La propuesta fue presentada en la Cámara de Diputados por los legisladores Nicolás del Caño y Myriam Bregman del Frente de Izquierda. El proyecto busca legalizar el cannabis, sus semillas y derivados en todo el país, permitiendo actividades como el cultivo, la producción, la venta, la tenencia y el consumo. También contempla que algunos productos derivados puedan comercializarse bajo regulación estatal.

La iniciativa establece que la producción individual o colectiva para consumo personal quedaría fuera del control estatal, mientras que los productos destinados a la venta pasarían por autorización, registro y fiscalización de la ANMAT, el organismo sanitario argentino. El proyecto también fija límites para la comercialización en escuelas, edificios públicos, transporte y centros de salud, entre otros espacios sensibles, en un sector donde todavía persisten dudas regulatorias.

En el plano sanitario, la propuesta incorpora campañas de educación, prevención del uso problemático y reducción de daños. Plantea, además, que las personas con indicación medicinal, terapéutica o paliativa accedan de forma gratuita al cannabis y sus derivados. Ese punto dialoga con las tensiones recientes en torno al registro de usuarios medicinales, donde el acceso al REPROCANN viene motivando reclamos administrativos y judiciales.

La iniciativa habilita también la creación de clubes sociales de cannabis sin fines de lucro, integrados por personas mayores de edad y sin dependencia de entidades comerciales, religiosas o de otro tipo. La diferencia de fondo con el marco actual es que avanza sobre el uso adulto, un terreno que sigue fuera de la ley general. Hoy Argentina cuenta con la Ley 27.350, sobre investigación y uso medicinal, terapéutico y paliativo, y con la Ley 27.669, orientada a la industria del cannabis medicinal y el cáñamo. Ambas forman parte de una agenda federal construida en los últimos años, que este proyecto buscaría ampliar hacia el consumo adulto.

El proyecto no cambia por sí solo la legislación argentina, pero vuelve a ordenar el debate en torno a la pregunta de si el cannabis ya existe como práctica social, medicina e industria, la discusión política es si seguirá tratado principalmente como problema penal o si pasará a ser regulado como una cuestión de salud pública, derechos y mercado legal.