Los antecedentes

Para principios del año 2018 la “Coalición de Acciones para el Cambio hacia una Política de Drogas más Efectiva" publicaba el primer documento que le daba nombre a su alianza y el cual tenía como propósito “plantear algunas recomendaciones en materia de política de drogas, dirigidas al nuevo gobierno, al nuevo Congreso y a la sociedad civil interesada”. La iniciativa nacía en el contexto de las campañas electorales para el nuevo Congreso y el gobierno, y entre los principales puntos para la reflexión y la acción que proponían se encontraban: cultivos declarados ilícitos y su relación con la reforma rural integral; enfoque de género en el desarrollo rural y los procesos de sustitución; posibilidades de los usos lícitos de la coca, marihuana y amapola; protección a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema en relación a la dosis personal y la dosis de aprovisionamiento; política de promoción, prevención y atención al uso de SPA (Sustancias Psicoactivas), incluyendo reducción de riesgos y daños; alternativas penales para cultivadores, mujeres involucradas en el tráfico y otros eslabones débiles de la cadena, atendiendo también a las consecuencias en casos de incumplimiento por parte de las personas que se acojan al PNIS (Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos); reorientación de la política de drogas desde una racionalización de la política criminal y el problema de la medición.

Muchas de estas recomendaciones fueron incorporadas en las agendas legislativas de varios de los senadores y representantes que fueron elegidos. Así fue como en respuesta a las diferentes solicitudes de los congresistas por apoyar el desarrollo de estos proyectos, el 20 de septiembre de 2018 la coalición Acciones para el Cambio realizó un desayuno de trabajo con cerca de 25 congresistas, donde cada una de las organizaciones planteó de manera general los aspectos más críticos frente a cultivos declarados ilícitos, política criminal, consumo de sustancias, contexto internacional e implementación del proceso de paz. Sin duda alguna, en este encuentro que fue apoyado por FESCOL se empezaron a perfilar los liderazgos y se dejó clara la necesidad de crear una plataforma interpartidista que pudiera unir esfuerzos desde diferentes corrientes ideológicas para ir más allá de simples reformas legislativas aisladas y unificar el esfuerzo para una reforma estructural de la política de drogas, en oposición a las propuestas del nuevo gobierno prohibicionista que intenta hacer retroceder los avances alcanzados y reconocidos en el mundo.

Mostrando un interés claro y liderazgo en el proceso, los senadores Gustavo Bolívar, por el partido Decentes, e Iván Marulanda, por el partido de los Verdes, participaron de la VII Conferencia latinoamericana de Política de Drogas realizada los días 29, 30 y 31 de octubre en la ciudad de México, donde pudieron conocer la situación actual del tema de drogas en Latinoamérica, y celebrar una reunión privada con funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios de México, Bolivia y Uruguay que ha puesto en marcha un proceso de alianza y diálogo a nivel latinoamericano que empezará a consolidarse en el segundo semestre de este año 2019.

Gustavo Bolívar, de escudero de Petro a reformador de política de drogas

Del senador Gustavo Bolívar no se esperaba mucho en el Congreso, primero por haberse presentado como el escudero (y en parte mecenas) de Petro y segundo por su antecedente de escritor y libretista de narconovelas sensacionalistas y reforzadoras del estigma de la narcocultura que tenemos. De Bolívar en la política solo se conocían sus Premios Carroña, un antipremio para la clase política gobernante que entrega una estatuilla de un buitre a los más corruptos en sus categorías. Sin embargo, el 20 de agosto de 2018, tan solo un mes después de su posesión en el Senado, en uno de esos típicos debates sobre consumo de drogas en el que el recién posesionado gobierno de Iván Duque mostraba su fracaso, Gustavo Bolívar sorprendió con una intervención en la que empezó hablando de la felicidad, continuó con el fracaso de la guerra contra las drogas y terminó haciendo un llamado a debatir sobre la “legalización de la cocaína”, mientras parecía hacer alusión a evidencias recogidas para escribir sus novelas. Aunque el discurso pasó desapercibido como un disparate más del contestatario y neófito político de izquierda, la estrategia que venía en marcha era sólida. 

