¿Cuál es su formación y experiencia en temas de drogas?, ¿cómo llegaste a ser nombrada Directora de la Oficina de Política de Drogas?

Yo soy historiadora con opción en ciencia política. Tengo una maestría en construcción de paz y una especialización en Economía. El tema de política de drogas comenzó como un interés académico durante mi maestría y hace cinco años empecé a trabajar como asesora legislativa en temas relacionados, especialmente regulación de sustancias. Mi hoja de vida fue considerada para este cargo debido a mi trabajo previo, el cual también conocía el hoy presidente Petro.

¿Cuál fue su principal aprendizaje de su paso por el Congreso de la Republica, tanto en la mecánica legislativa como en el tema de drogas?

De todos los aprendizajes, me gustaría resaltar la importancia de la construcción colectiva y de llegar a consensos. Asesorar la elaboración de un proyecto de ley implica sentarte con quienes coinciden con tus posturas, pero también con quienes disienten de ellas. Esto no solo nos implicó un largo dialogo con actores del congreso, sino también con sociedad civil: ONG que vienen trabajando el tema hace muchos años, asociaciones de usuarios de SPA, comunidades indígenas y campesinas, entre otros. Incluso podría decir que todo ese proceso sirvió de inspiración para la forma en la que se elaboró la nueva política de drogas, que fue ampliamente participativa.

“Si hablamos de una nueva política de drogas necesitamos que la gente entienda que el consumidor no es un enfermo, que el pequeño cultivador o expendedor no es un narcotraficante y que coca no es cocaína”

La primera vez que estuvo en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND) en Viena hace unos años fue como asesora del Congreso de Colombia, ¿cómo fue volver en 2023 como Directora de Política de Drogas?

Mi primera experiencia en la CND fue de mucho aprendizaje. Era mi primera vez en un espacio multilateral. Recuerdo que me sorprendió mucho el trabajo que han hecho las organizaciones de la sociedad civil Colombiana. Como lo he dicho otras veces, nos han abierto camino para hoy cuestionar con argumentos la efectividad del paradigma de la guerra contra las drogas y proponer algo distinto. Regresar a este espacio como Directora de Política de Drogas fue algo muy significativo, porque volví con alguna capacidad de incidencia y de representar a Colombia. Lo más simbólico es que esta vez la postura de Colombia era diametralmente distinta a la que yo vi cuando asistí la primera vez a la CND.

La critican por ser joven y por tener poca trayectoria en el tema de drogas, ¿qué dice usted ante eso?

A eso diría que ser joven no es un impedimento para hacer las cosas bien ni ser mayor es garantía para obtener buenos resultados. Por décadas hemos tenido personas “mayores” al frente de las políticas de drogas y, a pesar de ello, hoy sabemos que esas estrategias no han dado el resultado esperado. Ahora bien, existen múltiples ejemplos de personas jóvenes en Colombia y el mundo que han sido exitosos en sus gestiones. Yo vengo trabajando el tema de drogas hace varios años y tengo un norte claro sobre las transformaciones que debemos alcanzar como gobierno. Además, ¡me acompaña un equipo de excelentes técnicos en la Dirección! Rodearse de un buen equipo es fundamental.

Una política de drogas participativa

Usted se ha encargado de sacar adelante la política nacional de drogas del gobierno de Gustavo Petro. Tardó un año en esa tarea, cuéntenos cómo ha sido ese proceso.

Se llevó a cabo un proceso de diálogo y participación a lo largo y ancho del país. Realizamos 27 espacios, estuvimos en 17 departamentos más Bogotá D.C., tuvimos la participación de 150 municipios, donde se concentra la mayor afectación por el conflicto armado y el narcotráfico. De estos diálogos participaron cultivadores de coca, marihuana, amapola; indígenas, afrocolombianos; productores de cannabis medicinal, industrial y terapéutico; organizaciones que trabajan en la prevención, reducción de riesgos y daños y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas; usuarios de SPA; juventudes, padres de familia y ciudadanía; entre otros. En los espacios territoriales se contó con la participación de 44 % de mujeres, el 14 % era población indígena y el 20 % fueron comunidades negras. Adicionalmente se realizaron 61 mesas técnicas interinstitucionales, cinco mesas con aliados estratégicos y cuatro sesiones de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, como una instancia consultiva compuesta por 32 delegados de la sociedad civil y 11 delegados de las entidades del nivel nacional.

