La subcomisión de Sanidad creada al objeto de analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal ya ha debatido y sometido a votación el texto del informe propuesto por los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos y PNV, resultando aprobado con sus votos y los del grupo Plural y Ciudadanos, con los votos en contra del Partido Popular y VOX y la abstención de Esquerra y Bildu.
Una de las conclusiones reconoce que hay preparaciones de cannabis que pueden tener usos terapéuticos, y para facilitar la investigación sobre ellos y su uso potencial recuerdan que se excluyó de la Lista IV anexa a la Convención Única en 2020, con el voto favorable de España, manteniéndose en la Lista I, que fija su consideración legal como estupefaciente y obliga a su fiscalización con lo que fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de las sustancias incluidas en esta lista deben limitarse exclusivamente a usos médicos y científicos.
Este dictamen ya aprobado por la Comisión de Sanidad del Congreso insta al Gobierno a poner en marcha las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de medicamentos derivados de cannabis para su uso terapéutico. Así mismo, se recomienda que sea la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y por tanto el Ministerio de Sanidad, del que depende ese organismo, el que ejecute este dictamen aprobado por el Congreso. El texto establece un periodo de seis meses para que la AEMPS realice los trabajos necesarios para que las citadas recomendaciones tengan encaje en la normativa y sean viables, permitiendo la disponibilidad en el mercado farmacéutico de extractos o preparados estandarizados del cannabis que hoy no tienen una autorización para su comercio.
La abstención de Esquerra y Bildu ha sido debida a que no se recoge en la propuesta el reconocimiento de las asociaciones cannábicas ni el autocultivo, a pesar de que fueron las asociaciones cannábicas las que marcaron la pauta de cómo deben tratar los médicos de una manera alternativa a los usuarios terapéuticos o de que muchos enfermos ya utilizan el autocultivo para proveerse del remedio a sus dolencias. Parece mentira que, con lo asentado que está socialmente el autocultivo en España, no se apruebe como se ha hecho ya en muchos países. Además de los muchos estados de EE UU, de Canadá o Uruguay, también en Argentina, Colombia, Tailandia, Luxemburgo y Malta han reconocido ya el autocultivo como una actividad legítima de sus ciudadanos. Y en Italia, Alemania o Brasil forma parte del debate y todo indica que se resolverá a favor de la planta y sus jardineros. ¿Por qué tienen tanto miedo entonces los políticos españoles al autocultivo?
Por otra parte, también se percibe el miedo al cogollo. El informe aprobado no cierra la puerta al uso de las flores o preparados que estén ya disponibles en la UE, pero siempre dentro de proyectos experimentales. Y también se muestran cautos ante la dispensación en farmacias de barrio, recomendando que la dispensación de fórmulas magistrales con extractos o preparados estandarizados de cannabis se realice a partir de la red de farmacias del sistema de salud, pero con preferencia en las farmacias hospitalarias y explorando la alternativa de las farmacias comunitarias que puedan reunir los requisitos.
La prescripción se realizará preferentemente por los profesionales de la medicina que sean especialistas con competencias en las áreas que atienden a las indicaciones autorizadas en cada momento, y las indicaciones para las que existen indicios más sólidos son limitadas. En el momento actual parecen concentrarse en la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia, endometriosis, dolor oncológico y el dolor crónico no oncológico (incluido el dolor neuropático), pudiendo ampliarse a otras indicaciones terapéuticas cuando los estudios aporten indicios consistentes.
Son demasiadas cautelas. Al final, para acceder legalmente al cannabis, ¿estaremos todos aquejados de dolor crónico?
