Un estudio publicado en la Revista Internacional de Sociología, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), analizó cómo el estatus socioeconómico se relaciona con distintas frecuencias de consumo de drogas ilegales en España. Las autoras, Alba Teresa González-Esteban y Olga Salido Cortés, utilizaron datos de la Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES), realizada periódicamente entre personas de 15 a 64 años residentes en hogares.
El trabajo distingue entre consumo experimental, ocasional, reciente y habitual, destacando que un mayor nivel educativo aparece asociado con menor consumo reciente, mientras que el desempleo se relaciona con una mayor presencia de este tipo de consumo. Los ingresos elevados, en cambio, aparecen vinculados con la experimentación, sin mostrar una reducción clara del consumo habitual.
El resultado rompe con una lectura que muchas veces tiende a ser lineal cuando se aborda desde las desigualdades y las drogas. Una posición económica más favorable no significa necesariamente menor contacto con sustancias ilegales, del mismo modo que la vulnerabilidad social no puede utilizarse como explicación automática de cualquier consumo. Estudios y encuestas recientes también muestran que los patrones varían según sustancias y grupos de población, como ocurre con el descenso del consumo de cannabis entre adolescentes en España.
EDADES es una encuesta bienal del Plan Nacional sobre Drogas que busca medir prevalencias, patrones de uso y características sociodemográficas de la población. La edición de 2022, por ejemplo, reunió 26.344 cuestionarios válidos y mantuvo como universo a personas de 15 a 64 años. El nuevo análisis utiliza distintas ediciones de esta serie para observar el consumo desde una perspectiva socioeconómica, en lugar de tratar a todas las personas usuarias como un grupo homogéneo.
Las asociaciones detectadas tampoco permiten concluir que el desempleo cause un mayor consumo o que el consumo provoque desempleo. La dirección de estas relaciones y la influencia de otros factores requieren análisis adicionales. Lo que sí muestra el estudio es que educación, empleo e ingresos se cruzan de forma distinta con la experimentación y con los usos más frecuentes, una diferencia relevante para pensar políticas sobre drogas que incorporen las condiciones sociales en las que se producen los consumos.
