hasta quince años de prisión.

“Intervenimos en la realidad y nos sentimos protagonistas de un cambio. Lo mejor es que lo hacemos cultivando una planta”, dice Cris Roots, trabajador de un club de cannabis en Buenos Aires

“Después, existe la Ley de Cannabis Medicinal”, continúa la abogada sobre la normativa sancionada en 2017 luego de un reclamo social encabezado por madres cultivadoras que utilizan la planta para hacer preparados terapéuticos a sus hijos. En ese momento, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, Argentina reconoció solo el uso de cannabis para la epilepsia refractaria y la única vía de acceso al aceite medicinal se debía tramitar por una importación de un solo producto: el Charlotte’s Web con CBD aislado.

Tiempo después, en noviembre de 2020, el actual Presidente Alberto Fernández elaboró una nueva reglamentación de la normativa medicinal. A partir de ese momento, el Estado reconoció el uso de cannabis para cualquier patología y estableció un sistema dependiente del Ministerio de Salud para entregar permisos de autocultivo y cultivo solidario: el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN).

“Por último, existe la ley industria y que es la más nueva”, dice Baca Paunero. “Es la que otorga el marco regulatorio para la industria del cáñamo y el cannabis medicinal”, cuenta. Entre sus puntos más destacados, la normativa crea una agencia que entrega licencias productivas y establece tanto requisitos como obligaciones de los actores que pretenden ser parte del negocio. La Agencia está conformada por el Presidente, Francisco Echarren, y un directorio integrado por un representante de los ministerios de Salud, Agricultura, Seguridad, Economía y Ciencia y Tecnología.

“Las tres legislaciones funcionan de manera paralela. Hoy se persigue al cannabis ilícito, que es el recreativo. El problema es que existen zonas. Puede que una persona este fumando y sea legal. Pero también se afectan derechos humanos”, sostiene la abogada Baca Paunero.

De porros por Argentina

Las calles de Buenos Aires respiran tango, fútbol, cafetines, teatro y un constante griterío en cada esquina. Todo convive con un humo denso de olor reconocible. No es la polución de taxis y ómnibus que se amontonan entre sí. Es una fragancia floral, pura y noble que llega de la mano de los cultivadores y cultivadoras argentinas. Ahora también se puede decir que en la avenida más ancha del mundo –la 9 de Julio, en honor al Día de la Independencia– se puede fumar un churro sin que la Policía te lleve tras las rejas.

Resulta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó en 2009 que el consumo de los estupefacientes prohibidos no podía considerarse un delito. Aunque sí es una falta la tenencia de aquellas sustancias. En el peor de los casos, portar unos cogollos en el bolsillo podría costarle a una persona hasta quince años de prisión, si es que no cuenta con un permiso del Estado.

Entonces, a partir de la Ley de Cannabis Medicinal, se creó el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) para entregar los respectivos permisos para que la sociedad pueda acceder a los derivados de la planta. El trámite es sencillo: se debe contar con el acompañamiento de un médico que certifique el uso terapéutico del cannabis y luego se carga un formulario mediante una plataforma digital del Ministerio de Salud. Una vez aprobado, la persona podrá tener en su domicilio hasta nueve plantas en floración, trasladar por cualquier rincón del país y a través de cualquier medio de transporte hasta unos 40 gramos de flores secas y/o seis frascos de 30 ml. de aceite.

En diálogo con Cáñamo, el Coordinador del Programa Nacional de Cannabis del Ministerio de Salud, Marcelo Morante, asegura que hoy ya hay 200 mil personas que cuentan con su Reprocann aprobado.

Morante, quien también integra el directorio de la Agencia en representación del organismo sanitario, adelanta el cumplimiento de una deuda vigente del Reprocann. “En las próximas semanas salen los registros para cultivos de las asociaciones”, asegura Morante sobre las últimas pruebas que necesita el software. “Cada organización podrá asistir y proveer hasta 150 pacientes, con un límite de cultivo de quince metros cuadrados por cada uno”, explica Morante.

