El Senado mexicano pide (de nuevo) una prórroga para aprobar la regulación del cannabis

El Senado mexicano pide (de nuevo) una prórroga para aprobar la regulación del cannabis

El texto aprobado por la Cámara de Diputados tiene varios fallos legales y podría ser considerado inconstitucional.

La Mesa del Senado mexicano solicitó ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una nueva prórroga para la aprobación de la ley sobre el cannabis recreativo. La petición ha sido justificada por la falta de acuerdos sobre el último borrador y por la existencia de fallos e inconsistencias en el texto legal que podrían ser considerados como inconstitucionales, según ha publicado el diario mexicano Excélsior.

La sentencia de la Suprema Corte obligaba al poder legislativo a aprobar una ley antes del 30 de octubre de 2019. Desde entonces se han solicitado tres prórrogas: una hasta el 30 de abril de 2020, otra hasta el 15 de diciembre de 2020 y la última hasta el próximo 30 de abril. Si la Suprema Corte acepta la petición y concede una nueva prórroga sería la cuarta y situaría la demora cerca de alcanzar los dos años.

El proyecto de ley fue aprobado por el Senado el pasado noviembre, luego pasó a la Cámara de Diputados, donde sufrió nuevas modificaciones y fue aprobado el pasado marzo. Ahora el proyecto ha vuelto al Senado para que se ratifiquen o se modifiquen los cambios introducidos en la Cámara de Diputados. Este lunes la Comisión de Justicia del Senado aprobó las modificaciones del texto y el martes lo hizo la Comisión de Estudios Legislativos del Senado. Sin embargo, el Senado reconoció explícitamente que el texto de ley aprobado en la Cámara de Diputados y ahora en las comisiones incluye 17 inconsistencias legales y defectos que lo hacen inconstitucional.

Según ha publicado Excélsior, la aprobación de una ley con errores y cercana a la inconstitucionalidad podría suponer un delito para los senadores. Los senadores “están en riesgo de ser destituidos, inhabilitados hasta por 10 años y consignados ante el juez por el delito de incumplimiento de sentencia, que amerita 10 años de cárcel”, dice el diario. Esto es así porque los legisladores están cumpliendo una sentencia emitida por la Suprema Corte, que los obliga a regular el cannabis recreativo, y la “negligencia inexplicable” durante el proceso les puede suponer la acusación de un delito. 

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