El pasado mes de febrero, un mes antes de iniciar la legislatura, Bolívar ya tenía un plan de trabajo en el tema de drogas, un plan para todo el año que ayudé a construir en una corta consultoría con Gloria Miranda, la joven e impetuosa asesora de Bolívar en materia de drogas, una profesional con muy buenas intenciones que ha aprendido en poco tiempo a lidiar con políticos, sus egos y los lagartos de la laguna del Senado. El plan se puso en marcha y en el primer semestre Bolívar había logrado convocar un desayuno de trabajo con otras UTL, organizaciones de la sociedad civil y academia; había enviado a su asesora a la  61ª sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND) en Viena; y hasta se ha reunido en persona con organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos promotoras de la reforma de políticas de drogas, empresarios del cannabis y funcionarios del gobierno de Nueva York que promovieron la despenalización del porte y consumo de la marihuana el pasado 20 de junio. Bolívar también logró la financiación de un documental sobre el fracaso de la guerra contra las drogas que está en marcha y presentará antes de que termine el año, como punta de lanza de una fuerte estrategia pedagógica sobre la reforma de las políticas de drogas que planea cerrar con una conferencia mundial en febrero del próximo año. 
 

Un debate decisivo

Pero un hecho marcó el compromiso de Gustavo Bolívar en este proceso, y fue la citación al Debate de Control Político sobre Política de Drogas que convocó el 14 de mayo en la Comisión Tercera del Senado de la República. Allí fueron citados los ministros de Justicia, Defensa, Salud y el Director del PNIS (Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos) para responder el cuestionario que con meses de anticipación se les había enviado. Tras una extensa y detallada presentación sobre el fracaso de la guerra contras las drogas y los costos económicos, humanos, sociales y políticos, la ministra de Justicia Gloria María Borrero (que un día después renunció) no dio pie con bola y demostró su desconocimiento del tema y la incapacidad de sus asesores con una intervención plagada de datos imprecisos; el ministro de Salud Juan Pablo Uribe quiso engañarnos diciendo que lo más innovador de la política de consumo era la relación de este con la salud mental volviendo 20 años en la interpretación del fenómeno, y la viceministra de Defensa una vez más recurrió a la categoría de “héroes de la patria” para dar consuelo a las miles de viudas y huérfanos de los más de 6600 miembros de la fuerza pública que han muerto en el contexto de la fracasada guerra contra las drogas, que solo ella y los miembros del Centro Democrático defendieron en este debate.

Contrario a este desatino del Gobierno, Bolívar, pese a algunos chascarrillos, se mostró conocedor y sensible sobre el tema. Al terminar el debate, todos los citados y congresistas, entre ellos María Rosario Guerra de Espriella, Aida Abello, Iván Marulanda, Ciro Ramírez, David Barguil y Richard Aguilar entre otros, se acercaron a felicitar a Bolívar por la claridad y altura del debate, mientras los funcionarios del gobierno salían con la cabeza agachada sin ningún tipo de reconocimiento. Este debate sin duda marco otro carácter del senador Bolívar y el rumor de su intervención corrió por los pasillos de las oficinas del Congreso.

Bolívar no hace cálculos políticos con sus intervenciones y pareciera que le importa poco perder votos por hablar de la regulación de las drogas, pues dice que no pretende reelegirse. Se sabe que está en proceso un encuentro latinoamericano de parlamentarios para la reforma de la política de drogas y avanza en conversaciones con políticos de Estados Unidos. En el mes de octubre planean realizar una visita a Portugal con parlamentarios de México y Ecuador para conocer el modelo y buscar la incorporación a UNITE, que es una red global de parlamentarios comprometidos a poner fin a las enfermedades infecciosas, como una amenaza para la salud mundial, a través de la sensibilización y promoción basada en la evidencia, impulsando cambios de política, cambios en la legislación y la asignación presupuestaria adecuada. UNITE se compone de 90 miembros de parlamentos repartidos en 48 países y en los 5 continentes. Todo este proceso apoyado por las organizaciones de la sociedad civil X Mujeres de México, Parametria de Ecuador y Corporación ATS de Colombia.

De Bolívar se espera que en un futuro no muy lejano convierta toda esta reforma de las políticas de drogas en una de sus famosas y taquilleras novelas del prime time para educar a ese pueblo víctima y sin educación, del que los políticos se han aprovechado y al que han engañado haciéndoles pensar que las drogas se acaban con la guerra y la muerte de los hijos humildes y pobres de Colombia.   