Además, aunque el Reprocann implicaría en la teoría una legalidad absoluta del uso y cultivo del cannabis, esta situación no siempre se cumple en la realidad. Durante los primeros dos años de implementación del programa se han registrado varios casos de allanamientos policiales a cultivadores y detenciones. Uno de los casos más emblemáticos es el de Ailén Jara, una joven de treinta años con su habilitación del Reprocann que se encuentra en prisión hace casi un año.

Por este motivo, el Estado y las asociaciones civiles están realizando numerosas capacitaciones a las fuerzas de seguridad para explicarles la legalidad del uso de cannabis en el país.

Growshops: resistir, siempre resistir

El hecho de que Argentina protagonice una serie de avances en el acceso del cannabis responden a un fenómeno que cada vez crece más: las personas usan cannabis y lo cultivan en sus hogares. Según Primera Encuesta Nacional de Cannabis en Argentina, realizada por la Revista THC, el Centro de Estudios de la Cultura Cannábica y la Universidad Nacional de Quilmes, 64.646 personas respondieron que usan derivados de la planta en todas sus formas. El número es significativo porque las encuestas de opinión que se realizan en momentos previos a las elecciones muy pocas veces superan a los dos mil usuarios. Además, el 80% de las personas dijeron que sus usos no son medicinales, sino recreativos.

Como en varios países del mundo, un lugar emblemático de acceso a la información y elementos de cultivo fueron los growshops. Durante los primeros seis meses de pandemia del coronavirus, que en Argentina se agudizó desde marzo del año 2020, las tiendas de cultivo registraron un incremento del 200% en sus ventas, según un relevamiento realizado en diferentes locales del país.

“Tuvimos una demanda que no habíamos logrado en tres años”, asegura Mauro Benedetto, Secretario de la Cámara Empresarial de Grows Argentinos (CamEG). Esto generó un aumento en la inauguración de locales que, según un estudio de CamEG, hoy se encuentra en un total de 1.300 locales distribuidos por todo el país. Esto significa un promedio de un growshop cada 34 mil habitantes.

Sin embargo, Benedetto cuenta que hay muchos locales que hoy están bajando sus persianas. “Tiene que ver con una realidad como la inflación que no para de avanzar en el país. Hoy la crisis económica es muy profunda y sentimos que cuando el dólar aumenta un poco, se paralizan las ventas”, dice Benedetto sobre la divisa que, al cierre de esta edición, rondaba los 390 pesos argentinos.

Además, todavía no existe una figura legal para inscribir los growshops tal como son: tiendas de cultivo de cannabis. Los comercios deben recurrir a registros similares como ferreterías o viveros. Solamente se lograron inscripciones propias a los grow en dos localidades: La Falda y Trevelin.

De la mano de la nueva agencia regulatoria del cannabis, los growshops pretenden consagrar lo que consideran un derecho histórico: ser parte protagonistas de la industria. “Nosotros queremos ser los dispensarios de cannabis, no que lo sean las farmacias”, dice Benedetto, quien sabe dónde se encuentra la nueva esperanza: la comercialización de semillas y esquejes al público.

ADN Argentino

Otra de las novedades que sucedieron durante el cierre de esta edición es que en Argentina comenzó la distribución federal de esquejes elaborados con genética nacional. Se trata de un hecho inédito en el mundo, ya que no existe ningún otro precedente en el que se pueda realizar de forma regulada por un estado nacional.

En concreto, la distribuidora Santa Planta recibió el primer lote de 400 clones de las genéticas Polaris y Dr. West, ambas creadas por la breeder Lucia de Souza Madeira, una de las cultivadoras argentinas con mayor trayectoria. Luego de armar un invernadero de 25 metros cuadrados para almacenar los esquejes, Santa Planta ya se encuentra en condiciones de entregar a los growshops las primeras plantas de cannabis que solo se pueden vender a personas inscriptas en el Reprocann.

“A fines de mayo se van a entregar las primeras licencias productivas. Cualquier empresario, nacional o extranjero, va a poder solicitar una”, adelanta el Presidente de la Agencia Regulatoria, Francisco Echarren

“¡Esto es una boutique de clones!”, festeja Damián Barone, el dueño de Santa Planta. “La idea es vender al menos 40 clones por semana e ir viendo si llegamos a los 400. Nunca me imaginé que íbamos a lograr algo así”, asegura. Resulta que Barone fue uno de los primeros argentinos en fundar un growshop, hace más de veinte años cuando cambió el rubro de reparto en moto. 