Sin duda alguna, la política de drogas más participativa de la historia de Colombia, ¿qué retos tuvieron que enfrentar?

Dos grandes retos de este proceso fueron y siguen siendo las expectativas de los ciudadanos frente a la necesidad de generar cambios profundos en la visión que tenemos como nación frente a las drogas, pues aunque existen posiciones fuertes y argumentadas sobre temas como el consumo de cannabis de uso adulto, la ley de tratamiento penal diferencial o la erradicación, lo cierto es que muchas de estas cosas pasan por cambios normativos que superan el diseño de una política pública y pasan por las otras ramas del poder. Por otro lado, se trató de un proceso del que participaron múltiples visiones sobre estos fenómenos, que van desde las más progresistas hasta las más conservadoras. Esto representa un enorme reto, pues seguramente no todos los sectores se sentirán recogidos en el 100 % de las propuestas, pero nos deja la satisfacción de que se trataron de espacios de máximo respeto por la diversidad y en los que se pudieron conciliar muchas de esas visiones.

¿Qué crees que es lo más valioso de todo este proceso?

Es de una enorme satisfacción lograr una política pública a diez años con ese nivel de participación ciudadana, pues fueron especialmente las personas que más han sufrido la llamada guerra contra las drogas y los efectos del narcotráfico quienes nos ayudaron a construir esta política. Anteriormente estos eran los grupos más estigmatizados y relegados de la formulación de políticas públicas. Desde los campesinos que subsisten de las plantaciones de coca, marihuana o amapola hasta los usuarios de drogas pudieron participar y plasmar sus voces en esta política. No puedo decir que se haya escuchado a todo el mundo o que la política de drogas solucione todos los problemas, pero sí es un buen punto de partida para que podamos articularnos como Estado en torno al abordaje de este fenómeno desde una perspectiva distinta.

“Oxigeno y Asfixia”

Hay un largo capítulo con el diagnóstico del tema de drogas en la política nacional, ¿nos lo podría resumir en pocas palabras?

El diagnóstico se podría resumir en que el paradigma de la “guerra contra las drogas”, que hemos aplicado por más de medio siglo, no ha dado los resultados esperados, pues la producción de drogas ilegales alcanza niveles históricos, la demanda global de viejas y nuevas sustancias psicoactivas ha aumentado y las organizaciones criminales son cada vez más robustas. Además de ello, Colombia ha sufrido consecuencias significativas, no solo en términos económicos, sino también en derechos humanos y en el medio ambiente, con miles de víctimas, incluyendo campesinos, mujeres, jóvenes, etc. Es por eso que buscamos avanzar hacia una política nacional de drogas que tenga como principal prioridad la protección de la vida y la naturaleza, dando máxima importancia a los derechos humanos, la salud pública y la consolidación de la paz. Esto se llevará a cabo sin descuidar el compromiso del Estado de debilitar las capacidades y finanzas de las organizaciones criminales.

¿Explíquenos brevemente en qué consiste el tema de “Oxigeno y Asfixia” en la política de drogas?

“Buscamos avanzar hacia una política nacional de drogas que tenga como principal prioridad la protección de la vida y la naturaleza, dando máxima importancia a los derechos humanos, la salud pública y la consolidación de la paz. Esto se llevará a cabo sin descuidar el compromiso del Estado de debilitar las capacidades y finanzas de las organizaciones criminales” 

