Era 1971 cuando el presidente estadounidense Richard Nixon declaró, solemnemente, que el consumo de drogas en su país era el enemigo público número uno. Para combatirlo, aseguró que hacía falta lanzar una nueva ofensiva total. Hasta ese entonces, el país tenía una actitud bastante laxa hacia el consumo de drogas, dado que era algo extremadamente marginal. Sin embargo, tras la guerra de Vietnam, muchos soldados volvieron enganchados a la heroína. Dos años después de aquellas palabras, Nixon anunció la creación de una nueva agencia, la Drug Enforcement Agency (DEA), que sería la encargada de dirigir esa guerra contra las drogas.
En sus cuarenta y nueve años de historia, la DEA ha tenido un presupuesto de un millón de millones de dólares (el equivalente al PIB de Holanda). ¿Va ganando la guerra contra las drogas? No lo parece, a primera vista. Además de la epidemia de la heroína de los años setenta, en los ochenta el crac devastó a comunidades afroamericanas, luego vino el boom de la coca en los noventa, las drogas químicas con el nuevo milenio y la actual epidemia de opiáceos. Según un estudio de RAND, los estadounidenses gastan ciento cincuenta mil millones de dólares al año en drogas ilegales y el número de consumidores alcanza los ciento veintiún millones de estadounidenses.
La DEA es una institución anticuada y maniquea, que vive anclada en la era Nixon. Su política frente a las drogas es anticuada y no se ajusta del todo a los cambios que ha vivido la sociedad desde 1973. Hoy en día, el sesenta y seis por ciento de los estadounidenses aprueba la legalización del cannabis, algo que la DEA no comparte. En el 2010 emitió un comunicado en el que se pronunciaba en contra de la legalización cannábica con fines recreativos. En un documento de trabajo la DEA incluyó una sección titulada “Mitos sobre la prohibición”. Allí aseguraba que la prohibición del alcohol en la década de los veinte fue en realidad una medida eficaz y exitosa, que redujo el consumo de alcohol (algo que es imposible de probar). Según ese documento, es un mito que a raíz de esa política creciera el crimen organizado.
"Andrew Chambers Jr. fue informante de la DEA entre 1984 y el 2000. Durante esos dieciséis años cobró unos cuatro millones de dólares. En el 2000, la Fiscalía revisó sus testimonios y descubrió que había mentido en los juicios al menos en dieciséis ocasiones"
El movimiento pro legalización del cannabis horroriza a los jerarcas de la DEA. De hecho, desde el 2010 ha realizado redadas en decenas de dispensarios de cannabis medicinal en Estados Unidos. Durante una comparecencia ante el Congreso estadounidense, en el 2012, la Administradora de la DEA, Michele M. Leonhart, se negó a responder a la pregunta: ¿considera que la heroína y el crac son más perjudiciales para la salud que la marihuana? De hecho, la DEA continúa incluyendo la maría como una de las drogas de categoría 1 (que carecen de usos médicos), junto a la heroína, el LSD, el peyote y el éxtasis.
Además de la labor que realiza aterrorizando dispensarios de cannabis, la DEA trabaja sobre todo en el extranjero. Tiene 751 agentes en 59 países. Mantener esas delegaciones le cuesta al erario unos trescientos millones de dólares. ¿A qué se dedican exactamente? es una pregunta imposible de responder. Normalmente, los agentes no pueden portar sus armas de fuego mientras están en otro país, sin embargo, han habido claras excepciones. En el 2012, un grupo de agentes que participaban en una operación antinarcóticos en la selva asesinaron a cuatro pasajeros de un taxi barco. Entre las víctimas había dos embarazadas y un niño. La DEA negó su participación, aunque una investigación del Congreso estadounidense descubrió que eran los responsables del asesinato y que, además, habían dirigido a la policía hondureña durante la operación (algo, evidentemente, ilegal).
Honduras no es el único país en el que ha operado. Tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985, las autoridades mexicanas hicieron todo lo posible para aplacar la ira estadounidense. Entre otras cosas, permitieron que la DEA secuestrara a Humberto Álvarez Machain (el médico que torturó a Camarena) y lo llevara a Estados Unidos para juzgarlo. También concedieron inmunidad a los agentes por las acciones en las que participaran en el país. Toda esa buena sintonía cambió en el 2020, tras el arresto del exministro de Defensa mexicano cuando viajaba a Disneylandia. Los estadounidenses llevaban años investigándolo y le acusaban de encabezar un cártel. El gobierno mexicano enfureció por ser excluido de la operación. Exigió su extradición (cosa que consiguió a las pocas semanas) y liberó al general. Desde entonces, México endureció las condiciones en las que la DEA puede operar en el país: sus agentes ya no gozan de inmunidad y tienen que compartir toda la información con los mexicanos.
Informantes
Una de las principales fuentes que utiliza la DEA son los informantes. De acuerdo a los escasos datos que han proporcionado, en el 2005 tenía en nómina a unos cuatro mil, a quienes paga por sus servicios. Muchos de sus informantes son narcos o consumidores detenidos que colaboran para reducir su condena. Sin embargo, hay otros que son informantes “profesionales”. El récord, posiblemente, lo ostenta Andrew Chambers Jr., quien fue informante de la DEA entre 1984 y el 2000. Durante esos dieciséis años cobró unos cuatro millones de dólares y participó en decenas de casos. La sociedad habría continuado, pero en el 2000 la Fiscalía revisó sus testimonios y descubrió que había mentido en los juicios al menos en dieciséis ocasiones.
La DEA no se ha comportado de la misma manera con todos sus informantes. Algunos denuncian amenazas y chantajes para obligarles a colaborar. El HuffPost daba cuenta del testimonio de Norma, una mujer indocumentada que había colaborado con la DEA durante más de veinte años con la promesa de obtener la ciudadanía estadounidense. Norma acudía a la prensa porque eso no había ocurrido y temía ser deportada.
El mundo de los informantes es tan opaco que ni siquiera la propia DEA parecía saber qué hacen. Una nota de AP informaba de que la agencia antidrogas había pagado ochocientos cincuenta mil dólares a un secretario de Amtrak, la compañía de trenes de aquel país, para tener los datos de las reservas de pasajeros. Sin embargo, según desvelaba la AP, este pago era innecesario dado que Amtrak forma parte de un grupo de trabajo que incluye a la DEA y, de haber solicitado la información, se la habrían dado gratis.
Uno de los aspectos más opacos de la DEA es el Departamento de Operaciones Especiales (SOD), que fue descubierto por la agencia Reuters en el 2013. En el SOD trabajan agentes de diversas corporaciones (NSA, CIA, FBI) y utilizan medios de dudosa legalidad con el fin de fabricar evidencia que sea admisible en un juicio. La DEA tiene un programa de vigilancia telefónica gigantesca. Cuando, por ejemplo, obtienen información de un cargamento de drogas (a través de un chivatazo o pinchazo), la DEA informa a la policía estatal que vigile al camión en el que viaja la droga. La instrucción es que los detengan por una infracción de tráfico y, aprovechando el alto, “descubrir” las drogas. Mientras que el pinchazo no puede ser utilizado en un juicio (dado que el sistema de escuchas carece de respaldo judicial), sí que se puede utilizar si proviene de una detención “aleatoria” de tráfico.
