La Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos aprobó a principios del mes pasado un proyecto de ley para eliminar la marihuana de la lista federal de drogas peligrosas. A su vez, la conocida como Ley MORE despenalizará en todo el territorio la posesión, venta y producción de marihuana, siempre que sea ratificada por el Senado, que cuenta con mayoría de voto demócrata. De producirse dicha ratificación, la despenalización del cannabis que ya es efectiva en muchos estados será una realidad federal.
Entre otros muchos aspectos, esta ley lleva incorporada una partida presupuestaria para estudiar las tecnologías que permitan a las fuerzas del orden determinar si un conductor está bajo los efectos del cannabis, ya no será motivo de sanción la sola presencia de cannabis en el organismo. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar estos avances legales y tecnológicos que impidan las grandes y pequeñas injusticias que padece la comunidad cannábica en nuestro país?
También en Argentina se están dando progresos. Las asociaciones sin ánimo de lucro podrán realizar legalmente cultivos colectivos de cannabis terapéutico para los pacientes asociados. Mientras, en España, se sigue estudiando la regulación medicinal sin dar el paso. Así, la subcomisión del cannabis medicinal tuvo su segunda sesión con cinco comparecientes que mostraron la disparidad de discursos que hay en torno a la planta. Se dedicó más tiempo a ilustrar sobre los peligros que a valorar sus beneficios y las necesidades de los pacientes, lo cual no es una señal muy halagüeña.
Parece que hay acuerdo entre los expertos en patologías duales de que el 10% de los expuestos a sustancias con posibilidad adictiva desarrollarán una adicción. Para la psiquiatría, los consumidores de cannabis tienen entre dos y cuatro veces más riesgo de psicosis que la población general, cuyo riesgo de padecerlo afecta a un uno por ciento. También saben que el cannabis por sí solo no basta para causar psicosis, que hace falta una vulnerabilidad previa y que los efectos de la planta del cannabis sobre el comportamiento son diferentes en individuos genéticamente distintos.
Lo que nadie puede ignorar a estas alturas es la demanda de los pacientes y la necesidad urgente de darle una respuesta. Sin embargo, el debate en la subcomisión parece estancado. Algunos ponentes entienden que el riesgo es mayor que un beneficio del que, alegan, no cuenta con evidencias, mientras que para otros ponentes, más al día de la realidad internacional o más al tanto de los pacientes que defienden desde la propia experiencia su empleo, el cannabis aumenta la calidad de vida y resulta útil en multitud de enfermedades.
A los más apegados a la medicina convencional los desconcierta que no existan fármacos concretos a base de cannabinoides para las dolencias indicadas, ¿pero cómo ignorar que la planta ya se está utilizando con fines terapéuticos por millones de personas en el mundo? Mientras se desarrollan los fármacos específicos, un proceso que llevará su tiempo, es necesaria una regulación para que el acceso a la planta cuente con garantías sanitarias para los pacientes que la necesiten y se benefician ya de ella, sin los riesgos que comporta su uso en un mercado negro. Y esta regulación debe hacerse para la mayoría de la población, no pensando en la minoría que puede desarrollar una adicción o sufrir psicosis. Esta excusa además no está bien fundamentada, pues solo desde una regulación de la sustancia puede controlarse su acceso y establecer medidas de protección hacia menores y personas vulnerables.