La política de drogas pretende desplegar una estrategia integral de doble vía. El Oxígeno consiste en la atención a los territorios, comunidades, individuos y ecosistemas que han sufrido desproporcionadamente los efectos del narcotráfico y de la guerra contra las drogas. Concretamente, se trata de acciones como la provisión de bienes y servicios a las poblaciones vulnerables que dependen del mercado ilícito de drogas; la regulación de mercados de sustancias como el cannabis de uso adulto o los usos lícitos de la hoja de coca; la aplicación de medidas de manejo ambiental para la conservación y restauración de las zonas que han sido afectadas por la economía de las drogas ilícitas; y el abordaje del consumo desde un enfoque de salud pública y derechos humanos con estrategias de reducción de riesgos y daños. Todo eso es oxigenar. De otro lado, la Asfixia consiste en concentrar los esfuerzos militares, policiales y punitivos en los nodos estratégicos del sistema criminal, aquellos responsables de generar violencia y obtener mayores réditos de esta economía ilícita. Ambos pilares estarán en coordinación con políticas de paz, seguridad, defensa, medio ambiente y agraria, entre otras.

Para usted, ¿cuáles son las principales innovaciones de la política de drogas en el tema de consumo?

Como ya lo mencioné, la política contempla el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas desde una perspectiva de salud pública y un enfoque de derechos humanos. Eso comienza por humanizar a las personas que usan drogas, reducir el estigma y promover sus derechos fundamentales. También por reconocer que existen distintos tipos de consumo de SPA y cada uno requiere de una estrategia distinta. No todo consumo es problemático o lleva a la dependencia. Frente a los que sí lo son, se implementarán medidas de tratamiento y atención en salud, además de estrategias de reducción del daño como, por ejemplo, el acceso a jeringas, la sustitución de drogas y mantenimiento con metadona, naloxona para sobredosis, los Centros de atención Móviles a Drogodependientes (CAMAD) y, por supuesto, los espacios de consumo de menor riesgo como el del barrio Sucre en Cali o el del barrio Santa Fe en Bogotá. Buscaremos fortalecer el trabajo de base comunitaria y focalizar población en condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad como habitantes de calle o jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Para los consumos no problemáticos priorizaremos estrategias para la reducción del riesgo como, por ejemplo, el análisis de sustancias en contextos de ocio.

¿En qué consisten los tres ejes con los que se articula la nueva política de drogas: “Regulación justa y responsable”, “Cambio de narrativas” y “Diplomacia internacional”?

Como su nombre sugiere, estos ejes articulan y conectan apuestas de los pilares Oxígeno y Asfixia. Además, son novedosos frente a políticas de drogas anteriores. El eje “Regulación justa y responsable” busca que aquellas plantas que tradicionalmente han sido tabú y han estado asociadas a la guerra y el narcotráfico, hoy sean aliadas en los procesos de desarrollo rural, construcción de paz y reivindicación de derechos. Allí las grandes apuestas son regular el cannabis de uso adulto y los usos lícitos (industriales, médicos y científicos) de la hoja de coca, la amapola e incluso otras especies como los hongos.

¿Y a qué alude el “Cambio de narrativas”?

Este eje tiene como objetivo promover una comprensión informada sobre el fenómeno de las drogas. Por un lado, se quiere reducir el estigma y las prácticas de discriminación social sobre los usuarios de drogas, entendiendo que el consumo es un asunto de salud pública y derechos humanos. De otro lado, se busca promover una visión más comprensiva de las personas en condición de vulnerabilidad que se han involucrado en el mercado de las drogas ilícitas como fuente de supervivencia. Además, buscamos la resignificación de las plantas, reconociendo sus usos no-psicoactivos y ancestrales. Si hablamos de una nueva política de drogas necesitamos que la gente entienda que el consumidor no es un enfermo, que el pequeño cultivador o expendedor no es un narcotraficante y que coca no es cocaína.

Y por último, está la “Diplomacia internacional”.

El eje de “Diplomacia para el cambio” se basa en la premisa de que Colombia es una voz legitima para invitar y liderar una reflexión global frente a los cuestionables resultados del paradigma internacional para enfrentar los problemas asociados a las drogas. Esto, por supuesto, no implica tener que escoger entre la prohibición total o la completa liberación de las sustancias psicoactivas. Por el contrario, implica encontrar soluciones intermedias como las alternativas al encarcelamiento, pilotos de regulación de cannabis, iniciativas de reducción de riesgos y daños.

