Desde 2010, la Marcha Nacional de la Marihuana se ha consolidado en Argentina como un acto de resistencia al prohibicionismo y a la vigencia de la Ley 23.737, que sigue tratando el uso de cannabis como delito en lugar de tema de salud pública. Este año, el reclamo se volvió a multiplicar frente al Congreso, con consignas que apuntaron a una deuda persistente del Estado hacia quienes cultivan, cuidan y acompañan tratamientos comunitarios con cannabis.

Las organizaciones denunciaron una escalada de allanamientos, causas armadas y demoras insostenibles en el Reprocann, agravadas por la reciente resolución 1780/2025. También alertaron sobre la paralización de la Ley 27.669 y la crisis operativa de la agencia Ariccame, que obstaculiza proyectos productivos mientras favorece a grandes empresas por sobre cooperativas y redes solidarias.

Las cifras oficiales refuerzan esa denuncia. En 2023, solo en la provincia de Buenos Aires se iniciaron más de 88 mil causas por infracción a la ley de drogas, el 86 % vinculadas al cannabis, y en muchos casos por tenencia para consumo personal. En la Ciudad, durante 2024, más de la mitad de las causas por la misma ley se originaron en barrios populares. 

La marcha tuvo una impronta federal y feminista. Participaron colectivas como Mamá Cultiva, cuidadoras y agrupaciones que pusieron el foco en el rol de las mujeres y diversidades en el sostenimiento de la salud comunitaria. Señalaron además las lógicas patriarcales dentro del propio movimiento cannábico, exigiendo espacios de decisión igualitarios y libres de violencias.

En un país donde el cannabis puede ser a la vez delito, medicina e industria, la Marcha Nacional de la Marihuana se reafirma como un llamado urgente a revisar la política de drogas. Frente a un modelo legal que castiga a quienes cuidan y organiza a quienes pueden pagar, el movimiento cannábico propone otro camino: derechos en lugar de represión, salud en lugar de miedo, y regulaciones construidas desde abajo.