Alianza Interpartidista por la Reforma a la Política de Drogas

Después de un año de desayunos, encuentros, dialogo de pasillos, eventos, viajes, debates, intervenciones y ambientación, el 22 de mayo a las 8:30 a.m., las organizaciones de la Coalición Acción para el Cambio fuimos citados como acompañantes y promotores para conocer el punto de vista de los congresistas y proponerles unos temas de trabajo previo a la presentación pública de la alianza interpartidista en la sala de prensa del Congreso de la República.  En dicha reunión solo hablaron los congresistas para profundizar en los temas que ya desde hace más de un año se les habían planteado y de otros nuevos que eran de su interés. Lo que más resaltaron los medios de comunicación, además de la creación de la alianza, fue avanzar hacia la regulación del cannabis recreativo en Colombia, pensar en que todos los consumidores no son enfermos sino que también hay unos consumidores recreativos sin problemas que necesitan información, un tratamiento penal diferenciado y hasta revaluar la penalización, extradición y fumigación aérea como pilares de la guerra contra las drogas.

Sin duda alguna el momento más emocionante de la conferencia de prensa, técnicamente hablando, fue cuando el periodista de Caracol Noticias Luis Eduardo Maldonado preguntó con tono displicente y sarcástico si era que “usted, senador Bolívar, va a legalizar todas las drogas”, a lo que el senador Bolívar respondió de manera muy pedagógica “legalizar no, lo que queremos es regular”, que el Estado tome el control de este negocio ilícito. Tras la clarificadora respuesta corrió una risa gratificante entre los técnicos y los miembros de la sociedad civil que estábamos presentes, al haber logrado que Bolívar cambiara el concepto de “legalización de las drogas” dicho en agosto de 2018, por la “regulación de los mercados de drogas”, actualizando su punto de vista en sintonía con la tendencia mundial basada en la evidencia, con enfoque de salud pública y derechos humanos. El principal anuncio de esta rueda de prensa fue presentar una agenda legislativa de reformas para el 20 de julio de 2019.

Al final del día salió el comunicado de prensa tomando prestado el nombre reformista de política de drogas de México #RegulaciónPorLaPaz y donde quedaron como congresistas fundacionales de la alianza Gustavo Bolívar, María José Pizano, David Rocero y Aida Avella (Decentes); Luis Fernando Velasco y Harry González (Liberales), Antonio Sanguino (Partido Verde), Gustavo Petro (Colombia Humana); Iván Cepeda, Wilson Arias y Alexander López (Partido Polo Democrático); Temístocles Ortega y Richard Aguilar (Cambio Radical); Andrés García Zucardi, Armando Benedetti y Roy Barreras (Partido de la U);Feliciano Valencia (MAIS); Pablo Catatumbo y Julián Gallo(FARC). Para el 18 de junio ya habían sumado más de 30 congresistas de los partidos de MAIS, Unión Patriótica, Decentes, Partido Liberal, Cambio Radical, La U, Verdes, Polo Democrático y FARC, y se sabe de intenciones individuales en otros partidos de gobierno.

Pero como la política de drogas no se puede seguir haciendo desde los escritorios sino desde el territorio, el 31 de mayo se realizó la Audiencia Pública Sobre Política de Drogas en el Cauca con la participación de más de  1300 personas representando a comunidades campesina, negras e indígenas afectadas por la guerra contra las drogas principalmente de la cumbre agraria, donde se habló de cómo las políticas de drogas habían afectado a las comunidades, las alternativas frente a estas políticas de drogas, la intervención de las entidades del Gobierno y una hoja de ruta o propuesta para proponer una agenda legislativa de reformas.  

La primera prueba de fuego de coyuntura se vivió con la rueda de prensa de la Corte Constitucional que declaro inexequibles artículos del Código de Policía que prohibían de manera absoluta el porte y consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales en el espacio público, pues consideraban que la prohibición per se no debe ser castigada sino el comportamiento derivado de ese porte o consumo que vaya en contra de la convivencia o la ley. El comunicado de la Alianza Interpartidista dejó claro que “Este tipo de normatividad recicla una estrategia fracasada en Colombia y en el mundo. La evidencia ha demostrado que el paradigma prohibicionista, basado en estrategias punitivas y reactivas, no ha logrado disminuir la oferta o el consumo de drogas ilícitas. Por el contrario, tiene efectos adversos como el enriquecimiento de las mafias, el aumento de la violencia y la fragmentación de las organizaciones del narcotráfico. Por eso, a la ciudadanía y especialmente a los padres les decimos: consideramos que la regulación es el mecanismo más efectivo para combatir el consumo problemático de drogas y el narcotráfico. Por supuesto, regulación acompañada de inversión en prevención, educación y desarrollo”.