Por su parte, la cultivadora Lucia de Souza Madeira toma el logro con cierta naturalidad, casi sin sorpresa, dice. Ella explica que “estamos trabajando hace muchos años con la despenalización. En el año 2006 fui una de las fundadoras de la Revista THC, editora de cultivo y siempre fui una activista desde la información. Pero también en la clandestinidad cultivaba y hacía cruzas”, dice sobre los orígenes de las genéticas que hoy puede comercializar.

De Souza Madeira cuenta de qué tratan las variedades de su banco Genéticas Arkham. En cuanto a Polaris, “tiene un 23% de THC y un 0,2% de CBD, con terpenos como el limoneno, pireno, mirceno, ocimeno, cariofileno, terpinol y geraniol. Es una cruza entre una Afgan y una Skunk #1 que hice hace varios años”, detalla. Luego, explica que “Dr. West tiene un 18% de CBD y un 2% de THC. Sus terpenos son el pineno, canfeno, mirceno, limoneno, terpinoleno, geraniol, cariofileno, humuleno, nerolidol y bisabolol. Tiene un efecto súper relajante”, dice.

El costo de cada esqueje se encuentra en los seis mil pesos (15 dólares). “Vamos a tratar de brindar una buena genética a un precio razonable y accesible al nivel de producción de la planta”, asegura de Souza Madeira, en un mercado donde las semillas rondan los cinco dólares cada una.

En cuanto a su método de producción, cuenta que “se mantienen plantas madres bien grandes y que se renuevan cada dos meses, bajo una fertilización mineral. El control de plagas lo hago con Abamectina y, como los clones siempre se encuentran limpios, se aplica jabón potásico, aceite de nim y canela para sumar el efecto repelente”. Para realizar este trabajo, la cultivadora cuenta que posee tres invernaderos.

El hecho que explica por qué en Argentina se pueden comercializar esquejes y semillas de cannabis se encuentra en las resoluciones que emitió el año pasado el Instituto Nacional de Semillas (INASE), un organismo que depende del Ministerio de Agricultura. Allí, se creó un mecanismo estatal para inscribir las características vegetales y de propiedad del cannabis de la misma forma que se realiza con cualquier cultivo que se desarrolle en el país. El creador de este sistema cargado de ingenio político y técnico fue Gabriel Giménez. Él es el Director Nacional de Articulación Federal del INASE y el encargado por el Ministerio de Agricultura para ocupar una de las sillas de la Agencia Regulatoria del Cáñamo Industrial y el Cannabis Medicina.

“Existen genéticas registradas de cannabis en el mundo, como en Francia que lo hacen caracterizándolo como cáñamo. Pero Argentina es el único lugar que puede hacerse sobre cannabis medicinal o para el uso recreativo. Hoy solo existen registros de variedades nacionales, pero hay pedidos de genéticas extranjeras”, asegura Giménez (ver recuadro aparte).

“Argentina tiene una industria de la semilla muy importante. De las mejores del mundo en cultivos como la soja y el trigo. Ahora, el cannabis empieza a recorrer esos estándares”, dice Giménez.

Giménez cree que el principal desafío de la industria argentina será consolidar todos los eslabones productivos. Él no cree que la genética sea un problema porque “hay cincuenta años de trabajo clandestino de los criadores. Pero hay otros que habrá que crearlos desde cero”.

El granero del mundo

Según un estudio del Gobierno argentino y realizado por el economista Andrés López, el país tiene una proyección económica de 10 mil puestos laborales, 500 millones de dólares en ventas del mercado interno y otros 50 millones en exportaciones. Con esos pronósticos, el proyecto de ley industrial fue aprobado con el apoyo de la amplia mayoría de los sectores políticos. A casi un año de la sanción legislativa, ya se pueden observar los primeros cambios del mercado.

“Hoy se puede comprar en cualquier farmacia las cremas medicinales Convupidiol y Rati Salil CBD”, cuenta Pablo Fazio, Presidente de la Cámara Argentina del Cannabis, sobre los productos elaborados con extractos importados desde Suiza y realizados por dos de los laboratorios más grandes del país: Alef y Elea, respectivamente. Esto se realizó porque la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) creó la categoría de medicamentos derivados del cannabis.