¿Por qué es tan lento el proceso de la regulación del mercado de la marihuana para uso adulto en Colombia?

La regulación de cannabis de uso adulto necesariamente debe empezar por el Congreso, pues la normativa actual no permite que desde el ejecutivo se pueda hacer. Los procesos en el Congreso pueden tomar tiempo y lo que vemos es que el debate democrático que se ha dado en este tema desde 2019 ha ido abriendo el camino. Sí, lentamente, pero también ha garantizado que se den discusiones desde diferentes sectores con visiones opuestas, y en ese sentido destaco que es importante que la regulación tenga un respaldo democrático que tal vez hoy nos represente tiempo, pero mañana se verá reflejado en solidez. Ahora bien, esta es una prioridad de este Gobierno y de la política de drogas, por lo cual, desde el ejecutivo y de manera interinstitucional, estamos trabajando para dar el apoyo técnico al Congreso para que podamos contar con una regulación más temprano que tarde.

Las buenas intenciones en política se miden con dinero, ¿cuánto cuesta esta política de drogas y de dónde va a salir el dinero?

La inversión estimada alcanza los 22 billones de pesos, pero es importante aclarar que este cálculo corresponde principalmente al eje de “Tránsito a economías lícitas”. Además, esta no es una política que se ejecute por una sola entidad, sino que deben estar comprometidas técnica y presupuestariamente entidades de múltiples sectores como Agricultura, Ambiente, Salud, Defensa y Paz, entre otros. Incluso del sector Transporte, especialmente el nuevo Instituto Nacional de Vías Regionales (INVIR) que anunció el presidente Petro. Uno de los reclamos históricos y necesarios para superar la dependencia de la economía de la coca tiene que ver con la precariedad de las vías de acceso. Además del presupuesto del Gobierno, se requerirá vincular otras fuentes de financiación como la cooperación internacional, las entidades territoriales, sector privado y fondos especiales, entre otros. Sobre esto último, es fundamental hacer un ejercicio de sensibilización con los nuevos mandatarios municipales y departamentales para que la política de drogas pueda aterrizar en el territorio a través de sus planes de desarrollo.

¿Cuál es el plan de acción inmediato, qué se viene para este 2024?

Sabemos que será imposible implementar toda la política en este gobierno. Por eso, le apuntaremos principalmente a acciones estratégicas que tengan un impacto rápido y positivo en la vida de las personas. Que puedan verse en el corto plazo, eso sí, sin descuidar otras acciones que son más de mediano y largo plazo que también son necesarias. En 2024 esperamos que se muevan temas relacionados, por ejemplo, con los usos lícitos de la hoja de coca, mayor promoción al análisis de sustancias como estrategia de reducción de riesgos y daños, mayor incidencia internacional, articulación interinstitucional para la trasformación territorial, impulso a la regulación justa y responsable del cannabis de uso adulto, entre otros.

¿Cuál va a ser el papel de la sociedad civil y las personas consumidoras en el desarrollo de las políticas de drogas?

El cuarto eje de la política establece que se van a crear formas para que la gente participe en temas relacionados con la implementación del eje de consumo. Se busca que la sociedad civil esté en el centro del proceso de cambio, que guíe y también que vigile cómo se planea, se pone en práctica y se hace seguimiento a esta política. Lo dije antes y lo repito: la sociedad civil nos abrió camino. Buena parte de las acciones hoy planteadas en la política de drogas son posibles gracias a la incidencia y la generación de evidencia técnica que han venido generando estas organizaciones desde hace varios años.

Colombia y el mundo

Petro esta muy activo en el tema de drogas a nivel internacional, lo vemos dando discursos e intentando armar alianzas, ¿cuál es la estrategia?

