A comienzos de 2025, las tiendas especializadas en productos derivados del cannabis en Austria quedaron al borde del colapso tras un fallo del Tribunal Administrativo que interpretó que las flores de CBD debían quedar bajo el monopolio estatal del tabaco. Esto supuso un veto de facto para su venta fuera de los estancos autorizados por el Estado y provocó pérdidas de hasta el 70 % en la facturación de los comercios especializados en productos de cáñamo, conocidos localmente como hanfshops.

Ante esta situación, el sector organizó el Österreichischer Cannabisbundesverband (ÖCB), que encargó un dictamen constitucional al jurista Heinz Mayer. El informe concluyó que incluir las flores de CBD en el monopolio del tabaco vulnera el principio europeo de libre comercio, dado que el cannabidiol no representa un riesgo comparable al de la nicotina.

Como respuesta, el Gobierno presentó una reforma parcial del Tabakmonopolgesetz (TabMG) que abre una fase transitoria hasta 2028. Durante este período, los comercios especializados podrán volver a vender flores de CBD si obtienen una licencia de "hanfshop" y cumplen con los requisitos de control de calidad establecidos por la norma. A partir de 2029, la venta de estas flores quedaría nuevamente restringida a los estanco autorizados conocido como Trafiken.

El ÖCB valora la medida como un alivio temporal, pero subraya que no resuelve el problema de fondo: la inexistencia de una regulación específica para el cannabis no psicoactivo. Según sus estimaciones, el mercado legal del cáñamo genera cerca de 500 millones de euros anuales y podría aportar entre 40 y 50 millones en impuestos bajo un modelo fiscal coherente. El esquema monopolístico reduciría esa recaudación a unos 15 millones.

La reforma del TabMG también incluye otros productos considerados de "consumo sensible", como los e-líquidos o los pouches de nicotina, consolidando a las Trafiken como canal exclusivo. Sin embargo, la experiencia jurídica con los e-líquidos sugiere que esa equiparación podría no resistir un análisis constitucional prolongado.

La transición hasta 2028 evita el colapso inmediato del sector del CBD en Austria, pero perpetúa una visión obsoleta que equipara el cannabis no psicoactivo al tabaco. En lugar de avanzar hacia una regulación justa y basada en evidencia, el Gobierno opta por una solución a medias que mantiene la inseguridad jurídica y limita el potencial económico del sector.