En la misma lógica se encuentran algunos proyectos provinciales, como el que se realiza en la provincia de Jujuy. Allí, el Gobernador Gerardo Morales creó una empresa estatal –cabe decir que fue la única aprobada mientras se mantuvo el gobierno de Mauricio Macri– y hoy cuentan con el permiso de distribuir su aceite medicinal por todo el país. También hay otras iniciativas en Misiones, San Juan y La Rioja.

En total, Argentina tiene unos 49 proyectos de investigación en funcionamiento. Según el Presidente de la Agencia Regulatoria, Francisco Echarren, ellos serán los primeros en recibir las licencias para transformarse en actores claves en el mercado.

“Tenemos que construir una industria con valor agregado e innovación. En cinco años vamos a tener una buena diversificación de productos”, agrega Fazio. Él tiene una mirada cauta y cree que el cannabis no va a ser la salvación del país. Pero también está convencido en que “si en el corto plazo no existe un mercado de flor seca, estamos condenados al fracaso. Caso contrario, se va a generar un mercado informal gigante y no habrá inversiones, solo tendremos trabajadores precarizados”, asegura.

La industria desde abajo

Si bien desde el Ministerio de Salud aseguran que en las próximas semanas se pondrá en marcha la aprobación de los cultivos comunitarios de las asociaciones civiles, la realidad es que este hecho acumula casi dos años de espera. Por este motivo, las asociaciones no se detienen. Sencillamente avanzan, conscientes de que el primer paso lo hace la sociedad y, luego, la política escribirá los reglamentos. Este país tiene una tradición muy arraigada en comprender que en la conquista de derechos no se pide permiso, que se remonta desde el Cruce de Los Andes, la oleada migratoria del siglo XIX que llevó en barco las ideas socialistas, comunistas y anarquistas, hasta el único juicio civil en la historia contra perpetradores de delitos de lesa humanidad.

Entonces, otro fenómeno que sucede en Argentina es la proliferación de clubes de cultivo de cannabis, aun sabiendo que no existe esta figura desde la absoluta legalidad. Uno de ellos le abrió las puertas a Cáñamo.

Cristian Borgo ya no se levanta temprano y con el rostro por el suelo. Él no pasa más sus horas hablando con desconocidos a través de una vincha telefónica. Cuando comenzó la pandemia del coronavirus, no se tomó más el ómnibus para ir al trabajo y volvió a nacer. Cristian Borgo ahora es Cris Roots, uno de los jóvenes cultivadores de Argentina más conocido y con más de 123 mil seguidores en Instagram. Su alter ego saltó a la fama cuando durante el más estricto período de la cuarentena enseñó por redes sociales cómo hacer un indoor por tan solo mil pesos argentinos (alrededor de ocho dólares en aquel momento). Ahora, Cris trabaja en una organización que cosecha siete kilos de cannabis cada mes y abastece a decenas de personas a un costo significativamente menor al que ofrece el mercado negro.

“Abastecemos a gente con el Reprocann habilitado y le proveemos un producto de calidad a bajo costo”, dice Cris que luego detalla que el gramo cuesta mil quinientos pesos argentinos (tres dólares). En Argentina, no se encuentra por menos de 6,50 dólares.

Cris Roots explica que la organización es una asociación civil inscripta en el Estado y que el único paso que les resta es el registro en el Reprocann. Pero como se explicó anteriormente, no se puede realizar. Así que el marco legal está amparado “por el permiso otorgado por el Instituto Nacional de Semillas como fitomejoradores ya que no establece un límite en el espacio de cultivo”.

En la actualidad, esta asociación tiene unas 324 plantas en floración de 22 genéticas diferentes y distintas concentraciones de cannabinoides de un reconocido banco de semillas uruguayo. Toda la producción es en formato indoor y un sistema rotativo de cultivo. “Cultivamos de forma sustentable porque no generamos desperdicios. Hacemos suelo vivo con maduración de dos meses para reintegrarlo al sustrato. Tampoco usamos fertilizantes minerales, sino que hacemos bioinsumos”, cuenta Cris Roots.

