La ley que regulará la producción, la venta y el uso de cannabis para adultos en México fue aprobada ayer miércoles por la Cámara de Diputados del país. El reglamento ha sufrido numerosos retrasos a lo largo de dos años y la versión aprobada ha sido duramente criticada por varias asociaciones civiles por dar grandes oportunidades a empresas extranjeras en detrimento de la población del país y por no acabar definitivamente con las sanciones por posesión. Ahora la ley deberá volver a pasar por el Senado para su definitiva aprobación.

La Cámara ha aprobado el proyecto de ley con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones. La ley permite la posesión de hasta 28 gramos de cannabis, pero sigue imponiendo multas de hasta 400 euros para aquellas personas que sean sorprendidas con entre 28 y 200 gramos, y prevé la posibilidad de cárcel para cantidades mayores. “[La ley] no elimina la posibilidad de ser detenido, tener sanciones penales o multas”, ha denunciado la directora de la organización México Unido Contra la Delincuencia, Lisa Sánchez, en declaraciones para El País. “No cumple con la orden de la Suprema Corte de quitar la prohibición de la marihuana en la Ley General de Salud”, ha dicho Sánchez.

Otra de las críticas compartida por varias organizaciones civiles es que la ley facilita la entrada de grandes empresas extranjeras al negocio y no ofrece incentivos ni protege a los campesinos y pequeños empresarios del país. Tal y como ha sido aprobado, el reglamento permite que una sola empresa asuma numerosas etapas del proceso, desde el cultivo hasta la comercialización, lo que permite que unas pocas empresas grandes puedan acaparar el grueso del nuevo mercado, mientras que las comunidades rurales e indígenas encontrarán mayores dificultades económicas y burocráticas para poder formar parte de la nueva industria.

Por otro lado, el dictamen exige solicitar un permiso para cultivar plantas en privado para consumo propio, y establece que si después de 60 días la administración no responde, se entenderá que la respuesta es negativa. “Se busca convertir el uso de sustancias en un negocio y no en un derecho”, ha dicho la diputada independiente, Lucía Riojas. Además de permitir autocultivo con un permiso, la ley también permitirá la creación de asociaciones de consumidores de entre dos y 20 miembros, para las que también se tendrá que solicitar una licencia.

Una de las modificaciones que ha sufrido la ley desde que fue aprobada el pasado noviembre por el Senado es que se ha eliminado la creación de un instituto regulador para el cannabis, y en su lugar el control sobre las licencias y la producción será ejercido por la Comisión Nacional contra las Adicciones, que depende de la Secretaría de Salud. Las licencias para la producción de cannabis y derivados tendrán una vigencia de entre uno y cinco años. Ahora la ley deberá volver a pasar por la cámara del Senado para su aprobación definitiva, y varias asociaciones han pedido modificaciones en el contenido.