La Cannabis Control Commission abrió el nuevo portal y recibirá solicitudes hasta el 23 de noviembre de 2026 y la expansión deriva de la Cannabis Act aprobada en 2022. La ley autoriza hasta 24 nuevas licencias minoristas, repartidas entre seis zonas geográficas, con un máximo de cuatro por zona. En cada una, una licencia está reservada a una cooperativa de trabajadores y otra a un solicitante de equidad social; las dos restantes corresponden a la categoría general. Otros estados también han intentado incorporar mecanismos similares, como ocurrió con las licencias de equidad social de Minnesota.

La primera convocatoria se abrió en septiembre de 2025, pero el procedimiento quedó paralizado el 8 de abril de 2026. La jueza federal Melissa DuBose consideró que el requisito de que los comercios estuvieran mayoritariamente en manos de residentes de Rhode Island podía vulnerar la Dormant Commerce Clause, doctrina constitucional que limita las barreras estatales contra el comercio entre estados.

La Asamblea General respondió modificando la ley y el gobernador Dan McKee firmó los cambios el 10 de junio. La reforma eliminó el requisito de residencia y ordenó iniciar un nuevo proceso. La comisión también comenzó a devolver las tasas de 7.500 dólares a 75 solicitantes de la convocatoria suspendida.

El 14 de agosto, DuBose levantó formalmente la orden judicial que impedía revisar solicitudes y adjudicar licencias. Con ese obstáculo fuera del camino, la comisión puede aceptar candidaturas, recurrir a un sorteo si fuera necesario y conceder licencias generales, de cooperativas y de equidad social. El proceso se suma a una discusión más amplia sobre cómo crecen los mercados legales de cannabis en EE UU.

Esta última categoría sigue buscando favorecer a personas y comunidades afectadas por la prohibición, aunque la reforma de 2026 eliminó referencias territoriales vinculadas a la residencia en Rhode Island. El proceso de certificación para solicitantes de equidad social está abierto de forma separada y tiene plazos más breves que la convocatoria general.

El caso muestra que legalizar no resuelve por sí solo cómo se distribuyen las oportunidades creadas por el nuevo mercado. Rhode Island intenta mantener mecanismos de reparación y participación colectiva mientras adapta sus reglas a límites constitucionales que impiden privilegiar a residentes locales. En un país donde sigue abierto el debate sobre la legalización federal del cannabis, el resultado será otra prueba de hasta dónde puede llegar la equidad social dentro de mercados regulados estado por estado.