Por otro lado, en cuanto al funcionamiento Cris cuenta que se firman dos contratos entre privados junto a los “socios”. “Uno es el reglamento y el otro el establecimiento de la cuota, en función del abastecimiento. No hay comercialización, sino abastecimiento por contrato entre pacientes. Eso cubre los costos como salarios, insumos. De hecho, por estatuto no podemos generar lucro: cada período, el balance debe resultar cero”, asegura. Hoy, en total abastecen a unas 90 personas que pueden retirar 40 gramos por cada vez que asistan.

“Tenemos la perspectiva de enfrentar la criminalización. Venimos de un período mucho más oscuro, así que no tenemos miedo. Hoy vemos las posibilidades de intervenir en la realidad y nos sentimos protagonistas de un cambio. Lo mejor es que lo hacemos cultivando una planta… también demostramos que podemos hacerlo de forma ecológica. No tiene sentido en una era de agricultura capitalista. Pero lo hacemos”, cierra Cris Roots.

Si bien la organización de la que forma parte Cris Roots, al igual que otros cientos de asociaciones, tienen un objetivo social en el abastecimiento de cannabis, también es cierto que conviven en el más salvaje de los capitalismos. Distintos abogados y activistas nos cuentan que existen estudios jurídicos que venden por diez mil dólares un estatuto con figura legal para comercializar cannabis. Es importante explicar que hasta que la Agencia Regulatoria no establezca esa licencia, la actividad lucrativa de abastecimiento de cannabis en Argentina aún sigue siendo un delito y puede llevar una pena de quince años de prisión.

Una espera más larga que esperanza de pobre

Con cada una de las Mamushkas parece que Argentina es la tierra de la libertad para el cannabis. Pero esa realidad está lejos de ser cierta. Según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el total de presos en el país es de 96.108 personas, de las cuales 14.636 (alrededor del 15%) están en la cárcel por infracción a la ley de drogas, en su amplia mayoría por cannabis. Si bien los datos oficiales no discriminan las causas por tipo de sustancia, la gran mayoría corresponden al cannabis. Así lo aseguran las fuentes legales y del activismo sobre los procesos judiciales que se inician desde una tenencia simple de dos porros en la vía pública, hasta el descubrimiento de cultivos. 

La Ley 23.737 de Drogas en Argentina, en su artículo quinto reprime de cuatro a quince años de prisión a quien siembre o cultive semillas, produzca, comercialice, transporte y suministre estupefacientes. Cada uno de los actos aumenta la pena. A menos que cuente con su habilitación del Estado, como el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), la persona será acusada de la tenencia ilegítima de esta sustancia prohibida. “Argentina persigue el uso ilícito, que sería el recreacional”, amplía la defensora pública Victoria Baca Paunero sobre las causas que, cabe aclarar, penan la tenencia y no el consumo. Esto último no es considerado un delito en su legislación.

¿Cómo podría consumirse si no hay una tenencia? Este es el laberinto en el que caen los acusados que, a pesar de que solo sean consumidores, son vistos por las agencias judiciales como personas adictas que deben ser recluida en una institución de salud mental o como narcotraficantes que irán a la cárcel. Aunque en la gran mayoría de los casos el juez no llega a dictar sentencia. 

Según los datos oficiales, de los 14.636 presos por infracción a la Ley de Drogas, menos de la mitad pudo demostrar su inocencia en un proceso judicial. En total, unos 7.975 acusados aún no tuvieron un juicio. Tanto unos como otros siguen allí, tras las rejas, pudriéndose. Esto se explica porque la enorme mayoría de los casos provienen de los estratos sociales más pobres y no pueden abonar un abogado. Su única esperanza es que se reduzca la montaña de causas que se acumulan en los despachos de defensoría pública.

Actualmente, de las 4.313 mujeres presas en total, 1.999 corresponden a delitos relacionados a drogas. De estas últimas, solamente tienen una condena firme unas 704.

A pesar de que Argentina ha dado avances con respecto al cannabis, ahora se entiende también por qué la pancarta de la marcha más convocante del mundo, en Buenos Aires, con más de 260 mil personas, el reclamo sigue siendo el mismo: “No más presos y presas por plantar”.