La publicación del Decreto 462/2025 en el Boletín Oficial confirmó la disolución de Ariccame, el organismo creado por la Ley 27.669 para articular la cadena productiva del cannabis medicinal y el cáñamo industrial en Argentina. La medida forma parte de la reestructuración estatal impulsada por el presidente Javier Milei, quien busca reducir lo que considera "sobredimensionamiento" y "duplicación de funciones" en la administración pública.

Desde su intervención en 2024, Ariccame quedó virtualmente paralizado. Bajo la dirección de Ignacio Ferrari, el organismo no logró reactivar el otorgamiento de licencias ni avanzar en la aprobación de proyectos terapéuticos. Esta inacción afectó directamente al Reprocann, el registro que permite a personas usuarias acceder a cannabis para tratar patologías crónicas.

El cierre también redistribuye competencias ya que ahora la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) asumirá el control sobre el cannabis medicinal, mientras que el Ministerio de Economía, a través de sus secretarías, gestionará aspectos relacionados con el cáñamo industrial y las semillas. Sin embargo, voces críticas advierten que esta fragmentación podría generar más burocracia.

Pablo Fazio, referente del sector y director operativo de Pampa Hemp, manifestó su preocupación. “Si la intervención terminó en el cierre de la agencia, cuando supuestamente era para ordenarla, no puedo ser optimista y me impide tener esperanzas de que se vaya por buen camino”, declaró a La Izquierda Diario.

La decisión llega en un contexto de recortes generalizados y desfinanciamiento de organismos vinculados a la ciencia y la salud. El Instituto Nacional de Semillas (Inase), pieza clave para la validación de genéticas cannábicas, también ha sido cerrado, profundizando la incertidumbre para las pequeñas y medianas empresas que apostaron por un mercado regulado.

La desaparición de Ariccame marca un retroceso en el camino hacia una industria cannábica regulada y accesible en Argentina. En un país donde miles de personas dependen de tratamientos con cannabis, la medida refuerza la percepción de que la salud pública queda supeditada a una agenda de ajuste extremo impulsada por el actual gobierno.