La Ley 2026-798 introdujo en el Código de la Circulación francés el delito de conducir habiendo hecho manifiestamente uso de sustancias o plantas clasificadas como estupefacientes, entre ellas el cannabis con THC y el artículo L.237-1 permite acreditar esta conducta sin necesidad de demostrar mediante un análisis la presencia de la sustancia en el organismo.

Sin embargo, este artículo continúa castigando la conducción cuando un análisis sanguíneo o salival acredita el uso de estupefacientes, independientemente de que se demuestre una alteración de las capacidades del conductor. Francia dispone ahora de dos vías penales paralelas, una basada en la detección toxicológica y la otra en el uso manifiesto. Un antecedente judicial de 2023 sobre positivos por THC tras consumir CBD ilustra el alcance de la primera.

Según el estudio de impacto elaborado por el Gobierno francés, corresponde a las fuerzas de seguridad establecer qué elementos del comportamiento, la actitud y la apariencia del conductor permiten concluir que hubo un uso manifiesto de estupefacientes.

El Consejo de Estado, por su parte, examinó esta figura antes de su aprobación y la comparó con el delito de conducción en estado de embriaguez manifiesta, utilizado cuando la intoxicación alcohólica no puede acreditarse mediante una medición. Sin embargo, la observación policial no equivale automáticamente a una condena y los hechos deben quedar suficientemente acreditados durante el procedimiento y su valoración corresponde a los tribunales.

Las penas previstas alcanzan los tres años de prisión y los 9.000 euros de multa. Una condena supone además la pérdida de seis puntos del permiso de conducir y pueden imponerse sanciones complementarias, como su suspensión o anulación. Si concurre también embriaguez manifiesta, las penas máximas aumentan a cinco años de prisión y 15.000 euros. La inmovilización del vehículo también está contemplada.

La nueva vía penal tampoco debe confundirse con la retirada cautelar del permiso, una medida administrativa sujeta a sus propios requisitos legales y distinta de una sentencia. Su aplicación plantea el desafío sobre qué observaciones permitirán distinguir un uso manifiesto de otros estados que pueden producir signos semejantes. La reforma establece el marco legal, pero serán los expedientes concretos y las decisiones judiciales los que delimiten cómo se acredita ese consumo sin un análisis positivo.