Sí, efectivamente. Este gobierno sabe que no es posible alcanzar la paz en Colombia si no hay un cambio en la política de drogas a nivel nacional e internacional. Esto es un proceso que toma tiempo y en el que iremos paso a paso, teniendo victorias grandes y otras no tanto. Para esto, Colombia buscará articular países que coincidan en la necesidad de discutir la efectividad de las políticas tradicionales de drogas y sus efectos, así como en la importancia de generar estrategias para abordar las drogas desde un enfoque de derechos humanos. En este sentido ya se ha avanzado, por ejemplo, con la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas en Cali. Por supuesto, no podemos esperar que todos los países coincidan en el 100 % con las ideas, pero creo que hay un muy buen punto de inicio y acuerdos mínimos fundamentales.

“Este gobierno sabe que no es posible alcanzar la paz en Colombia si no hay un cambio en la política de drogas a nivel nacional e internacional”

¿Qué podemos esperar de Colombia para la próxima Comisión de Estupefacientes (CND) que se hará en marzo?

El próximo año se presentará la revisión de medio término del plan de acción de la política mundial de drogas en el marco de la Comisión de Estupefacientes en Viena, que es el espacio más importante en política de drogas a nivel internacional. Esta revisión es una oportunidad para seguir insistiendo en la necesidad de implementar estrategias innovadoras y aplicar las convenciones bajo el principio de “flexibilidad”, con el fin de que estas se puedan ajustar a los contextos particulares de cada país. Bajo el liderazgo del Ministerio de Relaciones Exteriores, especialmente de la embajadora Laura Gil en Viena, aprovecharemos el espacio de la CND para seguir socializando nuestro nuevo enfoque frente a las drogas y buscando apoyo político internacional. Algunos de los temas prioritarios serán: regulación (especialmente de cannabis de uso adulto y usos no psicoactivos de la hoja de coca), cuidado ambiental y directrices internacionales sobre derechos humanos y políticas de drogas. 

¿Irá Petro a Viena?

Desconozco si el Presidente asistirá a este espacio.

¿Cómo van a garantizar que cuando termine Petro no llegue un gobierno prohibicionista y eche para atrás todos los avances?

Lo primero que hay que decir es que esta política cuanta con un anclaje muy importante en el Acuerdo de Paz que tiene un mandato constitucional y, por tanto, tiene que ser respetado por este y los gobiernos venideros. Esperamos además que esta se convierta en una política de Estado, que vaya más allá de este gobierno. Adicionalmente, estamos desarrollando una serie de resoluciones que tienen que surtir trámite en el Consejo Nacional de Estupefacientes, que es uno de nuestros órganos rectores en materia de política de drogas. Esto nos da algunas herramientas para implementar los ocho ejes de la política y también para los gobiernos siguientes. Por ejemplo, en lo relativo a la regulación justa y responsable, el debate democrático que se ha venido dando para cannabis de uso adulto y que probablemente se dé para otros temas como la regulación de la planta de coca, blindan con solidez los procesos, aunque conlleven tiempos, pues articulan los esfuerzos del Estado y no exclusivamente del Gobierno. Ahora bien, desde la instancia reglamentaria nada puede garantizar que gobiernos posteriores no hagan modificaciones, pero lo que sí podemos generar son normas con bases sólidas que perduren en el tiempo. Sin embargo, la única garantía para no tener retrocesos en los avances logrados está en la ciudadanía, deben ser los y las ciudadanas quienes, a través de la participación, hagan respetar las libertades y derechos conquistados en esta política y este gobierno.

Hasta que no se regule la cocaína en Colombia no habrá paz total, ¿cómo avanzar en esta conversación ante la oposición norteamericana?

La Política Nacional de Drogas reconoce que es necesario replantear algunas de las estrategias para enfrentar el fenómeno de las drogas ilícitas. La regulación es una de las que estimamos necesarias. No obstante, la política de drogas se centra en el cannabis de uso adulto y los usos no psicoactivos de la planta de coca. Al debate sobre la regulación de la cocaína aún le quedan varios años y solo podría concretarse si hay consenso al menos entre algunos países. No tendría mucho sentido que Colombia diera ese paso de forma solitaria si para todo el resto de los países sigue siendo una sustancia ilícita, especialmente los de mayor consumo. Por ahora, nos enfocaremos en avanzar en el debate del cannabis para uso adulto y dar unos resultados que demuestren que la regulación si es una alternativa viable.