El Senado mexicano ha aprobado una regulación del cannabis que incluye el autocultivo, la venta comercial y los clubes, pero que sigue dejando desprotegidos a los usuarios por no aplicar una despenalización real de la posesión. La norma está siendo muy criticada por beneficiar más a la industria y los capitales extranjeros que a los ciudadanos del país. Ahora la regulación deberá pasar por la Cámara de Diputados, y ser aprobada antes del 15 de diciembre para cumplir con el plazo fijado por la Corte Suprema.

El Senado aprobó la medida con 82 votos a favor, 18 en contra y siete abstenciones. La ley incluye la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, que será el encargado de otorgar las licencias para el cultivo, producción, distribución y venta legal de marihuana. Aunque la ley es un gran avance, varias organizaciones de la sociedad civil, las mismas que hace años impulsaron la regulación, han denunciado que la normativa que se ha aprobado en el Senado no cumple con unos requisitos básicos para mejorar la situación de vulnerabilidad de los usuarios de cannabis, ni ofrece oportunidades a las comunidades que han estado más afectadas por la guerra contra las drogas.

La principal carencia de la normativa aprobada es que no elimina del Código Penal la posesión de cannabis. La nueva ley permitirá llevar hasta 28 gramos de marihuana encima, pero la posesión de más de 28 gramos será castigada con una sanción elevada, y en el caso de llevar más de 200 gramos se seguirán aplicando penas de cárcel. “Sobre las personas usuarias va a seguir pesando tanto la amenaza del castigo penal con cárcel como la imposición de sanciones administrativas que pueden llegar a más de 30.000 pesos, simplemente por poseer una sustancia que para todos los demás efectos está legalizada en su oferta; pero no queda bien legalizada en su consumo.”, dijo Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia.

Según Daniela Malpica, Fundadora de Justicia Transicional en México, en un país como México, donde la extorsión y la corrupción ocurre de forma cotidiana por parte de las autoridades, es muy necesario eliminar todas las sanciones por posesión. “Todas estas detenciones muchas veces terminan en graves violaciones a derechos humanos. Las multas administrativas también van a dar pie a que las personas usuarias que sean sorprendidas sean sujetas a la extorsión por parte de las autoridades para librarlos de tener que pagar esta multa excesiva.”, dijo Malpica en Televisa.

Otro de los grandes inconvenientes denunciado por organizaciones civiles es que la ley define una serie de requisitos para producir y vender cannabis legal que sólo los podrán cumplir las grandes empresas. “No están facilitando las cosas para que los pequeños productores y el capo mexicano puedan participar de ese mercado legal”, dijo Lisa Sánchez. El gran problema es que los campesinos y otras personas que actualmente no tienen otra forma de sustento económico que la producción de cannabis ilegal, no tendrán capacidad para legalizar su actividad con los requisitos que impone la nueva ley, y quedarán fuera de las oportunidades económicas que ofrecerá la regulación. “Se le están poniendo tantas trabas, desde la siembra hasta el empaquetado de productos, que va a ser materialmente imposible para alguien que no tenga el dinero de las grandes empresas estadounidenses, canadienses, israelíes o británicas.”, resumió la directora de MUCD en televisión.