El paquete legislativo de reforma radicado el 20 de julio

El 18 de junio se realizó una reunión de las UTL (Unidades de Trabajo Legislativo) de los congresistas, con las organizaciones, comunitarias, campesinas, de la sociedad civil y academia que apoyarían la redacción del paquete legislativo. En esta reunión destacó la participación de exfuncionarios del Gobierno –conocedores en profundidad de la política de drogas a nivel nacional y mundial–, de delegada de Red Papás, de las organizaciones de Acciones para el Cambio, de representante de los activistas cannábicos, de organizaciones de cultivadores de coca entre otros. Se definieron tres mesas de trabajo: 1) Política criminal, narcotráfico y regulación, 2) Producción y justicia social y 3) Consumo y salud pública; de las cuales las UTL ya tenían proyectos de ley relacionados con la reforma al artículo 49 de la Constitución Política, tratamiento penal diferenciado para cultivadores, tratamiento penal diferenciado para mujeres, prohibición del glifosato, reformas del PNIS, participación de pequeños cultivadores en el negocio de la marihuana medicinal, usos alternativos de la coca y centros regulados de consumo.

Los alcances y objetivos de cada una de estas mesas serán a corto, mediano y largo plazo para responder a: 1) Escritura y defensa de proyectos de ley, 2) Lecturas de contexto y respuestas a la coyuntura y 3)  Incidencia y pedagogía con la comunidad y los medios de comunicación. Estas mesas se reunieron el pasado 15 de julio para definir los proyectos de ley que deberían radicarse y que el país ya conoce donde se destacan los proyectos de alternatividad penal y reducción de riesgo y daño. Sin duda alguna la principal y más complicada acción legislativa será modificar el artículo 49 de la Constitución, que prohíbe el porte y consumo de la dosis personal de drogas excepto en casos de usos médicos, la idea es cambiar la palabra “prohibir” por “regular”.  

El cambio está en marcha y es inevitable

Se podrá avanzar en proyectos que reglamenten políticas públicas y acuerdos del proceso de paz, así como en acciones concretas que cambien las condiciones de vida de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico como son las personas consumidoras y cultivadoras. Sin embargo, solo hasta que se cambie la Constitución y haya un cambio político para enfrentar el debate internacional de la reforma de drogas, se podrá avanzar de manera significativa sin que llegue un gobierno retardatario como el actual y eche para atrás los avances que se hayan logrado. Afortunadamente y por primera vez hay un grupo de políticos de diferentes corrientes ideológicas que apuestan por un cambio estructural y cultural de la política de drogas y tienen como tarea llevar la evidencia del fracaso de la guerra contra las drogas a los ciudadanos, que durante tantas décadas han sido engañados por los políticos, empresarios y medios de comunicación que se enriquecen con el prohibicionismo.

Hay mucha expectativa y emoción por parte de todos los involucrados, los políticos, los activistas, las organizaciones de la sociedad civil, las agencias de cooperación, otros gobiernos progresistas, etc., sin embargo, no la tienen fácil y tendrán que sortear las tensiones internas derivadas de los enfoques, las prioridades, los intereses y los egos normales de este tipo de alianzas tan amplias entre políticos, sociedad civil, comunidades y academia. Además, deberán enfrentar una narrativa prohibicionista y muy aceitada de 60 años de antigüedad, que tiene a la mayoría de la sociedad de su parte, cuenta con el apoyo sensacionalista de los medios de comunicación y la presión de la industria del prohibicionismo como son los que venden guerra, glifosato, helicópteros y noticias. Sin duda alguna la presión de los Estados Unidos se hará sentir cada vez más fuerte hasta lograrse quedar con la parte más grande del negocio de la regulación como lo están haciendo actualmente.

El consenso es que ya no hay consenso y la reforma que tanto jalamos desde los barrios, el territorio, la academia y la sociedad civil ya la hemos logrado escalar a los políticos y sus partidos para que avancen con la idea y se sumen a la transformación. Empieza una nueva fase del cambio que esta marcha y es inevitable.